narcos infiltran fuerzas armadas
[Juan Forero] Oficiales colombianos proporcionaron informaciones secretas en naves de la armada norteamericana.
Bogotá, Colombia. Una investigación del ministerio de Defensa colombiano detectó que grupos de narcotraficantes y rebeldes del grupo guerrillero más importante del país infiltraron a los militares apoyados por Estados Unidos aquí, pagando a oficiales de alto rango a cambio de información clasificada que les permitió eludir la captura y seguir traficando cocaína.
La información obtenida por el poderoso cartel Norte del Valle incluía el posicionamiento secreto de buques de guerra y aviones norteamericanos en el Caribe a principios del año pasado, parte de una red cuidadosamente coordinada destinada a impedir que la cocaína llegara a Estados Unidos, de acuerdo a oficiales alto rango de las fuerzas armadas colombianas. El cartel es encabezado por Diego Montoya, que está en la lista de fugitivos más buscados del FBI.
Separadamente, rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] obtuvieron informes sobre operaciones del ejército contra comandantes de la guerrilla en el extremo sur del país, dijeron oficiales. El general Freddy Padilla, jefe de las fuerzas armadas, dijo en una entrevista que la mayor parte de la información que se filtró era de 2003 o antes.
Los episodios, algunos de los cuales han sido descritos el mes pasado en la prensa colombiana, representan los casos más graves de infiltración aquí en los últimos años y un golpe para unas fuerzas armadas que dependen de fondos y adiestramiento estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado a Colombia 5.4 billones de dólares, la mayor parte en ayuda militar esta década, convirtiendo al país en el mayor receptor de ayuda norteamericana fuera de Oriente Medio y Afganistán, y ayudando a hacer de las fuerzas armadas colombianas la segunda fuerza en América Latina.
En entrevistas, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los comandantes de las fuerzas armadas dijeron que estas infracciones fueron descubiertas por operativos del contraespionaje militar y que las evidencias fueron entregadas al despacho del procurador general, que ha iniciado una serie de investigaciones. Mientras otros casos de infiltración han sido descubiertos en el pasado, los oficiales sugirieron que este tipo de casos a menudo no son investigados propiamente.
"Desde el principio dije que teníamos que ver lo infiltrados que estábamos", dijo Santos, un civil que ha dirigido el ministerio de Defensa en los últimos quince meses. "La situación es de penetración en algunos sectores de las fuerzas armadas, y es un pequeño porcentaje de las fuerzas. No podemos decir que se trate de algo generalizado".
Santos también dijo que ha despedido a unos 150 oficiales durante su mandato, muchos de ellos sospechosos de corrupción o de lazos con los narcotraficantes o con grupos armados ilegales. Dijo que los detectives continúan buscando topos en el ministerio.
De momento, se ha detenido a dos tenientes coroneles del ejército, así como a cuatro mayores y un suboficial. También renunciaron dos generales del ejército de la Tercera División del ejército en Cali, donde según los investigadores los narcotraficantes han forjado estrechos lazos con oficiales corruptos. En la armada, el contraalmirante Gabriel Arango ha sido despedido, dicen oficiales, y está siendo investigado junto a otros diez oficiales navales.
Adam Isacson, que estudia a los militares colombianos para el Centro de Relaciones Internacional de Washington [Center for International Policy], dijo que los militares deberían ser alabados por revelar la corrupción. Pero dijo que el escándalo probablemente daría más influencia a los demócratas en el Capitolio, que han estado demandando cortes en la ayuda militar a Colombia.
"Esta nueva racha de acusaciones de corrupción", dijo, "dará más combustible a la oposición en el Congreso aquí en Washington".
El caso de Arango, un prometedor comandante en el puerto caribeño de Cartagena, ha concentrado aquí la mayor parte de la atención. Cuando en enero de 2006 la guardia costera colombiana interceptó una lancha pesquera utilizada para transportar cocaína, en una región controlada por Arango, los detectives descubrieron a bordo cartas de navegación que indicaban no solamente la posición de los buques norteamericanos, sino además la de los buques de guerra de Gran Bretaña, Holanda y Colombia.
Los investigadores dijeron que parte de la información útil para los narcotraficantes fue entregada por un ex marino de la armada que sirvió de intermediario, Víctor Palmera, que fue detenido la semana pasada. Pero se dice que los lazos de Arango con los narcotraficantes eran estrechos. Los investigadores dijeron que descubrieron que Arango había entregado un recibo con su huella dactilar de un pago de 115 mil dólares que recibió de traficantes de Norte del Valle, un método habitual de cimentar lealtades en el hampa colombiana. También se reunió con narcotraficantes o hizo que otros asociados suyos se reunieran con ellos, han dicho testigos. Arango ha negado vehementemente haber colaborado con los traficantes.
Las autoridades colombianas han entregado sus hallazgos, especialmente las cartas de navegación, al Departamento de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration] y otras agencias norteamericanas. Las fuerzas armadas colombianas no controlan las coordenadas de los buques norteamericanos, holandeses o británicos que patrullan la zona, sugiriendo que hubo una filtración en la seguridad norteamericana.
La embajada norteamericana en Bogotá se negó a comentar el caso.
En el Comando Sur en Florida, la sede de las operaciones militares norteamericanas en América Latina, un portavoz dijo que las fuerzas armadas no tenían información sobre ninguna investigación de las acusaciones. El portavoz, José Ruiz, dijo que las medidas de seguridad eran estrictas en el destacamento antinarcóticos en Key West, Florida, que coordina la lucha antinarcóticos en el Caribe para Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Colombia.
El Destacamento Conjunto Sur, o JIATF-S [Joint Interagency Task Force-South], depende del ministerio de Defensa. "El JIATF-S tiene medidas de seguridad muy rigurosas y efectivas", dijo Ruiz, "y hoy no tenemos motivo para creer que esas medidas de seguridad se han visto comprometidas".
Mientras los traficantes en la costa recibían informaciones detalladas, oficiales de alto rango en el sudoeste de Colombia estaban presuntamente en la planilla de pago del cartel de Montoya, según los fiscales. Entre esos oficiales se encuentra el teniente coronel Javier Escobar, que fue jefe de operaciones de la Tercera Brigada de la Tercera División en Cali, dicen funcionarios del ministerio de Defensa.
La investigación sobre las actividades de los oficiales renegados de la Tercera División ha arrojado luces sobre un turbio episodio en 2006 que indignó a personeros colombianos y planteó dudas entre los legisladores norteamericanos. El 22 de mayo un pelotón emboscó y mató a diez miembros de un equipo de elite de policías adiestrados por Estados Unidos que participaban en una operación antinarcóticos en la ciudad de Jamundi.
Ahora las autoridades dicen que el coronel de ejército Bayron Carvajal y varios soldados -que fueron todos arrestados el año pasado- estaban probablemente trabajando para el cartel de Norte del Valle. "Puedes dar por sentado que Jamundi está conectado a la infiltración de la Tercera Brigada", dijo Santos, "debido a dónde pasó, debido a los lazos con los narcotraficantes".
Los militares también descubrieron que un guerrillero que murió en combate en el estado de Meta al sur del país en julio había estado transportando discos duros portátiles que contenían mapas con descripciones de operaciones contra la guerrilla y otras informaciones sobre Omega, una operación destinada a capturar a comandantes de la guerrilla.
El Tiempo, el más influyente diario colombiano, dijo en un editorial que las revelaciones demostraban que la inteligencia y el contraespionaje se habían convertido en "el flanco más débil" en los esfuerzos de Colombia para luchar contra la guerrilla y los narcotraficantes.
Los oficiales reconocieron las preocupaciones, pero dijeron que la reestructuración del aparato militar de inteligencia todavía estaba en curso. "Empezamos hace más de nueve meses a reestructurar el contraespionaje y fue debido a que estábamos reestructurándolo, debido a que estábamos fortaleciendo al contraespionaje que pudimos descubrir todo esto", dijo Santos.
Bogotá, Colombia. Una investigación del ministerio de Defensa colombiano detectó que grupos de narcotraficantes y rebeldes del grupo guerrillero más importante del país infiltraron a los militares apoyados por Estados Unidos aquí, pagando a oficiales de alto rango a cambio de información clasificada que les permitió eludir la captura y seguir traficando cocaína.La información obtenida por el poderoso cartel Norte del Valle incluía el posicionamiento secreto de buques de guerra y aviones norteamericanos en el Caribe a principios del año pasado, parte de una red cuidadosamente coordinada destinada a impedir que la cocaína llegara a Estados Unidos, de acuerdo a oficiales alto rango de las fuerzas armadas colombianas. El cartel es encabezado por Diego Montoya, que está en la lista de fugitivos más buscados del FBI.
Separadamente, rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] obtuvieron informes sobre operaciones del ejército contra comandantes de la guerrilla en el extremo sur del país, dijeron oficiales. El general Freddy Padilla, jefe de las fuerzas armadas, dijo en una entrevista que la mayor parte de la información que se filtró era de 2003 o antes.
Los episodios, algunos de los cuales han sido descritos el mes pasado en la prensa colombiana, representan los casos más graves de infiltración aquí en los últimos años y un golpe para unas fuerzas armadas que dependen de fondos y adiestramiento estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado a Colombia 5.4 billones de dólares, la mayor parte en ayuda militar esta década, convirtiendo al país en el mayor receptor de ayuda norteamericana fuera de Oriente Medio y Afganistán, y ayudando a hacer de las fuerzas armadas colombianas la segunda fuerza en América Latina.
En entrevistas, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los comandantes de las fuerzas armadas dijeron que estas infracciones fueron descubiertas por operativos del contraespionaje militar y que las evidencias fueron entregadas al despacho del procurador general, que ha iniciado una serie de investigaciones. Mientras otros casos de infiltración han sido descubiertos en el pasado, los oficiales sugirieron que este tipo de casos a menudo no son investigados propiamente.
"Desde el principio dije que teníamos que ver lo infiltrados que estábamos", dijo Santos, un civil que ha dirigido el ministerio de Defensa en los últimos quince meses. "La situación es de penetración en algunos sectores de las fuerzas armadas, y es un pequeño porcentaje de las fuerzas. No podemos decir que se trate de algo generalizado".
Santos también dijo que ha despedido a unos 150 oficiales durante su mandato, muchos de ellos sospechosos de corrupción o de lazos con los narcotraficantes o con grupos armados ilegales. Dijo que los detectives continúan buscando topos en el ministerio.
De momento, se ha detenido a dos tenientes coroneles del ejército, así como a cuatro mayores y un suboficial. También renunciaron dos generales del ejército de la Tercera División del ejército en Cali, donde según los investigadores los narcotraficantes han forjado estrechos lazos con oficiales corruptos. En la armada, el contraalmirante Gabriel Arango ha sido despedido, dicen oficiales, y está siendo investigado junto a otros diez oficiales navales.
Adam Isacson, que estudia a los militares colombianos para el Centro de Relaciones Internacional de Washington [Center for International Policy], dijo que los militares deberían ser alabados por revelar la corrupción. Pero dijo que el escándalo probablemente daría más influencia a los demócratas en el Capitolio, que han estado demandando cortes en la ayuda militar a Colombia.
"Esta nueva racha de acusaciones de corrupción", dijo, "dará más combustible a la oposición en el Congreso aquí en Washington".
El caso de Arango, un prometedor comandante en el puerto caribeño de Cartagena, ha concentrado aquí la mayor parte de la atención. Cuando en enero de 2006 la guardia costera colombiana interceptó una lancha pesquera utilizada para transportar cocaína, en una región controlada por Arango, los detectives descubrieron a bordo cartas de navegación que indicaban no solamente la posición de los buques norteamericanos, sino además la de los buques de guerra de Gran Bretaña, Holanda y Colombia.
Los investigadores dijeron que parte de la información útil para los narcotraficantes fue entregada por un ex marino de la armada que sirvió de intermediario, Víctor Palmera, que fue detenido la semana pasada. Pero se dice que los lazos de Arango con los narcotraficantes eran estrechos. Los investigadores dijeron que descubrieron que Arango había entregado un recibo con su huella dactilar de un pago de 115 mil dólares que recibió de traficantes de Norte del Valle, un método habitual de cimentar lealtades en el hampa colombiana. También se reunió con narcotraficantes o hizo que otros asociados suyos se reunieran con ellos, han dicho testigos. Arango ha negado vehementemente haber colaborado con los traficantes.
Las autoridades colombianas han entregado sus hallazgos, especialmente las cartas de navegación, al Departamento de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration] y otras agencias norteamericanas. Las fuerzas armadas colombianas no controlan las coordenadas de los buques norteamericanos, holandeses o británicos que patrullan la zona, sugiriendo que hubo una filtración en la seguridad norteamericana.
La embajada norteamericana en Bogotá se negó a comentar el caso.
En el Comando Sur en Florida, la sede de las operaciones militares norteamericanas en América Latina, un portavoz dijo que las fuerzas armadas no tenían información sobre ninguna investigación de las acusaciones. El portavoz, José Ruiz, dijo que las medidas de seguridad eran estrictas en el destacamento antinarcóticos en Key West, Florida, que coordina la lucha antinarcóticos en el Caribe para Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Colombia.
El Destacamento Conjunto Sur, o JIATF-S [Joint Interagency Task Force-South], depende del ministerio de Defensa. "El JIATF-S tiene medidas de seguridad muy rigurosas y efectivas", dijo Ruiz, "y hoy no tenemos motivo para creer que esas medidas de seguridad se han visto comprometidas".
Mientras los traficantes en la costa recibían informaciones detalladas, oficiales de alto rango en el sudoeste de Colombia estaban presuntamente en la planilla de pago del cartel de Montoya, según los fiscales. Entre esos oficiales se encuentra el teniente coronel Javier Escobar, que fue jefe de operaciones de la Tercera Brigada de la Tercera División en Cali, dicen funcionarios del ministerio de Defensa.
La investigación sobre las actividades de los oficiales renegados de la Tercera División ha arrojado luces sobre un turbio episodio en 2006 que indignó a personeros colombianos y planteó dudas entre los legisladores norteamericanos. El 22 de mayo un pelotón emboscó y mató a diez miembros de un equipo de elite de policías adiestrados por Estados Unidos que participaban en una operación antinarcóticos en la ciudad de Jamundi.
Ahora las autoridades dicen que el coronel de ejército Bayron Carvajal y varios soldados -que fueron todos arrestados el año pasado- estaban probablemente trabajando para el cartel de Norte del Valle. "Puedes dar por sentado que Jamundi está conectado a la infiltración de la Tercera Brigada", dijo Santos, "debido a dónde pasó, debido a los lazos con los narcotraficantes".
Los militares también descubrieron que un guerrillero que murió en combate en el estado de Meta al sur del país en julio había estado transportando discos duros portátiles que contenían mapas con descripciones de operaciones contra la guerrilla y otras informaciones sobre Omega, una operación destinada a capturar a comandantes de la guerrilla.
El Tiempo, el más influyente diario colombiano, dijo en un editorial que las revelaciones demostraban que la inteligencia y el contraespionaje se habían convertido en "el flanco más débil" en los esfuerzos de Colombia para luchar contra la guerrilla y los narcotraficantes.
Los oficiales reconocieron las preocupaciones, pero dijeron que la reestructuración del aparato militar de inteligencia todavía estaba en curso. "Empezamos hace más de nueve meses a reestructurar el contraespionaje y fue debido a que estábamos reestructurándolo, debido a que estábamos fortaleciendo al contraespionaje que pudimos descubrir todo esto", dijo Santos.
9 de septiembre de 2007
©washington post 
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