crimen, corrupción e impunidad
[Manuel Roig-Franzia] En Guatemala. Asesinatos exponen cultura de la corrupción y la impunidad.
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Empezó con cuatro cuerpos carbonizados en un camino de tierra.
Las víctimas habían sido secuestradas, concluyeron los detectives, y dos de ellas fueron quemadas vivas. Los hombres encontrados ese día de febrero en un rancho en las afueras de Ciudad de Guatemala resultaron ser tres políticos salvadoreños y su chofer. Entre ellos se encontraba Eduardo D'Aubuisson, hijo de Roberto D'Aubuisson, el difunto fundador del partido gobernante de El Salvador y arquitecto de los escuadrones de la muerte en la guerra civil salvadoreña.
Tres días después, cuatro policías guatemaltecos fueron acusados de los asesinatos y arrestados. Y tres días después, mientras la atención internacional se concentraba sobre este país, los agentes fueron degollados y matados a balazos en sus celdas. Sus asesinatos en la cárcel aún no han sido resueltos.
Los homicidios seguidos -todos escalofriantemente profesionales y osados- están dejando al descubierto la profundidad de la corrupción y la impunidad en un país que todavía está tratando de enderezarse después de once años tras el término de tres décadas de guerra civil. "Se ha abierto una caja de Pandora", dijo el jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila.
En las últimas semanas algunos de los personajes políticos más poderosos de Guatemala se han visto obligados a reconocer que su gobierno y sistema de justicia criminal están profundamente infiltrados por el crimen organizado. Activistas de derechos humanos han respondido acusando la corrupta influencia de los narcotraficantes, que acumulan fortunas enviando hasta trescientas toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos al año.
"Es el paraíso del crimen organizado", dijo en una entrevista Anders Kompass, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. "El aparato de estado es débil. La tasa de impunidad es muy alta. Esto ha demostrado que el crimen organizado ha penetrado en un nivel mucho más alto de lo que pensábamos".
Guatemala tiene una de las tasas de homicidio más altas de América Latina, con treinta asesinatos por cada cien mil habitantes en 2005, de acuerdo al Observatorio de la Violencia y la Delincuencia iniciado por Naciones Unidas en Honduras. Pocos de los cinco mil homicidios al año son resueltos, y apenas si existe esperanza de que se conozca en alguna fecha previsible toda la verdad sobre los asesinatos del mes pasado. La pregunta ahora es: ¿En quién puede confiar la opinión pública?
El martes, el congreso guatemalteco aprobó abrumadoramente una moción de censura contra el ministro del Interior, Carlos Vielmann, cuyas atribuciones incluyen las cárceles. Ahora el presidente Óscar Berger debe decidir si remover de su cargo a Vielmann o lanzarse en una batalla contra el congreso vetando la decisión.
Entretanto, el congreso ha puesto trabas a una propuesta de Naciones Unidas para crear una comisión independiente que investigue la corrupción en Guatemala. Vielmann, un rico empresario que está luchando por un trabajo y un salario que dice que no necesita, dijo en una entrevista que él apoya la propuesta de Naciones Unidas.
Las especulaciones sobre los asesinatos del mes pasado ha provocado el clamor público que exige respuestas aquí y en el vecino El Salvador, así como varias teorías conspirativas.
"La gente no quiere creer que la realidad es más simple, más irónica y más estúpida", dijo en una entrevista el jefe de la policía nacional de Guatemala, Erwin Sperisen, un aliado de Vielmann. "No fue una gran conspiración. Fue una serie de coincidencias. Pero la gente no quiere creer eso. Quieren un culebrón, un drama de espionaje, una película de James Bond".
En las semanas que han pasado tras los asesinatos, funcionarios de gobierno han explicado su versión de los acontecimientos: Los políticos fueron secuestrados el 19 de febrero cuando iban en camino a un reunión del Parlamento Centroamericano en Ciudad de Guatemala, un organismo de planificación regional, del que eran miembros elegidos. Los policías guatemaltecos los mataron pero fueron capturados pronto, en parte porque un sistema global de posicionamiento en su coche los ubicaba en la escena del crimen, a unos 32 kilómetros de Ciudad de Guatemala, de acuerdo a esta versión.
Los agentes de policía pueden haber sido asesinos a sueldo engañados, a quienes hicieron creer que los políticos salvadoreños eran narcotraficantes colombianos haciéndose pasar por representantes del parlamento, dijo Sperisen. Tampoco se podía excluir algún motivo político en El Salvador, ni algún vínculo entre los salvadoreños y los narcotraficantes, dijo. Cuatro sospechosos más con presuntos vínculos con el tráfico de drogas fueron detenidos el martes y acusados de haber ordenado los asesinatos.
Sperisen y Ávila, el jefe de la policía salvadoreña, dijo que los agentes guatemaltecos asesinado habían confesado, aunque Sperisen observó que "no pueden repetir sus declaraciones". Las supuestas confesiones han sido ampliamente comentadas en la prensa, pero los abogados de los cuatro agentes ofrecieron una versión diferente.
"Ellos dijeron que eran inocentes", dijo Carlos Pocón sobre sus clientes, los agentes asesinados José Korki López Arreafa, José Adolfo Gutiérrez y Marwin Langen Escobar Méndez.
Alfredo Vásquez, el abogado de Luis Arturo Herrera López, llamó a los agentes "chivos emisarios", que habían sido asesinados para encubrir la identidad de los verdaderos asesinos.
"El ambiente aquí hace ver a mis clientes como si fueran responsables, como si fueran demonios", dijo Vásquez. "Pero ellos no confesaron, y eso me alarma".
Los otros asesinatos -los cometidos por los agentes- están todavía envueltos en informes contradictorios. Fueron trasladados de una cárcel en Ciudad de Guatemala a la prisión de máxima seguridad El Boquerón, a unos 65 kilómetros al este de la ciudad, sin que sus abogados fueran notificados, dijo Vásquez. Algunos testigos han dicho que hombres armados entraron al Boquerón confundiéndose con las visitas y mataron a los agentes. Pero Sperisen dijo que cree que los asesinos son de la prisión misma. Es improbable, dijo, que los asesinos hayan podido pasar, o incluso corromper, los tres círculos de seguridad -el ejército, la policía y los gendarmes de la prisión.
Tras los asesinatos estalló un motín y el alcaide de la prisión y varios gendarmes fueron hechos rehenes, dijo Sperisen. El alcaide, así como más de veinte hombres más, la mayoría gendarmes, han sido detenidos, pero ninguno ha sido acusado de los asesinatos, dijo Sperisen.
Este mes, uno de los ayudantes de Sperisen, Javier Figueroa, renunció y abandonó Guatemala con su familia en dirección a Costa Rica. Figueroa, que era ginecólogo antes de asumir el alto cargo policial, jugó un papel importante en la detención de los cuatro agentes y ahora teme por su vida, dijo Sperisen. Pero con tantos interrogantes en el aire, la abrupta partida de Figueroa ha generado especulaciones de que tenía algo que ocultar.
"Es una cuestión de percepción", dijo Kompass, el funcionario de Naciones Unidas.
El caso se ha enmarañado además con la política presidencial meses antes de las elecciones convocadas para septiembre. Otto Pérez Molina, un candidato que sirvió como general durante la devastadora guerra civil, presentó una demanda contra Vielmann por permitir que dos escuadrones de la muerte oficialmente sancionados operen dentro de las fuerzas de seguridad del país.
"Sabía lo que estaba pasando y no hizo nada", dijo Pérez Molina en una entrevista.
Pérez Molina -del que Vielmann dice que está "haciendo política"- acusa a la División de Investigaciones Criminales de operar como escuadrón de la muerte en una campaña de "limpieza social", matando a narcotraficantes de poca monta para eliminar la competencia de narcotraficantes más importantes. El fiscal general independiente de derechos humanos de Guatemala, la iglesia católica y la Universidad de San Carlos de Guatemala exigieron este mes que la división fuera desbandada.
Sperisen, de 1.89 metros, 126 kilos, y ex funcionario de Ciudad de Guatemala con un mechón de brillante pelo naranja, no niega que haya corrupción en sus fuerzas. Estimó que él podría fácilmente despedir al diez por ciento de sus 19.500 agentes si la ley guatemalteca no exigiera un prolongado proceso de apelación. Vielmann estima que se podría despedir al 40 por ciento de la policía. A medida que aumentan los llamados a la renuncia, los dos hombres se están presentando como reformadores.
Vielmann, que reconoce que la policía ha sido contratada para asesinatos al estilo de la mafia, dijo que la "batalla contra la corrupción es titánica". En los últimos dos años y medio se ha despedido a más de mil agentes de policía, dijo, y 250 se encuentran en prisión. Sin embargo, dijo Sperisen, "es casi imposible purgar la fuerza".
Hablando a condición de conservar el anonimato, un policía guatemalteco describió un sistema de control y pagos altamente estructurado. Los agentes de policía intimidan a los empresarios para recibir sobornos, dijo, y estos son divididos con sus superiores, que retienen los ascensos de los agentes de base si no colaboran.
Los narcotraficantes pagan a veces hasta cuatro mil a cinco mil dólares al mes para asegurarse de que los transportes ocurran sin problemas, dijo el agente.
"Corrompen a la gente", agregó. "Hay agentes que son diez por ciento corruptos que se convierten en cien por cien corruptos".
Helen Mack, activista salvadoreña de derechos humanos, dijo que en Guatemala existía una "impunidad total".
La hermana de Mack, una antropóloga, fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 poco después de publicar un estudio en el que acusaba a las fuerzas gubernamentales de masacrar a los indios maya durante la guerra civil. Un miembro de la guardia presidencial de Guatemala fue condenado por apuñalar 27 veces a Myrna Mack frente a su oficina al mediodía.
A Helen Mack le tomó más de trece años convencer a la corte suprema de Guatemala para que condenara al coronel de ejército Juan Valencia Osorio por ordenar el asesinato. Pero en enero de 2004, días después de que se restableciera su sentencia de treinta años, Valencia huyó. Mack dice que fue ayudado por una unidad militar. Sigue fugitivo.
Sin embargo, dijo, se supo la verdad, y en Guatemala eso significa algo.
Vásquez, el fiscal, no espera respuestas a los asesinatos de los políticos salvadoreños y los policías guatemaltecos.
"Quizás sepamos la verdad", dijo Vasquez, "de aquí a veinte años".
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Empezó con cuatro cuerpos carbonizados en un camino de tierra.Las víctimas habían sido secuestradas, concluyeron los detectives, y dos de ellas fueron quemadas vivas. Los hombres encontrados ese día de febrero en un rancho en las afueras de Ciudad de Guatemala resultaron ser tres políticos salvadoreños y su chofer. Entre ellos se encontraba Eduardo D'Aubuisson, hijo de Roberto D'Aubuisson, el difunto fundador del partido gobernante de El Salvador y arquitecto de los escuadrones de la muerte en la guerra civil salvadoreña.
Tres días después, cuatro policías guatemaltecos fueron acusados de los asesinatos y arrestados. Y tres días después, mientras la atención internacional se concentraba sobre este país, los agentes fueron degollados y matados a balazos en sus celdas. Sus asesinatos en la cárcel aún no han sido resueltos.
Los homicidios seguidos -todos escalofriantemente profesionales y osados- están dejando al descubierto la profundidad de la corrupción y la impunidad en un país que todavía está tratando de enderezarse después de once años tras el término de tres décadas de guerra civil. "Se ha abierto una caja de Pandora", dijo el jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila.
En las últimas semanas algunos de los personajes políticos más poderosos de Guatemala se han visto obligados a reconocer que su gobierno y sistema de justicia criminal están profundamente infiltrados por el crimen organizado. Activistas de derechos humanos han respondido acusando la corrupta influencia de los narcotraficantes, que acumulan fortunas enviando hasta trescientas toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos al año.
"Es el paraíso del crimen organizado", dijo en una entrevista Anders Kompass, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. "El aparato de estado es débil. La tasa de impunidad es muy alta. Esto ha demostrado que el crimen organizado ha penetrado en un nivel mucho más alto de lo que pensábamos".
Guatemala tiene una de las tasas de homicidio más altas de América Latina, con treinta asesinatos por cada cien mil habitantes en 2005, de acuerdo al Observatorio de la Violencia y la Delincuencia iniciado por Naciones Unidas en Honduras. Pocos de los cinco mil homicidios al año son resueltos, y apenas si existe esperanza de que se conozca en alguna fecha previsible toda la verdad sobre los asesinatos del mes pasado. La pregunta ahora es: ¿En quién puede confiar la opinión pública?
El martes, el congreso guatemalteco aprobó abrumadoramente una moción de censura contra el ministro del Interior, Carlos Vielmann, cuyas atribuciones incluyen las cárceles. Ahora el presidente Óscar Berger debe decidir si remover de su cargo a Vielmann o lanzarse en una batalla contra el congreso vetando la decisión.
Entretanto, el congreso ha puesto trabas a una propuesta de Naciones Unidas para crear una comisión independiente que investigue la corrupción en Guatemala. Vielmann, un rico empresario que está luchando por un trabajo y un salario que dice que no necesita, dijo en una entrevista que él apoya la propuesta de Naciones Unidas.
Las especulaciones sobre los asesinatos del mes pasado ha provocado el clamor público que exige respuestas aquí y en el vecino El Salvador, así como varias teorías conspirativas.
"La gente no quiere creer que la realidad es más simple, más irónica y más estúpida", dijo en una entrevista el jefe de la policía nacional de Guatemala, Erwin Sperisen, un aliado de Vielmann. "No fue una gran conspiración. Fue una serie de coincidencias. Pero la gente no quiere creer eso. Quieren un culebrón, un drama de espionaje, una película de James Bond".
En las semanas que han pasado tras los asesinatos, funcionarios de gobierno han explicado su versión de los acontecimientos: Los políticos fueron secuestrados el 19 de febrero cuando iban en camino a un reunión del Parlamento Centroamericano en Ciudad de Guatemala, un organismo de planificación regional, del que eran miembros elegidos. Los policías guatemaltecos los mataron pero fueron capturados pronto, en parte porque un sistema global de posicionamiento en su coche los ubicaba en la escena del crimen, a unos 32 kilómetros de Ciudad de Guatemala, de acuerdo a esta versión.
Los agentes de policía pueden haber sido asesinos a sueldo engañados, a quienes hicieron creer que los políticos salvadoreños eran narcotraficantes colombianos haciéndose pasar por representantes del parlamento, dijo Sperisen. Tampoco se podía excluir algún motivo político en El Salvador, ni algún vínculo entre los salvadoreños y los narcotraficantes, dijo. Cuatro sospechosos más con presuntos vínculos con el tráfico de drogas fueron detenidos el martes y acusados de haber ordenado los asesinatos.
Sperisen y Ávila, el jefe de la policía salvadoreña, dijo que los agentes guatemaltecos asesinado habían confesado, aunque Sperisen observó que "no pueden repetir sus declaraciones". Las supuestas confesiones han sido ampliamente comentadas en la prensa, pero los abogados de los cuatro agentes ofrecieron una versión diferente.
"Ellos dijeron que eran inocentes", dijo Carlos Pocón sobre sus clientes, los agentes asesinados José Korki López Arreafa, José Adolfo Gutiérrez y Marwin Langen Escobar Méndez.
Alfredo Vásquez, el abogado de Luis Arturo Herrera López, llamó a los agentes "chivos emisarios", que habían sido asesinados para encubrir la identidad de los verdaderos asesinos.
"El ambiente aquí hace ver a mis clientes como si fueran responsables, como si fueran demonios", dijo Vásquez. "Pero ellos no confesaron, y eso me alarma".
Los otros asesinatos -los cometidos por los agentes- están todavía envueltos en informes contradictorios. Fueron trasladados de una cárcel en Ciudad de Guatemala a la prisión de máxima seguridad El Boquerón, a unos 65 kilómetros al este de la ciudad, sin que sus abogados fueran notificados, dijo Vásquez. Algunos testigos han dicho que hombres armados entraron al Boquerón confundiéndose con las visitas y mataron a los agentes. Pero Sperisen dijo que cree que los asesinos son de la prisión misma. Es improbable, dijo, que los asesinos hayan podido pasar, o incluso corromper, los tres círculos de seguridad -el ejército, la policía y los gendarmes de la prisión.
Tras los asesinatos estalló un motín y el alcaide de la prisión y varios gendarmes fueron hechos rehenes, dijo Sperisen. El alcaide, así como más de veinte hombres más, la mayoría gendarmes, han sido detenidos, pero ninguno ha sido acusado de los asesinatos, dijo Sperisen.
Este mes, uno de los ayudantes de Sperisen, Javier Figueroa, renunció y abandonó Guatemala con su familia en dirección a Costa Rica. Figueroa, que era ginecólogo antes de asumir el alto cargo policial, jugó un papel importante en la detención de los cuatro agentes y ahora teme por su vida, dijo Sperisen. Pero con tantos interrogantes en el aire, la abrupta partida de Figueroa ha generado especulaciones de que tenía algo que ocultar.
"Es una cuestión de percepción", dijo Kompass, el funcionario de Naciones Unidas.
El caso se ha enmarañado además con la política presidencial meses antes de las elecciones convocadas para septiembre. Otto Pérez Molina, un candidato que sirvió como general durante la devastadora guerra civil, presentó una demanda contra Vielmann por permitir que dos escuadrones de la muerte oficialmente sancionados operen dentro de las fuerzas de seguridad del país.
"Sabía lo que estaba pasando y no hizo nada", dijo Pérez Molina en una entrevista.
Pérez Molina -del que Vielmann dice que está "haciendo política"- acusa a la División de Investigaciones Criminales de operar como escuadrón de la muerte en una campaña de "limpieza social", matando a narcotraficantes de poca monta para eliminar la competencia de narcotraficantes más importantes. El fiscal general independiente de derechos humanos de Guatemala, la iglesia católica y la Universidad de San Carlos de Guatemala exigieron este mes que la división fuera desbandada.
Sperisen, de 1.89 metros, 126 kilos, y ex funcionario de Ciudad de Guatemala con un mechón de brillante pelo naranja, no niega que haya corrupción en sus fuerzas. Estimó que él podría fácilmente despedir al diez por ciento de sus 19.500 agentes si la ley guatemalteca no exigiera un prolongado proceso de apelación. Vielmann estima que se podría despedir al 40 por ciento de la policía. A medida que aumentan los llamados a la renuncia, los dos hombres se están presentando como reformadores.
Vielmann, que reconoce que la policía ha sido contratada para asesinatos al estilo de la mafia, dijo que la "batalla contra la corrupción es titánica". En los últimos dos años y medio se ha despedido a más de mil agentes de policía, dijo, y 250 se encuentran en prisión. Sin embargo, dijo Sperisen, "es casi imposible purgar la fuerza".
Hablando a condición de conservar el anonimato, un policía guatemalteco describió un sistema de control y pagos altamente estructurado. Los agentes de policía intimidan a los empresarios para recibir sobornos, dijo, y estos son divididos con sus superiores, que retienen los ascensos de los agentes de base si no colaboran.
Los narcotraficantes pagan a veces hasta cuatro mil a cinco mil dólares al mes para asegurarse de que los transportes ocurran sin problemas, dijo el agente.
"Corrompen a la gente", agregó. "Hay agentes que son diez por ciento corruptos que se convierten en cien por cien corruptos".
Helen Mack, activista salvadoreña de derechos humanos, dijo que en Guatemala existía una "impunidad total".
La hermana de Mack, una antropóloga, fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 poco después de publicar un estudio en el que acusaba a las fuerzas gubernamentales de masacrar a los indios maya durante la guerra civil. Un miembro de la guardia presidencial de Guatemala fue condenado por apuñalar 27 veces a Myrna Mack frente a su oficina al mediodía.
A Helen Mack le tomó más de trece años convencer a la corte suprema de Guatemala para que condenara al coronel de ejército Juan Valencia Osorio por ordenar el asesinato. Pero en enero de 2004, días después de que se restableciera su sentencia de treinta años, Valencia huyó. Mack dice que fue ayudado por una unidad militar. Sigue fugitivo.
Sin embargo, dijo, se supo la verdad, y en Guatemala eso significa algo.
Vásquez, el fiscal, no espera respuestas a los asesinatos de los políticos salvadoreños y los policías guatemaltecos.
"Quizás sepamos la verdad", dijo Vasquez, "de aquí a veinte años".
21 de abril de 2007
23 de marzo de 2007
©washington post
©traducción mQh
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