más sobre la marihuana
columna de mérici
Gobierno debería decretar libertad inmediata para los miles de ciudadanos encarcelados por consumo y/o tráfico de marihuana.Lo que viene ocurriendo en torno a la marihuana y la seguidilla de detenciones de consumidores no se puede definir de otro modo que como una intolerable campaña de provocación y persecución, desatada por políticos y jueces y fiscales de los que lo menos que se puede decir es que son estúpidos y mal intencionados. Ahora el juez local de Coyhaique viene de decretar prisión preventiva para la socióloga y ex directora del Servicio Nacional del Menor en Aysén, tras acusarla de tráfico de drogas y cultivo de marihuana.La acusación es, para decir lo menos, estúpida. O es el juez un ignorante -muchos jueces chilenos lo son-, un estúpido, o algo se guarda en la manga. ¿Querrá el imbécil dar un castigo ejemplar a la socióloga, Verónica Venegas? Porque en el allanamiento policial los funcionarios sólo encontraron marihuana suficiente para liar cuatro cuetes. Y nada más. Nada de plantas, por lo que acusarla de cultivo de marihuana es una redonda memez. En cuanto al tráfico, ¿pensará la disminuida mente del juez que la posesión de cuatro pitos equivale a tráfico? ¿Será, pensará la eminencia, que la socióloga vende papelillos de marihuana a ratones diminutos? La posesión de otros elementos -pipa, moledor y semillas- no constituyen delito. Sería como acusar a alguien de terrorista por tener en su biblioteca una biografía de bin Laden o una biografía de Carlos, el terrorista venezolano. Por lo demás, la posesión de marihuana en cantidades pequeñas no constituye delito.
Supongamos que este juez actúa de este modo a sabiendas de que la acusación y el proceso subsiguiente no llegará a ninguna parte y que la socióloga deberá ser absuelta, vale decir, que actúa conscientemente de que distorsiona el sentido y espíritu de la ley con el fin de destruir y humillar a la acusada, ¿no debería ser castigado? ¿Podrá la acusada acusarlo y hacerlo procesar legalmente, después? ¿O deberá tomarse la justicia en sus manos?
La persecución activa del consumo de marihuana -que, nuevamente, no es un delito- no deja de llamar la atención. Dejando por un momento de lado la siempre terrible constatación de lo hipócrita que es la cultura chilena, no deja de llamar la atención la simple y llana estupidez de los defensores de una legislación punitiva.
Se ha demostrado cientos de veces, en decenas y decenas de investigaciones científicas en todo el mundo que el consumo de marihuana es completamente inofensivo y que puede incluso ser beneficioso para el tratamiento de una serie de enfermedades, entre ellas el cáncer. Tanto es así que en algunos países europeos, como Holanda y España, los médicos pueden recetarla como medicamento. En Holanda hay plantaciones administradas por el estado para proveer a los pacientes que hacen sus adquisiciones en las farmacias, que están autorizadas para su venta. Y en Holanda, como ya sabrá todo el mundo, su consumo y venta es legal desde hace varias décadas y nada indica que por ello el país sufra algún descalabro. La situación de la marihuana -y en parte también de la cocaína- en Europa y Holanda en particular demuestra la insufrible idiotez de la clase política y judicial chilena, aperrada en sostener teorías llanamente brutas con motivos e intereses inconfesables.
Nadie muere por consumo de marihuana. Al contrario, prolonga la vida de quienes la utilizan como producto medicinal. En cambio, el consumo de alcohol -tan celebrado en Chile por su prensa y atávicas costumbres- ocasiona innumerables males y muertes y otra seguidilla de negativas consecuencias, todas ellas en el plano criminal, y sin embargo la clase política y su prensa celebran abiertamente su consumo. Y hasta se enorgullecen de ello cuando logran exportar algún alcohol nacional. Es francamente una realidad inverosímil y terriblemente bruta.
Otro aspecto que llama muchísimo la atención y que dice mucho sobre el nivel de la cultura política chilena es que la legislación contra la marihuana se aprobó con la mayoritaria desaprobación de la población, que se manifestó contra las leyes punitivas en innúmeras encuestas y sondeos de opinión las semanas y meses previos a su discusión en el parlamento chileno. Cierto, se defienden los políticos diciendo que las mayorías significativas y legítimas se conforman en las urnas, no en las encuestas. Pero este es un argumento pueril. Obviamente no se trata de legislar por medio de sondeos, pero una clase política responsable y respetuosa de la ciudadanía debería tomar en cuenta la voluntad ciudadana, independientemente de si se expresa esta en sondeo o en votaciones. La negativa disposición de la ciudadanía en cuanto a la ley antidrogas habría llevado a los políticos, en otros países más civilizados, al menos a posponer su discusión hasta el siguiente período de gobierno simplemente para no aprobar una ley tan abiertamente rechazada por la población y permitir que se realizasen las investigaciones pertinentes y un necesario debate formal . En Chile, sin embargo, la clase política -y menos aún sus elementos derechistas- no tiene respeto alguno por la voluntad ciudadana. Al contrario, mientras más se opone la ciudadanía a alguna ley, más rápidamente se aprueba y se implementa.
Para la clase política chilena, la ciudadanía es una suerte de ganado, al que hay que perseguir y acosar y zaherir y mantener encerrado en corrales. Lo que digan los ciudadanos no tiene para ellos la menor importancia. La clase política es un conjunto de familias entrelazadas entre sí por relaciones económicas y de parentesco empecinadas en mantener su poder sobre el resto de la ciudadanía. Entre la gente de esta clase reina la tesis de que el pueblo es incapaz de pensar por sí mismo, que la opinión popular es desdeñable y hasta ilegítima en su origen y naturaleza, pues sólo ha de ser considerada como válida si se expresa en el mismo sentido que sus superiores y rechazada y perseguida si pone en cuestión las decisiones de sus directores. La democracia chilena es así en gran parte una farsa. Es, valga la analogía, como ese señero señor presidente que de día perseguía a los homosexuales, y de noche se vestía de mujer y salía a bailar desnudo en las mesas de los prostíbulos de putos de la ciudad.
Pero, sigamos: ¿A qué intereses sirve la legislación punitiva en cuanto a las llamadas drogas ilegales? ¿A quién le sirve que se prohíba la marihuana? ¿Por qué se prohíbe la marihuana, pero no el alcohol, que según su propio rasero sí es realmente nocivo e infinitamente más dañino que la marihuana? ¿Por qué se persigue a anónimos usuarios en sus casas mientras se tolera a notorios, hasta famosos y mediáticos traficantes de cocaína que suministran a jueces, periodistas y políticos de la capital? Es realmente asombroso todo esto: Todos sabemos que hay políticos cocainómanos que condenan con saliva en la boca el consumo de marihuana. A nadie preocupa que esos políticos usen cocaína. Recuérdese que casi la mitad de los chilenos usan cocaína normalmente. ¿Por qué ese sospechoso fanatismo en la condena del uso de marihuana y en la aplicación de leyes estúpidas? ¿Es un mecanismo de proyección, de defensa? ¿Es algo parecido al síndrome del rey desnudo?
Es curioso lo que ocurre en Chile. Llama la atención la completa indefensión de los ciudadanos, perseguidos por sus políticos, jueces y policías en virtud de leyes que no debieron ser aprobadas nunca porque son profundamente ilegítimas. Son leyes que si las hubiesen sometido a referendo, como exigían muchos, habrían sido rotundamente rechazadas.
Y esta profunda ilegitimidad de estas leyes y de la acción de políticos y jueces y policías explica ciertamente por qué en las poblaciones -visitadas con más vehemencia obviamente, que los barrios donde viven ellos mismos- se resista incluso violentamente la acción policial, siempre brutal e injusta. Son las madres y padres que defienden a sus hijos, que a sus ojos no cometen delito alguno. Los que sí los cometen son los jueces y políticos, que azuzan a sus matones uniformados para destruir los escasos bienes y posesiones de las familias pobres y someterles a un sinnúmero de violentos tratos y humillaciones, encarcelándoles, encadenándoles, haciéndoles violar en las prisiones, destruyendo sus familias acusándolas de delitos definidos de manera estrafalaria e insensata.
Es sólo natural que el pueblo se defienda y castigue a su modo las acciones de una clase política y judicial profundamente indecente e ilegítima. Y una clase tan ajena a la cultura popular chilena, que pareciera ser simplemente una clase extranjera, un grupo de familias e individuos mal habidos y fuertemente armados que exigen al pueblo chileno la expresión de tributos incomprensibles y bestiales, como aplaudir a rabiar y elogiar las tenidas de los nuevos mandarines cuando estos se pasean desnudos, ceceando incoherencias y firmando leyes brutas, por las plazas del pueblo.
Si el nuevo gobierno socialista tuviese un gramo de respeto por la voluntad ciudadana y por los derechos del pueblo, debería ordenar la suspensión, de oficio, inmediata de toda persecución y acoso en la venta y consumo de marihuana, y el indulto y libertad inmediata para todos los miles de ciudadanos encarcelados tan estúpida como injustamente. Debería formar nuevamente una comisión de investigación sobre las llamadas drogas ilegales y legales, no para prohibirlas o fomentarlas (y no para legislar, pues el consumo o no de drogas pertenece al ámbito íntimo de las personas y no debe la ley, nunca, intervenir en ello), sino simplemente para diseñar estrategias de información, para advertir a los potenciales y existentes usuarios de drogas sobre los efectos de su consumo continuado.
Y, ciertamente, debería decretar la libertad incondicional e inmediata de la ciudadana Verónica Venegas.
17 de marzo de 2007
mérici
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