uribe y los paramilitares
[Simón Romero] Escándalo sobre escuadrones de la muerte envuelve cada vez más al presidente de Colombia.
Cali, Colombia. El presidente Álvaro Uribe, el más estrecho aliado del gobierno de Bush en América Latina, hace frente a un escándalo cada vez mayor después de que un ex comandante de los escuadrones de la muerte paramilitares declarara el martes que el ministro de Defensa de Uribe había tratado de conspirar con las ilegales milicias privadas para entorpecer el gobierno de un ex presidente.
En una audiencia a puertas cerradas en Medellín, Salvatore Mancuso, el ex señor de la guerra paramilitar, dijo que el ministro de Defensa Juan Manuel Santos se había reunido con cabecillas de los paramilitares a mediados de los años noventa para organizar los intentos de desestabilización del presidente de la época, Ernesto Samper, de acuerdo a funcionarios judiciales.
Mancuso también dijo que el vicepresidente Francisco Santos se había reunido con los líderes paramilitares en 1997 para tratar sobre el traslado de las operaciones a Bogotá, la capital.
Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que el ministro no haría comentarios. El portavoz dijo que hubo una reunión en la que Santos, el ministro de Defensa, trató de llegar a un acuerdo de paz entre los dos grupos guerrilleros y los paramilitares.
El vicepresidente, que se encuentra fuera del país, no estaba disponible para que comentara las declaraciones.
Uribe apareció en televisión nacional el martes noche, pero no se refirió a las acusaciones.
Esas revelaciones se produjeron después de las revelaciones esta semana de un programa de espionaje interno de la policía nacional y detenciones adicionales de aliados políticos de Uribe de alto nivel por cargos de tener vínculos con los paramilitares.
Los escándanos también se producen en momentos en que Uribe trata de obtener el respaldo del congreso en Washington para un acuerdo comercial y el desembolso de la ayuda norteamericana para la contrainsurgencia y la campaña antinarcóticos. Uribe, aunque popular en Colombia, hace frente a un creciente examen del congreso norteamericano.
"Esto va a doler", dijo Michael Shifter, vicepresidente de Diálogo Interamericano de Washington. "Por más que el gobierno colombiano diga que el sistema está funcionando, lo que domina la percepción de Colombia es que hay un montón de cosas que huelen mal".
Uribe trató de contener el escándalo más reciente obligando el lunes a renunciar a doce generales de la policía nacional por pinchar ilegalmente los teléfonos de políticos de oposición, funcionarios de gobierno y periodistas.
Entre las personas cuyos teléfonos fueron pinchados se encuentra Carlos Gaviria, un líder de la oposición que fue candidato a la presidencia contra Uribe el año pasado. "Esto no puede ocurrir en un gobierno democrático", dijo Gaviria.
La purga de los generales se produjo después de que la revista Semana publicara las transcripciones de llamadas por celular de líderes paramilitares encarcelados, en las que es aparente que organizaban asesinatos y tratos de cocaína. No quedó claro si estas llamadas interceptadas eran parte de un programa de vigilancia de la policía.
Santos, el ministro de Defensa, dijo que ni él ni Uribe conocían la operación de pinchazos de la policía. Sin embargo, el informe ha dañado la credibilidad del gobierno de Uribe, que ya sufre de la opinión de que tiene mano blanda con los paramilitares.
Uribe fue elegido por un segundo mandato el año pasado después de que se reconociera que ha hecho más seguras las principales ciudades del país y de que creciera la economía. Pero el escándalo sobre los lazos con los paramilitares amenaza ahora a un creciente número de legisladores, hombres de negocios, oficiales militares y compañías norteamericanas por su colaboración con los escuadrones de la muerte paramilitares, que están clasificados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los paramilitares, que fueron en gran parte desmovilizados pero que se han reagrupado en algunas regiones, cometieron las peores atrocidades en una larga guerra interna. Los fiscales ordenaron el lunes la detención de cinco legisladores por cerrar en 2001 un pacto secreto con los paramilitares, llevando a catorce el número total de legisladores implicados en esos vínculos.
Cali, Colombia. El presidente Álvaro Uribe, el más estrecho aliado del gobierno de Bush en América Latina, hace frente a un escándalo cada vez mayor después de que un ex comandante de los escuadrones de la muerte paramilitares declarara el martes que el ministro de Defensa de Uribe había tratado de conspirar con las ilegales milicias privadas para entorpecer el gobierno de un ex presidente.En una audiencia a puertas cerradas en Medellín, Salvatore Mancuso, el ex señor de la guerra paramilitar, dijo que el ministro de Defensa Juan Manuel Santos se había reunido con cabecillas de los paramilitares a mediados de los años noventa para organizar los intentos de desestabilización del presidente de la época, Ernesto Samper, de acuerdo a funcionarios judiciales.
Mancuso también dijo que el vicepresidente Francisco Santos se había reunido con los líderes paramilitares en 1997 para tratar sobre el traslado de las operaciones a Bogotá, la capital.
Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que el ministro no haría comentarios. El portavoz dijo que hubo una reunión en la que Santos, el ministro de Defensa, trató de llegar a un acuerdo de paz entre los dos grupos guerrilleros y los paramilitares.
El vicepresidente, que se encuentra fuera del país, no estaba disponible para que comentara las declaraciones.
Uribe apareció en televisión nacional el martes noche, pero no se refirió a las acusaciones.
Esas revelaciones se produjeron después de las revelaciones esta semana de un programa de espionaje interno de la policía nacional y detenciones adicionales de aliados políticos de Uribe de alto nivel por cargos de tener vínculos con los paramilitares.
Los escándanos también se producen en momentos en que Uribe trata de obtener el respaldo del congreso en Washington para un acuerdo comercial y el desembolso de la ayuda norteamericana para la contrainsurgencia y la campaña antinarcóticos. Uribe, aunque popular en Colombia, hace frente a un creciente examen del congreso norteamericano.
"Esto va a doler", dijo Michael Shifter, vicepresidente de Diálogo Interamericano de Washington. "Por más que el gobierno colombiano diga que el sistema está funcionando, lo que domina la percepción de Colombia es que hay un montón de cosas que huelen mal".
Uribe trató de contener el escándalo más reciente obligando el lunes a renunciar a doce generales de la policía nacional por pinchar ilegalmente los teléfonos de políticos de oposición, funcionarios de gobierno y periodistas.
Entre las personas cuyos teléfonos fueron pinchados se encuentra Carlos Gaviria, un líder de la oposición que fue candidato a la presidencia contra Uribe el año pasado. "Esto no puede ocurrir en un gobierno democrático", dijo Gaviria.
La purga de los generales se produjo después de que la revista Semana publicara las transcripciones de llamadas por celular de líderes paramilitares encarcelados, en las que es aparente que organizaban asesinatos y tratos de cocaína. No quedó claro si estas llamadas interceptadas eran parte de un programa de vigilancia de la policía.
Santos, el ministro de Defensa, dijo que ni él ni Uribe conocían la operación de pinchazos de la policía. Sin embargo, el informe ha dañado la credibilidad del gobierno de Uribe, que ya sufre de la opinión de que tiene mano blanda con los paramilitares.
Uribe fue elegido por un segundo mandato el año pasado después de que se reconociera que ha hecho más seguras las principales ciudades del país y de que creciera la economía. Pero el escándalo sobre los lazos con los paramilitares amenaza ahora a un creciente número de legisladores, hombres de negocios, oficiales militares y compañías norteamericanas por su colaboración con los escuadrones de la muerte paramilitares, que están clasificados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los paramilitares, que fueron en gran parte desmovilizados pero que se han reagrupado en algunas regiones, cometieron las peores atrocidades en una larga guerra interna. Los fiscales ordenaron el lunes la detención de cinco legisladores por cerrar en 2001 un pacto secreto con los paramilitares, llevando a catorce el número total de legisladores implicados en esos vínculos.
Jenny Carolina González contribuyó desde Medellín.
17 de mayo de 2007
15 de mayo de 2007
©new york times
©traducción mQh
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