chiquita pagaba a terroristas
[Josh Meyer] Chiquita pagará multa de 25 millones de dólares por negociar con fanáticos.
Washington, Estados Unidos. La multa terminará con una investigación norteamericana sobre si la compañía pagó protección a grupos terroristas de la extrema derecha colombiana.
Chiquita Brands International Inc. declaró el miércoles que pagará una multa de 25 millones de dólares para poner fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre si pagó ‘protección' a grupos paramilitares y de rebeldes colombianos definidos como terroristas por Estados Unidos.
En una demanda ante la Comisión de Valores e Intercambio, el conglomerado de la fruta y verduras con sede en Cincinnati dijo que colaboraría con el gobierno "en toda investigación posterior sobre el asunto".
El acuerdo de colaboración es importante, dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia, porque los detectives continúan concentrándose en si varios actuales y/o antiguos altos funcionarios de la compañía participaron a sabiendas en una trama para pagar al menos 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar de extrema derecha y a una facción rebelde de extrema izquierda para evitar que atacaran instalaciones y a empleados de Chiquita en regiones volátiles de Colombia.
Ambos grupos, la Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aparecen en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado y han participado en tramas de extorsión sistemáticas de negocios y gobiernos locales durante años.
El funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades dijeron que la investigación de Chiquita era la más importante y quizás la única pesquisa en la que se cree que una corporación norteamericana ha proporcionado asistencia económica a una organización terrorista extranjera desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El presidente Bush ha dicho repetidas veces que toda ayuda económica a un grupo terrorista sería perseguida tan severamente como si se tratara de una operación terrorista.
"Obviamente, este es un caso delicado, es un caso importante", dijo otro funcionario del Departamento de Justicia. Ambos funcionarios hablaron a condición de conservar el anonimato, diciendo que no estaban autorizados a comentar sobre ningún aspecto de la investigación.
El miércoles temprano, los fiscales federales presentaron un documento de información criminal contra Chiquita como corporación, acusándola de "participar en transacciones con un grupo terrorista global".
A diferencia de una acusación ante gran jurado, una demanda por información criminal tradicionalmente se resuelve mediante discusiones entre los fiscales y los abogados de la defensa, seguido por una declaración de culpabilidad. Se ha fijado para el lunes una comparecencia ante el juez de distrito Royce C. Lamberth, en Washington.
El Departamento de Justicia y la oficina del fiscal en Washington no comentaron el miércoles ni la demanda criminal ni la investigación.
El presidente y director ejecutivo de Chiquita, Fernando Aguirre, describió el acuerdo de culpabilidad como "una solución razonada al dilema que enfrentaba la compañía hace algunos años".
Aguirre dijo en una declaración que los "pagos por protección" fueron hechos por la subsidiaria colombiana de la compañía productora de bananas, que fue vendida en 2004. La subsidiaria se había visto obligada a pagar para proteger a sus empleados, dijo.
"Los pagos hechos por la compañía fueron motivados siempre por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados", dijo Aguirre.
Con beneficios anuales de unos 4.5 billones de dólares, Chiquita dijo que la multa no afectaría sus operaciones globales. El conglomerado es un importante vendedor y distribuidor internacional de frutas y ensaladas, y uno de los vendedores de banana más importantes del mundo. Las acciones de la compañía, que cerraron el miércoles en 12.75 dólares en las operaciones en horario regular en la Bolsa de Nueva York, subieron en cinco centavos en las operaciones después de horas de trabajo.
Chiquita tiene toda una historia de tratos polémicos en América del Sur que se remontan a décadas. Su precursora, la United Fruit Co., colaboró con la CIA, según se dice, para derrocar a un gobierno anti-capitalista en Guatemala, por temor a que constituyera una amenaza para su empresa bananera allá en 1954.
En 1975, una investigación norteamericana dejó al descubierto que la compañía había sobornado al presidente de Honduras en un escándalo que fue conocido como el Bananagate. Y en 1998, el Cincinnati Enquirer publicó un suplemento especial de dieciocho páginas sobre Chiquita en el que se la acusaba de una plétora de prácticas comerciales cuestionables y otros actos indecorosos, incluyendo el soborno de funcionarios extranjeros.
Chiquita caracterizó los artículos como poco justos y falsos y obligó al Enquirer a publicar excusas y a retractarse y a pagar un acuerdo que se dice que fue más de diez millones de dólares. Pero los críticos de la compañía han observado que muchas de las acusaciones publicadas no las refutó nunca completamente.
En la demanda criminal de dieciocho páginas, entablada el miércoles, los fiscales dijeron que los empleados de Chiquita se acercaron a ellos en 2003 pidiendo consejo sobre qué hacer sobre los pagos. Pero dijeron que al menos varios empleados de alto nivel de la compañía habían incurrido en la práctica aun después de que los abogados de Chiquita les dijeran que era ilegal y que debería terminar.
Los fiscales dijeron que inicialmente Chiquita pagó dinero de protección al grupo de rebeldes de extrema izquierda, conocido por su acrónimo en español FARC.
Pero después de que las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, conocidas como AUC, se hicieran con el control de partes de Colombia donde Chiquita tenía enormes plantaciones bananeras, la compañía empezó a pagar a ese grupo, de acuerdo a la demanda.
Esos grupos y otras organizaciones paramilitares y rebeldes han estado librando una cruenta guerra sobre el control territorial y político y han sido acusadas de numerosas violaciones a los derechos humanos. Los grupos también han cometido atentados terroristas, traficado drogas y secuestrado a ciudadanos y empleados norteamericanos, usualmente para pedir lucrativos rescates.
En las actas judiciales, los fiscales dicen que en los años noventa, Chiquita pagó una suma indeterminada de dinero a las FARC. Luego, en 1997, Chiquita empezó a pagar a la AUC después de una reunión entre el gerente general de su subsidiaria y el cabecilla de la AUC en esa época, Carlos Castaño. Continuó pagando al menos hasta 2004, mucho después de que Estados Unidos hubiese calificado al grupo como una organización terrorista, de acuerdo a los documentos.
Según varias leyes norteamericanas, es ilegal -para un individuo lo mismo que para una empresa- hacer negocios con instituciones clasificadas como terroristas.
Los pagos, usualmente disimulados detrás de una serie de elaboradas triquiñuelas financieras, "eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, incluyendo representantes de alto nivel, directores y empleados", dice la demanda.
Hacia septiembre de 2000, altos ejecutivos de Chiquita sabían que la compañía estaba pagando a las AUC, y que esta era una violenta organización paramilitar, dicen los fiscales. En abril de 2002, de acuerdo a la demanda, la compañía instaló un nuevo equipo de directores después de salir de su período de quiebra y empezó a pagar a las AUC "de acuerdo a nuevos procedimientos fijados por altos ejecutivos".
A principios de 2003, un abogado externo contratado por Chiquita pidió a la compañía cortara su relación económica con la AUC. "Deben parar los pagos", dice una comunicación del 21 de febrero de 2003 citada en la demanda.
Sin embargo, los pagos continuaron y fueron pronto reportados al pleno del nuevo directorio, que accedió a revelar los pagos al Departamento de Justicia. Un miembro del directorio rechazó los pagos e instó a la compañía a tomar medidas correctivas inmediatas, incluyendo retirarse de Colombia.
Pero otros jefes de la compañía quería que los pagos continuaron, pese a que eran ilegales y de que probablemente llamarían la atención del Departamento de Justicia. Dos altos empleados de la compañía dijeron al abogado externo "que nos denuncien, que nos persigan", dice la demanda.
A fines de abril de 2003, empleados de Chiquita se reunieron con abogados del Departamento de Justicia, y reconocieron que el problema de la continuación de los pagos era complicado, pero aceptaron que eran ilegales y que no continuarían.
Sin embargo, a las dos semanas empleados de Chiquita dieron instrucciones de "continuar con los pagos", dice la demanda.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que debido a esos actos, pensaron inicialmente en presentar el cargo más grave de proporcionar "apoyo material" a una organización terrorista, pero finalmente decidieron no hacerlo, en parte debido a que Chiquita había informado sobre los pagos a las autoridades federales después de que estas se enteraran de ellos.
Washington, Estados Unidos. La multa terminará con una investigación norteamericana sobre si la compañía pagó protección a grupos terroristas de la extrema derecha colombiana.Chiquita Brands International Inc. declaró el miércoles que pagará una multa de 25 millones de dólares para poner fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre si pagó ‘protección' a grupos paramilitares y de rebeldes colombianos definidos como terroristas por Estados Unidos.
En una demanda ante la Comisión de Valores e Intercambio, el conglomerado de la fruta y verduras con sede en Cincinnati dijo que colaboraría con el gobierno "en toda investigación posterior sobre el asunto".
El acuerdo de colaboración es importante, dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia, porque los detectives continúan concentrándose en si varios actuales y/o antiguos altos funcionarios de la compañía participaron a sabiendas en una trama para pagar al menos 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar de extrema derecha y a una facción rebelde de extrema izquierda para evitar que atacaran instalaciones y a empleados de Chiquita en regiones volátiles de Colombia.
Ambos grupos, la Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aparecen en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado y han participado en tramas de extorsión sistemáticas de negocios y gobiernos locales durante años.
El funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades dijeron que la investigación de Chiquita era la más importante y quizás la única pesquisa en la que se cree que una corporación norteamericana ha proporcionado asistencia económica a una organización terrorista extranjera desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El presidente Bush ha dicho repetidas veces que toda ayuda económica a un grupo terrorista sería perseguida tan severamente como si se tratara de una operación terrorista.
"Obviamente, este es un caso delicado, es un caso importante", dijo otro funcionario del Departamento de Justicia. Ambos funcionarios hablaron a condición de conservar el anonimato, diciendo que no estaban autorizados a comentar sobre ningún aspecto de la investigación.
El miércoles temprano, los fiscales federales presentaron un documento de información criminal contra Chiquita como corporación, acusándola de "participar en transacciones con un grupo terrorista global".
A diferencia de una acusación ante gran jurado, una demanda por información criminal tradicionalmente se resuelve mediante discusiones entre los fiscales y los abogados de la defensa, seguido por una declaración de culpabilidad. Se ha fijado para el lunes una comparecencia ante el juez de distrito Royce C. Lamberth, en Washington.
El Departamento de Justicia y la oficina del fiscal en Washington no comentaron el miércoles ni la demanda criminal ni la investigación.
El presidente y director ejecutivo de Chiquita, Fernando Aguirre, describió el acuerdo de culpabilidad como "una solución razonada al dilema que enfrentaba la compañía hace algunos años".
Aguirre dijo en una declaración que los "pagos por protección" fueron hechos por la subsidiaria colombiana de la compañía productora de bananas, que fue vendida en 2004. La subsidiaria se había visto obligada a pagar para proteger a sus empleados, dijo.
"Los pagos hechos por la compañía fueron motivados siempre por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados", dijo Aguirre.
Con beneficios anuales de unos 4.5 billones de dólares, Chiquita dijo que la multa no afectaría sus operaciones globales. El conglomerado es un importante vendedor y distribuidor internacional de frutas y ensaladas, y uno de los vendedores de banana más importantes del mundo. Las acciones de la compañía, que cerraron el miércoles en 12.75 dólares en las operaciones en horario regular en la Bolsa de Nueva York, subieron en cinco centavos en las operaciones después de horas de trabajo.Chiquita tiene toda una historia de tratos polémicos en América del Sur que se remontan a décadas. Su precursora, la United Fruit Co., colaboró con la CIA, según se dice, para derrocar a un gobierno anti-capitalista en Guatemala, por temor a que constituyera una amenaza para su empresa bananera allá en 1954.
En 1975, una investigación norteamericana dejó al descubierto que la compañía había sobornado al presidente de Honduras en un escándalo que fue conocido como el Bananagate. Y en 1998, el Cincinnati Enquirer publicó un suplemento especial de dieciocho páginas sobre Chiquita en el que se la acusaba de una plétora de prácticas comerciales cuestionables y otros actos indecorosos, incluyendo el soborno de funcionarios extranjeros.
Chiquita caracterizó los artículos como poco justos y falsos y obligó al Enquirer a publicar excusas y a retractarse y a pagar un acuerdo que se dice que fue más de diez millones de dólares. Pero los críticos de la compañía han observado que muchas de las acusaciones publicadas no las refutó nunca completamente.
En la demanda criminal de dieciocho páginas, entablada el miércoles, los fiscales dijeron que los empleados de Chiquita se acercaron a ellos en 2003 pidiendo consejo sobre qué hacer sobre los pagos. Pero dijeron que al menos varios empleados de alto nivel de la compañía habían incurrido en la práctica aun después de que los abogados de Chiquita les dijeran que era ilegal y que debería terminar.
Los fiscales dijeron que inicialmente Chiquita pagó dinero de protección al grupo de rebeldes de extrema izquierda, conocido por su acrónimo en español FARC.
Pero después de que las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, conocidas como AUC, se hicieran con el control de partes de Colombia donde Chiquita tenía enormes plantaciones bananeras, la compañía empezó a pagar a ese grupo, de acuerdo a la demanda.
Esos grupos y otras organizaciones paramilitares y rebeldes han estado librando una cruenta guerra sobre el control territorial y político y han sido acusadas de numerosas violaciones a los derechos humanos. Los grupos también han cometido atentados terroristas, traficado drogas y secuestrado a ciudadanos y empleados norteamericanos, usualmente para pedir lucrativos rescates.
En las actas judiciales, los fiscales dicen que en los años noventa, Chiquita pagó una suma indeterminada de dinero a las FARC. Luego, en 1997, Chiquita empezó a pagar a la AUC después de una reunión entre el gerente general de su subsidiaria y el cabecilla de la AUC en esa época, Carlos Castaño. Continuó pagando al menos hasta 2004, mucho después de que Estados Unidos hubiese calificado al grupo como una organización terrorista, de acuerdo a los documentos.
Según varias leyes norteamericanas, es ilegal -para un individuo lo mismo que para una empresa- hacer negocios con instituciones clasificadas como terroristas.Los pagos, usualmente disimulados detrás de una serie de elaboradas triquiñuelas financieras, "eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, incluyendo representantes de alto nivel, directores y empleados", dice la demanda.
Hacia septiembre de 2000, altos ejecutivos de Chiquita sabían que la compañía estaba pagando a las AUC, y que esta era una violenta organización paramilitar, dicen los fiscales. En abril de 2002, de acuerdo a la demanda, la compañía instaló un nuevo equipo de directores después de salir de su período de quiebra y empezó a pagar a las AUC "de acuerdo a nuevos procedimientos fijados por altos ejecutivos".
A principios de 2003, un abogado externo contratado por Chiquita pidió a la compañía cortara su relación económica con la AUC. "Deben parar los pagos", dice una comunicación del 21 de febrero de 2003 citada en la demanda.
Sin embargo, los pagos continuaron y fueron pronto reportados al pleno del nuevo directorio, que accedió a revelar los pagos al Departamento de Justicia. Un miembro del directorio rechazó los pagos e instó a la compañía a tomar medidas correctivas inmediatas, incluyendo retirarse de Colombia.
Pero otros jefes de la compañía quería que los pagos continuaron, pese a que eran ilegales y de que probablemente llamarían la atención del Departamento de Justicia. Dos altos empleados de la compañía dijeron al abogado externo "que nos denuncien, que nos persigan", dice la demanda.
A fines de abril de 2003, empleados de Chiquita se reunieron con abogados del Departamento de Justicia, y reconocieron que el problema de la continuación de los pagos era complicado, pero aceptaron que eran ilegales y que no continuarían.
Sin embargo, a las dos semanas empleados de Chiquita dieron instrucciones de "continuar con los pagos", dice la demanda.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que debido a esos actos, pensaron inicialmente en presentar el cargo más grave de proporcionar "apoyo material" a una organización terrorista, pero finalmente decidieron no hacerlo, en parte debido a que Chiquita había informado sobre los pagos a las autoridades federales después de que estas se enteraran de ellos.
josh.meyer@latimes.com
17 de marzo de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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