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investigarán espionaje social


[Alejandra Dandan] El fiscal también quiere investigar. Espionaje ilegal a organismos y referentes sociales.
Mar del Plata, Argentina. Daniel Adler, uno de los fiscales de Mar del Plata que recibió el informe de inteligencia, decidió abrir una investigación para determinar su origen y los responsables de su confección.
Luego de la publicación de Página/12 sobre el espionaje ilegal a referentes de organismos sociales y de derechos humanos, el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler decidió promover una investigación por la comisión de un posible delito de violación a la ley de seguridad interior que comenzaría hoy mismo. Un ex fiscal federal, nombrado y denunciado varias veces por ex detenidos políticos y sobrevivientes en las audiencias del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, aparece comprometido en el caso.
La causa del espionaje ilegal se conoció la semana pasada por una denuncia de abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En una conferencia de prensa dieron a conocer informes que mezclaban a las Madres de Plaza de Mayo y referentes de organizaciones sociales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el narcoterrorismo. La pesquisa está prohibida por las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional y que se hicieron "con el pretexto del combate al narcoterrorismo", dijo el abogado José Schulman.
La Liga cuestionó no sólo el espionaje, sino también el uso de la información, porque los fiscales que la recibieron no la desestimaron ni promovieron inmediatamente una investigación sobre los autores. Entre ellos se encuentra justamente Daniel Adler, que recibió un informe en Mar del Plata y lo envió a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro), de Alberto Gentili, que a su vez volvió a hacer circular la información.
Ahora las responsabilidades de los fiscales serán materia de una investigación. Pero, mientras tanto, comenzaron a aparecer datos sobre el origen de esos informes.
Uno de los orígenes sería un abogado influyente en Mar del Plata, fiscal entre 1974 y junio de 1976, Gustavo Modesto Demarchi. Según dos fuentes con llegada directa a la investigación, esa persona le entregó personalmente el informe a Adler, por razones que ahora deberán ser estudiadas. El propio Demarchi, en diálogo con este diario, reconoció ayer haber entregado el informe, pero dijo que se había limitado a "bajarlo de Internet".
Demarchi fue fiscal federal en Mar del Plata durante el gobierno de Isabel Perón, y mientras comenzaban a operar en el país los grupos de la ultraderechista Triple A, la organización terrorista de José López Rega. De acuerdo con los testimonios que se escucharon en la sala donde se llevan las audiencias del Juicio por la Verdad, su nombre apareció en varios testimonios, en ocasiones vinculado a la poderosa CNU (Concentración Nacional Universitaria). Demarchi lo negó cuantas veces pudo, pero la Justicia no lo investiga por eso, sino para determinar si su rol de fiscal garantizó a los grupos de tareas locales operar con impunidad. Para una fuente de la Justicia, "el tema no es si perteneció a la CNU o no, sino el rol que tuvo como fiscal en la comisión de la investigación de los delitos de la Triple A porque paradójicamente en su actuación ponía penas altísimas por hechos de ‘violencia de izquierda' y la violencia de derecha no la investigaba para nada. Si había un muerto con veinte balazos, proponía sobreseimientos".
Uno de los principales testimonios que se oyeron este año y que apuntaron a Demarchi en los juicios fue el del abogado Eduardo Soares, un ex militante de Montoneros. En la audiencia del 5 de marzo lo presentó nada menos que como el jefe de la temible CNU, la organización de derecha que está investigada como brazo político y operativo de la Triple A en Mar del Plata. Soares es una de las personas que integra uno de los informes que denunció la Liga por los Derechos del Hombre. "Esto es la confirmación de una serie de cosas que vienen pasando, ahora ve la hilacha", dijo a Página/12 el abogado de los organismos locales César Sivo. "Se está instalando un culto contra el movimiento popular so pretexto del combate a la droga y narcoterrorismo", dijo Schulman. "No está mal que los fiscales hagan sus deberes, que es lo primero que deben hacer cuando estos delitos llegan a su conocimiento, pero vamos a insistir en la cuestión global más que en lo puntual. Tenemos la certeza de que prácticas como éstas son sólo una muestra de que las cosas continúan."

23 de julio de 2007
©página 12
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