qué dice la constitución sobre iraq
[Mario M. Cuomo] El Congreso y los tribunales deben retornar al poder legislativo la autoridad exclusiva para declarar la guerra.
Pese a que la mayoría de los estadounidenses quieren que termine, la guerra en Iraq continúa y todos los días hay allá estadounidenses que son asesinados, mutilados o heridos, cuando las mayorías demócratas en el Congreso luchan por introducir leyes que saquen a nuestras tropas del peligro. Entretanto, el presidente Bush continúa insistiendo en que como comandante en jefe, tiene la autoridad constitucional para declarar la guerra y decidir cuándo ponerle fin, unilateralmente. Al mismo tiempo, asoma otro posible desastre: Parece que Bush está sopesando un asalto militar contra Irán, de nuevo, aparentemente, sin que el Congreso declare primero la guerra.
¿Cómo llegamos a este punto y qué, si acaso, podemos hacer ahora?
La guerra ocurrió porque cuando Bush dio a conocer primero sus intenciones de declarar la guerra a Iraq, el Congreso se negó a insistir en la implementación del Artículo 1, Capítulo 8 de la Constitución. Durante más de doscientos años, este artículo ha determinado que el Congreso -no el presidente- tengan "la autoridad de declarar la guerra". Debido a que la Constitución no puede ser corregida por la evasión persistente, este mandato constitucional no fue anulado por las acciones de los tímidos congresos de después de la Segunda Guerra Mundial que permitió a presidentes ansiosos empezar guerras en Vietnam y en otros países sin una ‘declaración' del Congreso.
Tampoco fueron las débiles, post-factum declaraciones de congresistas expresando su apoyo a la invasión de Iraq -en 2001 y 2002- substitutos de la declaración de guerra formal que exigían los padres fundadores.
¿Qué se puede hacer ahora?
Primero, los demócratas deben dejar en claro que es el presidente el que impide que termine la guerra de Iraq. Incluso si el Congreso fuera capaz de aprobar una ley a prueba de vetos con respecto a la retirada, el presidente podría resistir su puesta en práctica insistiendo en que como comandante en jefe, es inmune ante decisiones del Congreso. Eso podría significar un problema constitucional para los tribunales.
Pero a juzgar por la historia de los tribunales en cuanto a los poderes constitucionales para declara la guerra, incluyendo disposiciones sobre la guerra de Iraq en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Massachusetts, el poder judicial decidiría probablemente no intervenir, argumentando que el desacuerdo entre el presidente y el Congreso es un asunto político.
Sin embargo, la tesis de la cuestión política no es mencionada en ninguna parte en la Constitución, y niega al pueblo la protección de la Constitución en cuanto a la pregunta quizás más seria que debe hacerse el país: "¿Deberíamos declarar la guerra?" Esa posición debería ser rechazada por ser una abdicación del deber constitucional de los tribunales, pero la triste verdad es que la actual Corte Suprema controlada por los conservadores probablemente respaldaría a nuestro actual presidente conservador. En concreto, eso significa que solamente el presidente puede terminar o cambiar nuestra estrategia en Iraq.
Inclusive si es demasiado tarde para que el Congreso remedie su incumplimiento de la Constitución con respecto a Iraq, lo que menos pueden hacer nuestros candidatos a presidente y nuestros líderes en el Congreso es prometernos que no permitirán que este lapso resulte en más actos de guerra unilaterales -contra Irán, Pakistán u otro país- por este u otro presidente. Nuestros legisladores deben dejar en claro que en el futuro, el Congreso insistirá en el cumplimiento del Artículo I, Capítulo 8 por las acciones militares que no son consideradas una emergencia inesperada.
Es aterrador que nuestro gobierno haya permitido que esta fundamental y cara transgresión persistiera durante más de cuatro años.
Debemos hacer lo que podemos para poner fin a la guerra en Iraq y evitar una nueva tragedia en el extranjero volviendo a la estricta adherencia del presidente al imperio de la ley y a la Constitución, al Congreso y a los tribunales -especialmente con respecto a los poderes de guerra.
Pese a que la mayoría de los estadounidenses quieren que termine, la guerra en Iraq continúa y todos los días hay allá estadounidenses que son asesinados, mutilados o heridos, cuando las mayorías demócratas en el Congreso luchan por introducir leyes que saquen a nuestras tropas del peligro. Entretanto, el presidente Bush continúa insistiendo en que como comandante en jefe, tiene la autoridad constitucional para declarar la guerra y decidir cuándo ponerle fin, unilateralmente. Al mismo tiempo, asoma otro posible desastre: Parece que Bush está sopesando un asalto militar contra Irán, de nuevo, aparentemente, sin que el Congreso declare primero la guerra.¿Cómo llegamos a este punto y qué, si acaso, podemos hacer ahora?
La guerra ocurrió porque cuando Bush dio a conocer primero sus intenciones de declarar la guerra a Iraq, el Congreso se negó a insistir en la implementación del Artículo 1, Capítulo 8 de la Constitución. Durante más de doscientos años, este artículo ha determinado que el Congreso -no el presidente- tengan "la autoridad de declarar la guerra". Debido a que la Constitución no puede ser corregida por la evasión persistente, este mandato constitucional no fue anulado por las acciones de los tímidos congresos de después de la Segunda Guerra Mundial que permitió a presidentes ansiosos empezar guerras en Vietnam y en otros países sin una ‘declaración' del Congreso.
Tampoco fueron las débiles, post-factum declaraciones de congresistas expresando su apoyo a la invasión de Iraq -en 2001 y 2002- substitutos de la declaración de guerra formal que exigían los padres fundadores.
¿Qué se puede hacer ahora?
Primero, los demócratas deben dejar en claro que es el presidente el que impide que termine la guerra de Iraq. Incluso si el Congreso fuera capaz de aprobar una ley a prueba de vetos con respecto a la retirada, el presidente podría resistir su puesta en práctica insistiendo en que como comandante en jefe, es inmune ante decisiones del Congreso. Eso podría significar un problema constitucional para los tribunales.
Pero a juzgar por la historia de los tribunales en cuanto a los poderes constitucionales para declara la guerra, incluyendo disposiciones sobre la guerra de Iraq en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Massachusetts, el poder judicial decidiría probablemente no intervenir, argumentando que el desacuerdo entre el presidente y el Congreso es un asunto político.
Sin embargo, la tesis de la cuestión política no es mencionada en ninguna parte en la Constitución, y niega al pueblo la protección de la Constitución en cuanto a la pregunta quizás más seria que debe hacerse el país: "¿Deberíamos declarar la guerra?" Esa posición debería ser rechazada por ser una abdicación del deber constitucional de los tribunales, pero la triste verdad es que la actual Corte Suprema controlada por los conservadores probablemente respaldaría a nuestro actual presidente conservador. En concreto, eso significa que solamente el presidente puede terminar o cambiar nuestra estrategia en Iraq.
Inclusive si es demasiado tarde para que el Congreso remedie su incumplimiento de la Constitución con respecto a Iraq, lo que menos pueden hacer nuestros candidatos a presidente y nuestros líderes en el Congreso es prometernos que no permitirán que este lapso resulte en más actos de guerra unilaterales -contra Irán, Pakistán u otro país- por este u otro presidente. Nuestros legisladores deben dejar en claro que en el futuro, el Congreso insistirá en el cumplimiento del Artículo I, Capítulo 8 por las acciones militares que no son consideradas una emergencia inesperada.
Es aterrador que nuestro gobierno haya permitido que esta fundamental y cara transgresión persistiera durante más de cuatro años.
Debemos hacer lo que podemos para poner fin a la guerra en Iraq y evitar una nueva tragedia en el extranjero volviendo a la estricta adherencia del presidente al imperio de la ley y a la Constitución, al Congreso y a los tribunales -especialmente con respecto a los poderes de guerra.
Mario M. Cuomo fue gobernador de Nueva York de 1983 a 1995; ahora tiene un bufete de abogados.
5 de septiembre de 2007
3 de septiembre de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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