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criminales de guerra en eua


[Spencer S. Hsu y Nick Miroff] Criminales de guerra argentinos viven en Estados Unidos.
Ernesto Guillermo Barreiro parecía integrarse bien con sus vecinos, en esta plácida comarca de Virginia. El tranquilo y amable argentino abrió una tienda de arte y antigüedades después de mudarse aquí el año pasado a un cortijo en The Plains.
Desde la tienda FB Art Gallery & Antiques aledaña a su casa, hasta una tienda de artesanías llamada Pampa's Corner en la cercana Calle Principal, Barreiro no se dejó ver, dedicándose a vender, con su esposa, artesanías y artículos de cuero importados.
Esa vida sin pretensiones se hizo añicos el domingo por la mañana, cuando agentes de inmigración norteamericanos metieron al mayor en retiro del ejército argentino en una furgoneta, para ser acusado oficialmente de hacer fraude para obtener el visado y ser eventualmente deportado a su país de origen, donde está acusado de haber sido el interrogador jefe en un centro de torturas clandestino conocido como La Perla, durante la Guerra Sucia argentina en los años setenta y ochenta.
Barreiro es uno de los tres ex oficiales militares sudamericanos sospechosos de crímenes de guerra cuyas detenciones fueron anunciadas ayer por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha renovado sus esfuerzos para dar caza a violadores de derechos humanos que viven como fugitivos en Estados Unidos.
Los otros arrestados incluyen a Telmo Ricardo Hurtado, ex mayor del ejército peruano que dirigió un ataque en el que murieron sesenta y nueve campesinos, muchos de los cuales fueron torturados y violados, en el pueblo de Accomarca en el altiplano peruano el 14 de agosto de 1985, durante la guerra de los militares contra el movimiento de guerrillas Sendero Luminoso. Hurtado fue detenido el viernes, en Miami.
Otro soldado que ahora vive en Gaithersburg, Juan Manuel Rivera-Rondón, fue detenido en Baltimore y podría ser deportado a Perú, donde, según funcionarios norteamericanos, él y Hurtado serán entregados a las autoridades locales para ser procesados por su papel en las matanzas de 1985.
Funcionarios estadounidenses y activistas de derechos humanos dijeron que los tres estaban entre los más importantes sospechosos capturados desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas activara una unidad de derechos humanos a principio del año pasado. Problemas diplomáticos y los lentos esfuerzos del gobierno han provocado la repetida incomodidad de Estados Unidos cuando notorios violadores de derechos humanos de todo el planeta, aparen en el país llevando vidas por lo demás muy normales.
"Esta agencia ha dado un paso importante", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la sección Estados Unidos de Human Rights Watch. "Hay tantos individuos como estos que han logrado empezar una segunda vida en Estados Unidos... sin temor a ningún tipo de enjuiciamiento eventual o de ser detenidos o de tener problemas legales en Estados Unidos, mucho menos en sus países de origen".
En diciembre, las autoridades norteamericanas acusaron al hijo del ex presidente liberiano, Charles Taylor, en relación con la tortura de un aliado de los rivales políticos de su padre. Conocido como Chuckie Taylor, pero rebautizado legalmente como Roy Belfast Jr., el hijo de Taylor está encerrado sin posibilidad de fianza en una cárcel de Florida.
En enero, Estados Unidos acusó a Luis Posada Carriles, 78 años, un exiliado cubano anticastrista retenido por agentes de inmigración que lo acusan de fraude con documentos de inmigración. Posada, un ex operativo de la CIA implicado en la fallida invasión de Bahía Cochinos, fue acusado de conspirar para atentar con bomba contra un avión de pasajeros cubano en Venezuela. Emmanuel ‘Toto' Constant, condenado en ausencia por un tribunal haitiano por su participación en una masacre en 1994, fue detenido el año pasado por cargos de fraude hipotecario en Queens, después de que las autoridades de inmigración se negaran a deportarlo.
La detención de Barreiro produjo alarma en The Plains, un rústico caserío en las onduladas colinas del condado de Fauquier, donde Barreiro y su mujer, Ana Delia Magi de Barrerio, trasladaron su tienda el año pasado. Una suave tarde de abril, unos vecinos recordaron a la pareja siempre pulcramente vestida, a la que el agente inmobiliario Keith Nelsen Stroud llamó "muy tranquilos, muy cariñosos, muy refinados", y a su caniche, Lulú.
"Estoy anonadado", dijo James Wiley, que arrienda la tienda Pampa's Corner, y que lucía un cinturón de cuero argentino que había comprado al señor que llamaba Ernesto. "Estoy liquidada", dijo la mujer de Wiley, Lynn, que vendió a los Barreiro su casa y galería de arte. "Nunca hubiera imaginado que este apacible y bondadoso viejito podía ser culpable de andar matando gente".
Ayer, Barreiro compareció ante un tribunal de distrito en Alexandria, donde el juez T. Rawles Jones Jr., lo dejó encerrado sin fianza hasta su proceso.
De 1976 a 1979, se había detenido a más de 2.200 personas en La Perla, un centro de detención cerca de Córdoba, donde se torturaba y mataba a los críticos de la dictadura militar argentina, según ‘Nunca Más', un informe oficial compilado con el testimonio de miles de testigos.
De acuerdo a una agencia de noticias argentina, Barreiro viajó en 2004 al Aeropuerto Internacional de Dulles poco antes de que un juez ordenara su procesamiento por presunto rol en la desaparición de Diego Hunziker, un estudiante de diecisiete años fue secuestrado, torturado y asesinado en 1977.
"La detención de Barreiro tiene mucha importancia para nosotros, porque él es la única persona en el caso de Hunziker que ha escapado de la justicia", dijo al diario bonaerense Página 12 Graciela López, una fiscal a cargo del caso.
Inspectores norteamericanos se enteraron de que Argentina había emitido una orden judicial, a través de Interpol, para la detención de Barreiro, por cargos de homicidio y torturas, cuando quisiera renovar su visado de turista. Su visa fue prorrogada hasta el 28 de marzo, dijeron funcionarios. No está claro por qué la prórroga fue aprobada cuando el gobierno sabía de los cargos pendientes que se le formulaban en Argentina.
Los peruanos Hurtado y Rivera dirigieron una de las masacres más brutales cometidas por los militares peruanos durante su guerra de veinte años contra el grupo maoísta Sendero Luminoso.
Hurtado formaba parte de un grupo de soldados que en 1986 fue juzgado por la masacre. En 1992, sólo Hurtado fue declarado culpable -no de asesinato, pero sí de abuso de autoridad- por una corte marcial antes de que se hiciera responsable por las acciones de la patrulla.
Hurtado, un graduado de la Academia Militar de las Américas norteamericana, fue sentenciado a seis años de cárcel, aunque no está claro si ya ha cumplido parte de la pena, de acuerdo a actas judiciales y boletines de prensa norteamericanas y peruanas. Incluso después de su condena, siguió en el ejército peruano y fue ascendido de teniente, primero al rango de capitán y después a mayor.
Hurtado escapó a Estados Unidos a través de Colombia en diciembre de 2002, cuando las autoridades peruanas reabrieron la investigación de las matanzas, poco antes de que una Comisión de Verdad y Reconciliación publicara un informe detallando la violencia política que se cobró 69.280 víctimas en Perú entre 1980 y 2000.
"Recién en 1999 nos enteramos de que Hurtado estaba todavía en el ejército y el gobierno, por primera vez, reaccionó y ordenó su remoción", dijo Susanna Villarán, del Instituto de Defensa Legal, un grupo de derechos humanos, y ex ministro de gabinete. "Este hombre fue capaz de eludir la justicia tras cometer un crimen que ha sido meticulosamente documentado".
En Perú, Lorenzo Gómez es uno de los que celebraron las detenciones. Su padre, Pastor Gómez de la Cruz, era uno de los asesinados.
"Recuerdo todo de ese día y cómo mataron a mi padre y otros familiares y luego enterraron los cuerpos", dijo Gómez, 65, que vive en Lima pero viaja frecuentemente a Accomarca para supervisar las granjas familiares. "Han pasado 22 años, pero la memoria no me falla".
El caso podría ser una prueba para el presidente Alan García, que fue reelegido el año pasado. Había sido recién jurado en el cargo para su primer mandato en 1985 cuando ocurrió la masacre. Despidió a los comandantes militares, pero su partido político, el APRA, fue más tarde acusado de encubrir los ataques contra testigos en este y otros casos de derechos humanos.
"Nadie allá quiere un juicio, porque nadie quiere saber quién realmente dio la orden de masacrar a mi pueblo", dijo Gómez. "No creo que el presidente García quiera ver a Hurtado o Rivera de retorno en el Perú, porque podrían decir la verdad".

Monte Reel en Buenos Aires, Lucien Chauvin en Lima, y Jerry Markon, Clarence Williams y Martin Weil y Julie Tate y Meg Smith en Washington contribuyeron a este reportaje.

5 de abril de 2007
©washington post
©traducción mQh
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