por mimar a represores
[Irina Hauser] Pasó a disponibilidad el penitenciario acusado de mimar a los represores.
El ministro Iribarne tomó la decisión luego de que Página/12 revelara que Héctor Altamirano había sido denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense de disponer un trato privilegiado a los represores detenidos allí.
El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, resolvió pasar a disponibilidad al director de Seguridad de la cárcel de Marcos Paz, Héctor Altamirano, después de que Página/12 revelara que había sido denunciado por disponer un trato privilegiado por los represores alojados en ese penal, a quienes definió como "presos políticos". El titular de la cartera judicial, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), había sido advertido sobre la situación por el juez de La Plata Arnaldo Corazza, que investiga la desaparición de Julio López. Iribarne le mandó ayer una nota al magistrado en la que le informa sobre la separación de Altamirano de su cargo, pero a la vez intenta demostrar que ningún preso tiene coronita. Para probarlo apela a unos e-mails que "dan cuenta del descontento de los detenidos por crímenes de lesa humanidad" porque los tratan, dicen ellos, "como si fueran delincuentes comunes".
El 14 de marzo la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que encabeza Edgardo Binstock, denunció ante Corazza que el prefecto Altamirano había dado directivas a su personal para otorgar beneficios y comodidades a los represores que se encuentran en el penal de Marcos Paz. La presentación, firmada por la subsecretaria Sara de Cobacho, decía que las instrucciones apuntaban a dar un "trato privilegiado" no sólo a los detenidos por crímenes del terrorismo de Estado, sino a sus familiares. El ex director de la cárcel, añadía la funcionaria, "habría aclarado que no eran presos comunes, sino que los definió como presos políticos". Binstock sostuvo que es cuanto menos "delicado" que "en más de 20 años de estado democrático existan quienes sostienen esta ideología".
En la investigación sobre la desaparición del testigo del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, el juez Corazza venía acumulando sospechas sobre la capacidad de conspirar de los 36 militares, policías y civiles presos en Marcos Paz por delitos aberrantes. Entre ellos están el propio Etchecolatz. El informe de Cobacho le dio al magistrado motivos para allanar, el 23 de marzo, las instalaciones de la unidad carcelaria. Describía que durante 2006 las visitas de los represores ingresaban sin requisa, por una puerta lateral y a cualquier hora. Entraban con teléfonos celulares, decía, y a veces con mucho dinero. Algunos se identificaban como miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. También advertía que los detenidos "tendrían acceso a un teléfono que permite comunicarse con otros internos" y del que "sería factible realizar llamadas" afuera.
Apenas recibió la denuncia, tres semanas atrás, Corazza le mandó una copia por fax al titular de Justicia. El contenido fue revelado por este diario en su edición de ayer. Al mediodía, el ministro Iribarne tenía resuelto el desplazamiento de Altamirano. Rápidamente redactó también una carta en la que le informa esa determinación al juez. "No presta servicio activo", señala, aunque no precisa las razones. Le anuncia, además, que envió la documentación a la justicia federal de Morón, con jurisdicción en Marcos Paz, para que investigue si alguien en el ámbito del penal cometió algún delito.
Voceros de Iribarne dijeron que, en su momento, abrieron un sumario interno. Explicaron que el resultado de esa pesquisa se refleja en el texto girado a Corazza. Ese documento, al que accedió Página/12, consiste básicamente en refutaciones a distintos puntos de las revelaciones de la secretaría de Derechos Humanos Bonaerense. Por empezar, dice que el desplazado Altamirano no prestaba servicios en el penal de Marcos Paz en enero de 2006, como señala denuncia, sino que recién ingresó el 17 de julio de ese año. Agrega que "todos los visitantes deben efectuar el correspondiente pedido de visita, para lo cual debe aportar documentación, una foto y otros datos personales". En noviembre, dice, se ordenó revisar a internos, visitas y al personal para "determinar la existencia de elementos prohibidos".
En otro tramo, Iribarne describe los cinco lugares donde cumplen su detención los represores que, dice, "son de características similares al resto de los pabellones, pero con las celdas un poco más amplias, motivo por el cual se alojan dos detenidos por celda". "En ningún caso tienen acceso a teléfonos que no sean los públicos de cada sector", asegura. Y como cierre señala que "han llegado" a su "conocimiento" "algunos e-mails que circulan en el ámbito penitenciario que dan cuenta del descontento de los detenidos por los crímenes de lesa humanidad por el trato brindado ‘como si fueran delincuentes comunes'".
Cuando Corazza allanó la cárcel, sin embargo, corroboró que usan una línea telefónica interna y entre los elementos que secuestró había una carta personal de uno de los represores que decía: "Nos tratan con respeto, nos llaman el grupo de los famosos".
El ministro Iribarne tomó la decisión luego de que Página/12 revelara que Héctor Altamirano había sido denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense de disponer un trato privilegiado a los represores detenidos allí.El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, resolvió pasar a disponibilidad al director de Seguridad de la cárcel de Marcos Paz, Héctor Altamirano, después de que Página/12 revelara que había sido denunciado por disponer un trato privilegiado por los represores alojados en ese penal, a quienes definió como "presos políticos". El titular de la cartera judicial, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), había sido advertido sobre la situación por el juez de La Plata Arnaldo Corazza, que investiga la desaparición de Julio López. Iribarne le mandó ayer una nota al magistrado en la que le informa sobre la separación de Altamirano de su cargo, pero a la vez intenta demostrar que ningún preso tiene coronita. Para probarlo apela a unos e-mails que "dan cuenta del descontento de los detenidos por crímenes de lesa humanidad" porque los tratan, dicen ellos, "como si fueran delincuentes comunes".
El 14 de marzo la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que encabeza Edgardo Binstock, denunció ante Corazza que el prefecto Altamirano había dado directivas a su personal para otorgar beneficios y comodidades a los represores que se encuentran en el penal de Marcos Paz. La presentación, firmada por la subsecretaria Sara de Cobacho, decía que las instrucciones apuntaban a dar un "trato privilegiado" no sólo a los detenidos por crímenes del terrorismo de Estado, sino a sus familiares. El ex director de la cárcel, añadía la funcionaria, "habría aclarado que no eran presos comunes, sino que los definió como presos políticos". Binstock sostuvo que es cuanto menos "delicado" que "en más de 20 años de estado democrático existan quienes sostienen esta ideología".
En la investigación sobre la desaparición del testigo del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, el juez Corazza venía acumulando sospechas sobre la capacidad de conspirar de los 36 militares, policías y civiles presos en Marcos Paz por delitos aberrantes. Entre ellos están el propio Etchecolatz. El informe de Cobacho le dio al magistrado motivos para allanar, el 23 de marzo, las instalaciones de la unidad carcelaria. Describía que durante 2006 las visitas de los represores ingresaban sin requisa, por una puerta lateral y a cualquier hora. Entraban con teléfonos celulares, decía, y a veces con mucho dinero. Algunos se identificaban como miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. También advertía que los detenidos "tendrían acceso a un teléfono que permite comunicarse con otros internos" y del que "sería factible realizar llamadas" afuera.
Apenas recibió la denuncia, tres semanas atrás, Corazza le mandó una copia por fax al titular de Justicia. El contenido fue revelado por este diario en su edición de ayer. Al mediodía, el ministro Iribarne tenía resuelto el desplazamiento de Altamirano. Rápidamente redactó también una carta en la que le informa esa determinación al juez. "No presta servicio activo", señala, aunque no precisa las razones. Le anuncia, además, que envió la documentación a la justicia federal de Morón, con jurisdicción en Marcos Paz, para que investigue si alguien en el ámbito del penal cometió algún delito.
Voceros de Iribarne dijeron que, en su momento, abrieron un sumario interno. Explicaron que el resultado de esa pesquisa se refleja en el texto girado a Corazza. Ese documento, al que accedió Página/12, consiste básicamente en refutaciones a distintos puntos de las revelaciones de la secretaría de Derechos Humanos Bonaerense. Por empezar, dice que el desplazado Altamirano no prestaba servicios en el penal de Marcos Paz en enero de 2006, como señala denuncia, sino que recién ingresó el 17 de julio de ese año. Agrega que "todos los visitantes deben efectuar el correspondiente pedido de visita, para lo cual debe aportar documentación, una foto y otros datos personales". En noviembre, dice, se ordenó revisar a internos, visitas y al personal para "determinar la existencia de elementos prohibidos".
En otro tramo, Iribarne describe los cinco lugares donde cumplen su detención los represores que, dice, "son de características similares al resto de los pabellones, pero con las celdas un poco más amplias, motivo por el cual se alojan dos detenidos por celda". "En ningún caso tienen acceso a teléfonos que no sean los públicos de cada sector", asegura. Y como cierre señala que "han llegado" a su "conocimiento" "algunos e-mails que circulan en el ámbito penitenciario que dan cuenta del descontento de los detenidos por los crímenes de lesa humanidad por el trato brindado ‘como si fueran delincuentes comunes'".
Cuando Corazza allanó la cárcel, sin embargo, corroboró que usan una línea telefónica interna y entre los elementos que secuestró había una carta personal de uno de los represores que decía: "Nos tratan con respeto, nos llaman el grupo de los famosos".
5 de abril de 2007
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