el falsificador del informe rettig
[Fred Bennets] La mano negra de Gonzalo Vial en el Informe Rettig. Falsificador de la historia. Las maniobras para ocultar en el Informe Rettig la responsabilidad de la Armada.
El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria del Mundo, de la Unesco, se comprometió a "preservar y difundir documentos que ayudarán a Chile y a otros países a entender y superar un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos humanos". Pero no está cumpliendo sus obligaciones frente a la comunidad internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Los sucesivos gobiernos democráticos han permitido que un proceso de encubrimiento que se inició en la propia Comisión Rettig continúe hasta hoy.
Se ha revelado recientemente un caso paradigmático de ese proceso. Centrado en la V Región, sus implicaciones son nacionales e involucra a:
• La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig). A pesar de su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos envenenados. Uno de sus comisionados la utilizó para manipular informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían haberse denunciado a la justicia y reducir a la mitad el número de víctimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión.
• La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe de la Comisión, del año 1986, hizo un balance de los detenidos desaparecidos en la V Región, identificándolos a partir de entrevistas con familiares. Una copia fue entregada a la Comisión Rettig en 1990. Poco después, las restantes copias fueron robadas. El Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región, pese a que el Informe de la CCHDH -al cual el Informe Rettig no hizo referencia- los había cifrado en 89.
Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de ocultar son el hallazgo reciente de cuerpos de personas asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada, que nunca habían sido "contabilizadas" oficialmente.
En cuanto a la Comisión Rettig, no se puede culpar a sus miembros de no identificar públicamente a los responsables de los crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo, tenían la obligación de denunciar a la justicia a esos responsables, pero no lo hicieron. Permitieron, además, que un comisionado actuara en forma desleal, en connivencia con el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez Busch.
El protagonista principal del encubrimiento es Gonzalo Vial Correa, miembro de la Comisión Rettig. La prueba de su culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado en el Archivo Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, abogado responsable del equipo investigador de la V Región, que fue sometido a extensa manipulación antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la autoría de Gonzalo Vial Correa.
En una entrevista antes que fuera encontrado su informe en el Archivo Rettig, el abogado Aylwin dijo que se sintió "deslegitimado" por el comisionado que revisó su texto. No quiso identificarlo, alegando razones de ética profesional.
El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la Armada, indicando que habían respondido a todas las solicitudes de la Comisión y enviado material "de gran utilidad". Para no poner en duda esa afirmación fue necesario suprimir una parte del texto del abogado Aylwin, que decía justo lo contrario. Aún más grave: se hizo desaparecer el acta de una entrevista en que el capitán de navío Carlos Fanta denunció actos que comprometían a la Armada. Los antecedentes expuestos en otra acta, inculpatorios del almirante (r) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la Comisión y hasta el día de hoy no han sido transferidos a la justicia.
Gonzalo Vial Correa es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los redactores del Libro Blanco del régimen militar, que adujo entre las justificaciones del golpe de 1973 la existencia del legendario Plan Z: se basaba en documentación espuria facilitada por la Armada. Más tarde Vial fue designado ministro de Educación del gobierno militar. Su inclusión por el presidente Aylwin en la Comisión Rettig se debió a motivos políticos, para complacer al comandante en Jefe del ejército, Pinochet, quien más tarde, haciendo referencia a los miembros de la Comisión, diría: "El único que se salva es Gonzalo Vial".
Con tales antecedentes, resulta particularmente difícil entender cómo Gonzalo Vial pudo también ser nombrado, en 1999, en la mesa de diálogo, a no ser que la invitación fuera atribuible al papel de la Armada para promover esa iniciativa. Vial, que había ocultado información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial de la mesa de diálogo debía ser "...ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor número de detenidos desaparecidos que sea posible... Y respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron".
Aún más incongruente fue la designación de Gonzalo Vial por el presidente de la República en el Consejo de Defensa del Estado. Esa entidad tiene la misión de contribuir "a la mantención del Estado de derecho y defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile". Como abogado consejero fue inamovible en el cargo hasta cumplir 75 años, en 2005.
Hoy Vial es profesor de historia de Chile en la Universidad Finis Terrae, vinculada con el fundamentalismo católico de los Legionarios de Cristo. Además, entre otras actividades, es columnista de La Segunda. Ese diario hace pocos meses publicó un extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los textos que componían el Informe era de la autoría de dos personas, una de ellas, Gonzalo Vial.
Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurí-dica la que guarda celosamente el Archivo Rettig y sólo proporciona una documentación selectiva a sus colegas del Programa de Derechos Humanos (PDH). En consecuencia, el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la documentación relevante sobre los casos de violación de derechos humanos.
A este respecto las denuncias ante sucesivos subsecretarios del Interior no han surtido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias presentadas ante la conservadora del Archivo Nacional, que custodia otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente. En carta fechada 5 de noviembre de 2005 a los familiares del padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo: "En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación (Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la carta que usted ha hecho llegar al Archivo Nacional".
Textos Manipulados
Señalamos aquí únicamente los cambios al informe del abogado Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial Correa. Otros cambios, realizados por uno de los ex abogados de la Comisión, sólo tenían como fin pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del Informe.
Los cambios señalados no se pueden explicar por una eventual falta de antecedentes. Son, como resulta evidente, burdas manipulaciones realizadas a un texto que exponía datos comprobados por un equipo profesional. Su fin sólo podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en la V Región.
Las falsificaciones empiezan en el primer párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región, el abogado Aylwin había escrito: "...se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes". En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente: "...la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes".
Más adelante se encuentra un rotundo "NO" escrito a mano al lado de la siguiente frase del abogado Aylwin: "...contrario a lo sostenido por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela ‘Esmeralda' también sirvió como lugar de detención". La frase no apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada.
En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin escribió: "En este campo... se vivió por parte de los detenidos la aplicación de un verdadero estado de guerra". Este comentario hizo que el comisionado que revisó su texto cuestionara ese "calificativo". El informe final no incluyó esa frase -tan significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de Ginebra-. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin había redactado sobre la aplicación de la "ley de fuga". Este terminaba con la frase: "Se conocieron en la Región cuarenta casos de muerte que se pueden incluir en esta categoría".
El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin en el último párrafo de su texto de la siguiente forma: "...falleció a causa de un ‘paro cardio-respiratorio', producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval reconoció su detención; se acreditó el hecho de haber sido torturado; fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de Abrigo, lugar donde tuvo que dársele atención médica por parte de un médico de la Armada".
En el Informe Rettig, sin embargo, se lee: "....falleció a causa de un ‘paro cardio-respiratorio', producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención".
El hecho de que fuera eliminado el párrafo que empieza con "...la autoridad naval reconoció..." adquiere un significado especial al conocerse las peripecias (referidas arriba) por las que pasaron las dos actas en que se basaba. Esas actas, hasta hoy, no han sido entregadas en su forma original a la justicia.
El resto del material que se ha encontrado en el Archivo Nacional es información entregada a la Comisión Rettig por la Vicaría de la Solidaridad, actuando como coordinadora de varias organizaciones de derechos humanos en ocho ciudades de la Región. Incluye datos precisos sobre los responsables de la muerte o desaparición de víctimas. Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la mayoría de los casos, "se sugiere a la Comisión lo siguiente" seguido por peticiones que debían ser dirigidas a las autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago ofrece a la Comisión "los documentos jurídicos que los fundamentan", ninguna de las denuncias fue entregada a la justicia. Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, antiguo presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desaparecidos, en colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificadas nada menos que 89 personas. Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990 y, poco después, las restantes copias fueron robadas al ser saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados la totalidad de los archivos de la CCHDH, incluidos expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los Juzgados Navales. En ese entonces se sospechó que los responsables estaban vinculados a la propia CCHDH. Hoy, conociendo la presencia en la Comisión Rettig del comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis.
Crímenes Constitucionales de la Armada
Los datos ‘oficiales' de las víctimas en la V Región que fueron reconocidos por el Estado provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Admiten como detenidos desaparecidos sólo a 36 personas.
En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado que la cifra real es muchísimo más elevada. Así se desprende de otros informes que han sido deliberadamente ocultados, del reciente hallazgo de cuerpos de personas asesinadas y no "contabilizadas", de las declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros cuerpos y de la propia documentación de la Armada.
En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue destruido "en la época del almirante Merino". Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a disciplina militar.
Los cuerpos de los ejecutados y detenidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por varias alternativas. En cada caso, como se demuestra más abajo, las acciones criminales eran sistemáticas y la responsabilidad institucional de la Armada era clara. Los altos mandos necesariamente estaban involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la Dina -que dio resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y en el sumario A-637 de la Justicia Naval-.
En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la falsificación de certificados de defunción y de inscripciones en el Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.
En el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, ocultar los cuerpos resultó más fácil. Muchos fueron enterrados clandestinamente en el cementerio de Playa Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en el cementerio.
El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero, dio testimonio judicial en enero de 2007: en dos ocasiones fue obligado a acompañar a varios marinos que descargaron cuerpos en el cuartel 14 del cementerio. Con los marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. Habían muerto por impactos de bala y uno aún sangraba.
No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. A pesar que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo, durante unas excavaciones aparecieron osamentas de quince cuerpos sin identificar. Se apreciaba en dos de los cráneos impacto de bala y se encontró una vainilla.
La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas pero, por descuido, cuando los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no fueron informados de la declaración del nuevo testigo sobre los entierros en la zona colindante ni se les entregó una declaración formal del administrador del cementerio sobre el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas.
En resumen, no sólo se ha permitido la falsificación de la historia sino que, a cambio de ventajas políticas de corto plazo, se ha permitido que el falsificador penetre en el corazón de las instituciones democráticas.
El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria del Mundo, de la Unesco, se comprometió a "preservar y difundir documentos que ayudarán a Chile y a otros países a entender y superar un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos humanos". Pero no está cumpliendo sus obligaciones frente a la comunidad internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Los sucesivos gobiernos democráticos han permitido que un proceso de encubrimiento que se inició en la propia Comisión Rettig continúe hasta hoy.Se ha revelado recientemente un caso paradigmático de ese proceso. Centrado en la V Región, sus implicaciones son nacionales e involucra a:
• La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig). A pesar de su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos envenenados. Uno de sus comisionados la utilizó para manipular informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían haberse denunciado a la justicia y reducir a la mitad el número de víctimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión.
• La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe de la Comisión, del año 1986, hizo un balance de los detenidos desaparecidos en la V Región, identificándolos a partir de entrevistas con familiares. Una copia fue entregada a la Comisión Rettig en 1990. Poco después, las restantes copias fueron robadas. El Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región, pese a que el Informe de la CCHDH -al cual el Informe Rettig no hizo referencia- los había cifrado en 89.
Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de ocultar son el hallazgo reciente de cuerpos de personas asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada, que nunca habían sido "contabilizadas" oficialmente.
En cuanto a la Comisión Rettig, no se puede culpar a sus miembros de no identificar públicamente a los responsables de los crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo, tenían la obligación de denunciar a la justicia a esos responsables, pero no lo hicieron. Permitieron, además, que un comisionado actuara en forma desleal, en connivencia con el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez Busch.
El protagonista principal del encubrimiento es Gonzalo Vial Correa, miembro de la Comisión Rettig. La prueba de su culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado en el Archivo Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, abogado responsable del equipo investigador de la V Región, que fue sometido a extensa manipulación antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la autoría de Gonzalo Vial Correa.
En una entrevista antes que fuera encontrado su informe en el Archivo Rettig, el abogado Aylwin dijo que se sintió "deslegitimado" por el comisionado que revisó su texto. No quiso identificarlo, alegando razones de ética profesional.
El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la Armada, indicando que habían respondido a todas las solicitudes de la Comisión y enviado material "de gran utilidad". Para no poner en duda esa afirmación fue necesario suprimir una parte del texto del abogado Aylwin, que decía justo lo contrario. Aún más grave: se hizo desaparecer el acta de una entrevista en que el capitán de navío Carlos Fanta denunció actos que comprometían a la Armada. Los antecedentes expuestos en otra acta, inculpatorios del almirante (r) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la Comisión y hasta el día de hoy no han sido transferidos a la justicia.
Gonzalo Vial Correa es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los redactores del Libro Blanco del régimen militar, que adujo entre las justificaciones del golpe de 1973 la existencia del legendario Plan Z: se basaba en documentación espuria facilitada por la Armada. Más tarde Vial fue designado ministro de Educación del gobierno militar. Su inclusión por el presidente Aylwin en la Comisión Rettig se debió a motivos políticos, para complacer al comandante en Jefe del ejército, Pinochet, quien más tarde, haciendo referencia a los miembros de la Comisión, diría: "El único que se salva es Gonzalo Vial".
Con tales antecedentes, resulta particularmente difícil entender cómo Gonzalo Vial pudo también ser nombrado, en 1999, en la mesa de diálogo, a no ser que la invitación fuera atribuible al papel de la Armada para promover esa iniciativa. Vial, que había ocultado información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial de la mesa de diálogo debía ser "...ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor número de detenidos desaparecidos que sea posible... Y respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron".
Aún más incongruente fue la designación de Gonzalo Vial por el presidente de la República en el Consejo de Defensa del Estado. Esa entidad tiene la misión de contribuir "a la mantención del Estado de derecho y defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile". Como abogado consejero fue inamovible en el cargo hasta cumplir 75 años, en 2005.
Hoy Vial es profesor de historia de Chile en la Universidad Finis Terrae, vinculada con el fundamentalismo católico de los Legionarios de Cristo. Además, entre otras actividades, es columnista de La Segunda. Ese diario hace pocos meses publicó un extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los textos que componían el Informe era de la autoría de dos personas, una de ellas, Gonzalo Vial.
Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurí-dica la que guarda celosamente el Archivo Rettig y sólo proporciona una documentación selectiva a sus colegas del Programa de Derechos Humanos (PDH). En consecuencia, el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la documentación relevante sobre los casos de violación de derechos humanos.
A este respecto las denuncias ante sucesivos subsecretarios del Interior no han surtido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias presentadas ante la conservadora del Archivo Nacional, que custodia otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente. En carta fechada 5 de noviembre de 2005 a los familiares del padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo: "En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación (Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la carta que usted ha hecho llegar al Archivo Nacional".
Textos Manipulados
Señalamos aquí únicamente los cambios al informe del abogado Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial Correa. Otros cambios, realizados por uno de los ex abogados de la Comisión, sólo tenían como fin pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del Informe.
Los cambios señalados no se pueden explicar por una eventual falta de antecedentes. Son, como resulta evidente, burdas manipulaciones realizadas a un texto que exponía datos comprobados por un equipo profesional. Su fin sólo podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en la V Región.
Las falsificaciones empiezan en el primer párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región, el abogado Aylwin había escrito: "...se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes". En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente: "...la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes".
Más adelante se encuentra un rotundo "NO" escrito a mano al lado de la siguiente frase del abogado Aylwin: "...contrario a lo sostenido por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela ‘Esmeralda' también sirvió como lugar de detención". La frase no apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada.
En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin escribió: "En este campo... se vivió por parte de los detenidos la aplicación de un verdadero estado de guerra". Este comentario hizo que el comisionado que revisó su texto cuestionara ese "calificativo". El informe final no incluyó esa frase -tan significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de Ginebra-. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin había redactado sobre la aplicación de la "ley de fuga". Este terminaba con la frase: "Se conocieron en la Región cuarenta casos de muerte que se pueden incluir en esta categoría".
El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin en el último párrafo de su texto de la siguiente forma: "...falleció a causa de un ‘paro cardio-respiratorio', producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval reconoció su detención; se acreditó el hecho de haber sido torturado; fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de Abrigo, lugar donde tuvo que dársele atención médica por parte de un médico de la Armada".
En el Informe Rettig, sin embargo, se lee: "....falleció a causa de un ‘paro cardio-respiratorio', producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención".
El hecho de que fuera eliminado el párrafo que empieza con "...la autoridad naval reconoció..." adquiere un significado especial al conocerse las peripecias (referidas arriba) por las que pasaron las dos actas en que se basaba. Esas actas, hasta hoy, no han sido entregadas en su forma original a la justicia.
El resto del material que se ha encontrado en el Archivo Nacional es información entregada a la Comisión Rettig por la Vicaría de la Solidaridad, actuando como coordinadora de varias organizaciones de derechos humanos en ocho ciudades de la Región. Incluye datos precisos sobre los responsables de la muerte o desaparición de víctimas. Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la mayoría de los casos, "se sugiere a la Comisión lo siguiente" seguido por peticiones que debían ser dirigidas a las autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago ofrece a la Comisión "los documentos jurídicos que los fundamentan", ninguna de las denuncias fue entregada a la justicia. Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, antiguo presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desaparecidos, en colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificadas nada menos que 89 personas. Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990 y, poco después, las restantes copias fueron robadas al ser saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados la totalidad de los archivos de la CCHDH, incluidos expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los Juzgados Navales. En ese entonces se sospechó que los responsables estaban vinculados a la propia CCHDH. Hoy, conociendo la presencia en la Comisión Rettig del comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis.
Crímenes Constitucionales de la Armada
Los datos ‘oficiales' de las víctimas en la V Región que fueron reconocidos por el Estado provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Admiten como detenidos desaparecidos sólo a 36 personas.
En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado que la cifra real es muchísimo más elevada. Así se desprende de otros informes que han sido deliberadamente ocultados, del reciente hallazgo de cuerpos de personas asesinadas y no "contabilizadas", de las declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros cuerpos y de la propia documentación de la Armada.
En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue destruido "en la época del almirante Merino". Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a disciplina militar.
Los cuerpos de los ejecutados y detenidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por varias alternativas. En cada caso, como se demuestra más abajo, las acciones criminales eran sistemáticas y la responsabilidad institucional de la Armada era clara. Los altos mandos necesariamente estaban involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la Dina -que dio resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y en el sumario A-637 de la Justicia Naval-.
En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la falsificación de certificados de defunción y de inscripciones en el Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.
En el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, ocultar los cuerpos resultó más fácil. Muchos fueron enterrados clandestinamente en el cementerio de Playa Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en el cementerio.
El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero, dio testimonio judicial en enero de 2007: en dos ocasiones fue obligado a acompañar a varios marinos que descargaron cuerpos en el cuartel 14 del cementerio. Con los marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. Habían muerto por impactos de bala y uno aún sangraba.
No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. A pesar que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo, durante unas excavaciones aparecieron osamentas de quince cuerpos sin identificar. Se apreciaba en dos de los cráneos impacto de bala y se encontró una vainilla.
La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas pero, por descuido, cuando los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no fueron informados de la declaración del nuevo testigo sobre los entierros en la zona colindante ni se les entregó una declaración formal del administrador del cementerio sobre el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas.
En resumen, no sólo se ha permitido la falsificación de la historia sino que, a cambio de ventajas políticas de corto plazo, se ha permitido que el falsificador penetre en el corazón de las instituciones democráticas.
Fred Bennets, licenciado en historia por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos del Reino Unido, España y Portugal. Su esposa, Patricia, hermana del padre Miguel Woodward asesinado en Valparaíso en septiembre de 1973, colabora con Amnistía Internacional.
3 de junio de 2007
20 de abril de 2007
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