la muerte del alcalde, en detalle
[Chris Kraul] El testimonio de jefe paramilitar delata el control que ejercía la milicia de extrema derecha sobre la vida política y comercial del país.
Sincelejo, Colombia. Esta es la crónica de una muerte anunciada. El alcalde Eudaldo ‘Tito' Díaz sabía que era un hombre marcado. Se había opuesto a los combatientes paramilitares de extrema derecha en El Roble, un pueblo en el estado de Sucre, al norte del país, y los asesinos lo habían puesto en su lista negra. En el salón de reuniones del ayuntamiento confrontó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cogiendo el micrófono y diciéndole que lo iban a matar.
Dos meses después, Díaz fue secuestrado por una docena de hombres en varios coches, aparentemente traicionado por miembros de su propio equipo de seguridad.
Fue trasladado al infame ‘campo de concentración' paramilitar, un rancho llamado El Palmar donde se han encontrado varias fosas comunes. Fue torturado durante cinco días antes de ser matado a balazos.
El asesinato de Díaz, 47, médico, permite echar una mirada en la pesadilla que viene viviendo Colombia desde que empezara la guerra hace algunas décadas. Este mes el país revivió la pesadilla con el testimonio del capo paramilitar Salvatore Mancuso, cuando confesó haber traficado drogas, cometido asesinatos en masa, extorsiones y expropiaciones ilegales de extensos terrenos, todo con la ayuda de políticos corruptos.
En los cuatro estados del norte, incluyendo Sucre, que controlaba Mancuso, los políticos que se resistieron fueron asesinados despiadadamente. En abril de 2003, Díaz se convirtió en una de las víctimas.
"Mi padre murió porque quería un país mejor, donde no hubiera mafias traficando con drogas y saqueando ciudades, donde la gente inocente no fuera asesinada por voluntad de los políticos que se quieren perpetuar en el poder", dijo Juan David Díaz, 28, hijo del difunto alcalde, que es también médico y que ahora encabeza el grupo Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que defiende los derechos de las víctimas de la localidad, con sede aquí en la capital de Sucre.
Testimonio y Confesión
En su comparecencia ante un tribunal especial, Mancuso fue el primero en un desfile de cabecillas paramilitares que esperaban para declarar ante una corte especial en cumplimiento de los términos del proceso de paz de Colombia, y evitar así su extradición a Estados Unidos.
Los relatos de las atrocidades cometidas por los paramilitares y rebeldes de extrema izquierda no son nada nuevo en Colombia después de cuatro décadas de guerra civil, y el país oirá probablemente muchas más versiones en los meses por venir, cuando otros jefes paramilitares comparezcan ante la corte.
Pero el relato en primera persona de Mancuso, leyendo calmamente de un ordenador portátil y luciendo impecable con un caro traje de hombre de negocios, agregó un especial tinte de horror. A medida que recitaba los nombres de las decenas de políticos que controlaba y de los empresarios que extorsionaba para obtener fondos, el alcance de los tentáculos de los paramilitares que llegaron a controlar la vida política y empresarial de Colombia se hizo vívidamente evidente.
Mancuso terminó su testimonio en la misma semana en que se emitieron órdenes de detención de cinco miembros del congreso colombiano, casi todos partidarios de Uribe, por vínculos con las ilegales milicias de extrema derecha. Eso llevó el número de parlamentarios tras las rejas a trece, todos excepto uno seguidores de Uribe. El vicepresidente Francisco Santos dijo este mes que el número podría llegar hasta cuarenta.
Las repercusiones de las detenciones y el testimonio de Mancuso llegaron hasta Washington, donde el congreso ha aprobado, desde 2000, más de cinco billones de dólares en ayuda para la lucha antinarcóticos y contraterrorista del Plan Colombia.
Aunque los crímenes en cuestión ocurrieron hace años, los observadores dicen que los sucesos del mes han empeorado las posibilidades de que se firme un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, arrojado una sombra sobre el Plan Colombia y debilitado la confianza en Uribe.
Las milicias de extrema derecha fueron formadas por hacendados como grupos de autodefensa para hacer frente a los grupos rebeldes de izquierda. Pero se convirtieron en bandas criminales que se dedicaron a matar, robar y traficar en drogas.
Mancuso declaró en el marco del proceso de desmovilización que ha implicado el desarme de 31 mil milicianos de extrema derecha. Él y otros jefes paramilitares esperan recibir sentencias leves a cambio de la confesión de las atrocidades cometidas, pagando indemnizaciones y renunciando a sus organizaciones criminales. Pero, como parecen demostrar transcripciones de interceptaciones filtradas hace poco, muchos continúan dirigiendo sus redes criminales desde sus celdas en la cárcel.
Mancuso y otros jefes paramilitares tenían numerosas maneras de financiar sus operaciones militares y de enriquecerse a sí mismos. El tráfico de drogas era el método principal, proporcionando el setenta por ciento del dinero generado por los paramilitares, dijo una vez el difunto jefe paramilitar Carlos Castaño. También extorsionaban a los hombres de negocios de sus territorios, desde plantaciones de banana hasta taxistas, exigiéndoles dinero de protección, o ‘vacunas'.
Mediante políticos corruptos a nivel de estado y nacional, Mancuso y otros jefes paramilitares se apoderaron de las loterías de los estados y de proyectos regionales de obras públicas, que saquearon sistemáticamente o de los cuales cobraron sobornos. A cambio, los políticos que colaboraban con ellos tenían una victoria segura en las urnas, la que se obtenía mediante la intimidación de los rivales potenciales y los votantes.
Díaz fue candidato a alcalde con un programa para mejorar la calidad de vida de la gente de El Roble con un mejor servicio médico, educación y obras públicas. Pero poco después de su elección, los paramilitares, a través de políticos corruptos, empezaron a plantear exigencias, incluyendo el derecho a nombrar al tesorero del pueblo y a los directores de los servicios médicos, educativos y de obras públicas, dijo el joven Díaz.
Con el control de esas posiciones, Mancuso y sus subordinados pudieron apoderarse del presupuesto anual de El Roble, de un millón de dólares, más decenas de miles de dólares de los fondos de salud transferidos desde el gobierno central. Díaz rechazó esas exigencias.
"Los paramilitares querían todos los recursos que tenía el pueblo para funcionar. Pero mi padre no podía dejar al pueblo en la miseria", dijo Díaz. "Fue el único alcalde de Sucre que resistió, y es el único alcalde que fue asesinado en los últimos años".
Queja Previa
En dos ocasiones se quejó el alcalde Díaz ante Uribe, diciéndole que su vida corría peligro en diciembre de 2002, y delatando que los paramilitares contaban con el apoyo del gobernador de Sucre, Salvador Arana, ahora un fugitivo buscado por cargos de corrupción paramilitar.
Díaz confrontó a Uribe una segunda vez en el salón de reuniones del pueblo en febrero de 2003. Cogió el micrófono, denunció al gobernador y otros funcionarios por estar asociados con las fuerzas paramilitares y advirtió que él sería asesinado pronto por haber abierto la boca.
De acuerdo a los presentes, habló durante diez minutos y continuó hablando aunque sonó dos veces un timbre avisándole que se le había acabado el tiempo. Finalmente cedió la palabra cuando Uribe dijo al director del salón de reuniones que investigara lo que estaba ocurriendo.
Uribe había enviado previamente dos mil tropas adicionales a El Roble estaba a horcajadas en la ruta del tráfico de drogas.
Antes de matarlo, los asesinos de Díaz le hicieron firmar varias órdenes de pago autorizando proyectos de obras públicas en El Roble, otro modo en que los paramilitares pudieron hacerse con el dinero del pueblo.
"Al final, obtuvieron lo que querían", dijo su hijo. "Pero primero tuvieron que matarlo".
Sincelejo, Colombia. Esta es la crónica de una muerte anunciada. El alcalde Eudaldo ‘Tito' Díaz sabía que era un hombre marcado. Se había opuesto a los combatientes paramilitares de extrema derecha en El Roble, un pueblo en el estado de Sucre, al norte del país, y los asesinos lo habían puesto en su lista negra. En el salón de reuniones del ayuntamiento confrontó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cogiendo el micrófono y diciéndole que lo iban a matar.Dos meses después, Díaz fue secuestrado por una docena de hombres en varios coches, aparentemente traicionado por miembros de su propio equipo de seguridad.
Fue trasladado al infame ‘campo de concentración' paramilitar, un rancho llamado El Palmar donde se han encontrado varias fosas comunes. Fue torturado durante cinco días antes de ser matado a balazos.
El asesinato de Díaz, 47, médico, permite echar una mirada en la pesadilla que viene viviendo Colombia desde que empezara la guerra hace algunas décadas. Este mes el país revivió la pesadilla con el testimonio del capo paramilitar Salvatore Mancuso, cuando confesó haber traficado drogas, cometido asesinatos en masa, extorsiones y expropiaciones ilegales de extensos terrenos, todo con la ayuda de políticos corruptos.
En los cuatro estados del norte, incluyendo Sucre, que controlaba Mancuso, los políticos que se resistieron fueron asesinados despiadadamente. En abril de 2003, Díaz se convirtió en una de las víctimas.
"Mi padre murió porque quería un país mejor, donde no hubiera mafias traficando con drogas y saqueando ciudades, donde la gente inocente no fuera asesinada por voluntad de los políticos que se quieren perpetuar en el poder", dijo Juan David Díaz, 28, hijo del difunto alcalde, que es también médico y que ahora encabeza el grupo Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que defiende los derechos de las víctimas de la localidad, con sede aquí en la capital de Sucre.
Testimonio y Confesión
En su comparecencia ante un tribunal especial, Mancuso fue el primero en un desfile de cabecillas paramilitares que esperaban para declarar ante una corte especial en cumplimiento de los términos del proceso de paz de Colombia, y evitar así su extradición a Estados Unidos.
Los relatos de las atrocidades cometidas por los paramilitares y rebeldes de extrema izquierda no son nada nuevo en Colombia después de cuatro décadas de guerra civil, y el país oirá probablemente muchas más versiones en los meses por venir, cuando otros jefes paramilitares comparezcan ante la corte.
Pero el relato en primera persona de Mancuso, leyendo calmamente de un ordenador portátil y luciendo impecable con un caro traje de hombre de negocios, agregó un especial tinte de horror. A medida que recitaba los nombres de las decenas de políticos que controlaba y de los empresarios que extorsionaba para obtener fondos, el alcance de los tentáculos de los paramilitares que llegaron a controlar la vida política y empresarial de Colombia se hizo vívidamente evidente.
Mancuso terminó su testimonio en la misma semana en que se emitieron órdenes de detención de cinco miembros del congreso colombiano, casi todos partidarios de Uribe, por vínculos con las ilegales milicias de extrema derecha. Eso llevó el número de parlamentarios tras las rejas a trece, todos excepto uno seguidores de Uribe. El vicepresidente Francisco Santos dijo este mes que el número podría llegar hasta cuarenta.
Las repercusiones de las detenciones y el testimonio de Mancuso llegaron hasta Washington, donde el congreso ha aprobado, desde 2000, más de cinco billones de dólares en ayuda para la lucha antinarcóticos y contraterrorista del Plan Colombia.
Aunque los crímenes en cuestión ocurrieron hace años, los observadores dicen que los sucesos del mes han empeorado las posibilidades de que se firme un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, arrojado una sombra sobre el Plan Colombia y debilitado la confianza en Uribe.
Las milicias de extrema derecha fueron formadas por hacendados como grupos de autodefensa para hacer frente a los grupos rebeldes de izquierda. Pero se convirtieron en bandas criminales que se dedicaron a matar, robar y traficar en drogas.
Mancuso declaró en el marco del proceso de desmovilización que ha implicado el desarme de 31 mil milicianos de extrema derecha. Él y otros jefes paramilitares esperan recibir sentencias leves a cambio de la confesión de las atrocidades cometidas, pagando indemnizaciones y renunciando a sus organizaciones criminales. Pero, como parecen demostrar transcripciones de interceptaciones filtradas hace poco, muchos continúan dirigiendo sus redes criminales desde sus celdas en la cárcel.
Mancuso y otros jefes paramilitares tenían numerosas maneras de financiar sus operaciones militares y de enriquecerse a sí mismos. El tráfico de drogas era el método principal, proporcionando el setenta por ciento del dinero generado por los paramilitares, dijo una vez el difunto jefe paramilitar Carlos Castaño. También extorsionaban a los hombres de negocios de sus territorios, desde plantaciones de banana hasta taxistas, exigiéndoles dinero de protección, o ‘vacunas'.
Mediante políticos corruptos a nivel de estado y nacional, Mancuso y otros jefes paramilitares se apoderaron de las loterías de los estados y de proyectos regionales de obras públicas, que saquearon sistemáticamente o de los cuales cobraron sobornos. A cambio, los políticos que colaboraban con ellos tenían una victoria segura en las urnas, la que se obtenía mediante la intimidación de los rivales potenciales y los votantes.
Díaz fue candidato a alcalde con un programa para mejorar la calidad de vida de la gente de El Roble con un mejor servicio médico, educación y obras públicas. Pero poco después de su elección, los paramilitares, a través de políticos corruptos, empezaron a plantear exigencias, incluyendo el derecho a nombrar al tesorero del pueblo y a los directores de los servicios médicos, educativos y de obras públicas, dijo el joven Díaz.
Con el control de esas posiciones, Mancuso y sus subordinados pudieron apoderarse del presupuesto anual de El Roble, de un millón de dólares, más decenas de miles de dólares de los fondos de salud transferidos desde el gobierno central. Díaz rechazó esas exigencias.
"Los paramilitares querían todos los recursos que tenía el pueblo para funcionar. Pero mi padre no podía dejar al pueblo en la miseria", dijo Díaz. "Fue el único alcalde de Sucre que resistió, y es el único alcalde que fue asesinado en los últimos años".
Queja Previa
En dos ocasiones se quejó el alcalde Díaz ante Uribe, diciéndole que su vida corría peligro en diciembre de 2002, y delatando que los paramilitares contaban con el apoyo del gobernador de Sucre, Salvador Arana, ahora un fugitivo buscado por cargos de corrupción paramilitar.
Díaz confrontó a Uribe una segunda vez en el salón de reuniones del pueblo en febrero de 2003. Cogió el micrófono, denunció al gobernador y otros funcionarios por estar asociados con las fuerzas paramilitares y advirtió que él sería asesinado pronto por haber abierto la boca.
De acuerdo a los presentes, habló durante diez minutos y continuó hablando aunque sonó dos veces un timbre avisándole que se le había acabado el tiempo. Finalmente cedió la palabra cuando Uribe dijo al director del salón de reuniones que investigara lo que estaba ocurriendo.
Uribe había enviado previamente dos mil tropas adicionales a El Roble estaba a horcajadas en la ruta del tráfico de drogas.
Antes de matarlo, los asesinos de Díaz le hicieron firmar varias órdenes de pago autorizando proyectos de obras públicas en El Roble, otro modo en que los paramilitares pudieron hacerse con el dinero del pueblo.
"Al final, obtuvieron lo que querían", dijo su hijo. "Pero primero tuvieron que matarlo".
chris.kraul@latimes.com
2 de junio de 2007
30 de mayo de 2007
©los angeles times 
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