paramilitares se reagrupan en colombia
[Juan Forero] Milicias paramilitares se reagrupan y forman pandillas criminales.
Bogotá, Colombia. El comercio de la cocaína en Colombia no ha sido nunca controlado por un solo elenco de personajes.
En los años ochenta, Pablo Escobar y otros llamativos cowboys de la cocaína, manejando miles de millones de dólares y ejércitos de asesinos a sueldo, casi puso de rodillas al estado. Sus muertes dieron paso a grupos más discretos, los llamados baby cartels, que encargaban a pandillas externas cosas como el transporte de drogas y asesinatos. Entonces apareció una milicia paramilitar que dependía de la cocaína para financiar su guerra contra los rebeldes marxistas, una violenta fase que el gobierno dice que terminó con el desarme de las milicias el año pasado.
Ahora, en la última fase del incesante comercio de drogas de Colombia, nuevas pandillas criminales, dirigidas por comandantes paramilitares de nivel medio, han emergido en casi la mitad de los 32 estados colombianos. Las autoridades aquí estiman que los grupos -inmersos en la violencia y equipados como ejércitos- tienen una fuerza combinada de entre tres a cinco mil miembros. Se cree que casi el 17 por ciento de ellos son antiguos miembros de los paramilitares.
Su emergencia -descrita en entrevistas en dos regiones fuertemente afectadas por el tráfico de drogas y en informes recientes de la Organización de Estados Americanos, el gobierno colombiano y Naciones Unidas- está socavando la desmovilización que según las autoridades ha permitido retirar de una larga y turbia guerra a 32 mil milicianos.
"El peligro es que estos grupos tengan una enorme fuente de ingresos que proviene del narcotráfico y les permite desarrollarse, reclutar hombres y continuar dominando a la población", dice Sergio Caramagna, jefe del equipo de la OEA que supervisó el proceso de desarme durante tres años.
El documento de la OEA y otros informes concluyen que los nuevos grupos no tienen un comando central o el alcance nacional ni los objetivos políticos de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, la poderosa coalición de grupos paramilitares que fue oficialmente desmovilizada. Esa organización, conocida por las iniciales españolas AUC, trabajaba estrechamente con unidades del ejército colombiano y políticos corruptos para combatir el apoyo a las guerrillas de izquierda, lanzando campañas que terminaron con el asesinato de miles de civiles.
El objetivo central de los nuevos grupos es controlar el lucrativo tráfico de drogas de Colombia, y atacan a los individuos o grupos que encuentran en su camino. Al mismo tiempo, algunos de esos grupos están usando las mismas tácticas por las que eran conocidos los grupos militares: atacar a las guerrillas y activistas de derechos humanos y expulsar a los campesinos de las tierras agrícolas.
Los analistas políticos dicen que la emergencia de los grupos se explica porque el gobierno no logró identificar a los comandantes de niveles medios, algunos de los cuales se hicieron pasar por milicianos corrientes durante las ceremonias de desmovilización.
Decenas, si no cientos, de esos comandantes de nivel medio vieron la oportunidad de obtener el poder e influencia que nunca tuvieron, dice Iván Duque, ex comandante paramilitar, y Rafael García, ex operativo de inteligencia condenado por colaborar con los grupos paramilitares. Esos comandantes fueron capaces de dirigirse a los milicianos ordinarios que nunca vieron nada del estipendio del gobierno ni de los talleres que se formaron con el desarme como una alternativa viable a seguir delinquiendo.
"Estos tipos no saben hacer nada, excepto disparar y matar gente", dijo García. "Y si no encuentran trabajo, seguirán haciendo lo que saben hacer".
En el estado de César, al nordeste del país, donde políticos y milicianos paramilitares formaron una alianza para apoderarse de las arcas estatales y manipular las elecciones, poco parece haber cambiado. Después de la desmovilización de las AUC, un grupo que se llama a sí mismo Águilas Negras ingresó, en diciembre de 2005, a la parte sur del estado con 150 hombres fuertemente armados para cometer masacres en varios poblados.
Los informes muestran que ese y otros grupos han asumido, desde entonces, el control de la lucrativa línea de cocaína a través de la porosa frontera venezolana. Como las AUC, los nuevos grupos han tratado de influir en la política de la región en anticipación de las elecciones locales este próximo mes, dijo Alejandra Barrios, director de la Misión de Observación Electoral de Bogotá, que supervisa las elecciones. En agosto asesinaron a un políticos, y otros han sido amenazados.
"Los llaman grupos nuevos, pero para mí son los mismos grupos de antes: lo nuevo es su nombre", dijo Alfonso Palacio, un candidato a alcalde en el pueblo de La Jagua, que dice que ha sido atacado por esos grupos.
Funcionarios de gobierno dicen que el porcentaje de ex combatientes de las AUC en los nuevos grupos, es bajo. Y el general Óscar Naranjo, jefe de la Policía Nacional, dijo en una entrevista que, desde marzo de 2006, la policía, el ejército y los fiscales federales han arrestado a 1700 milicianos. "Para nosotros, combatir y neutralizar a esos hombres, es una prioridad".
Funcionarios estadounidenses, aunque reconocen el problema, dicen que los nuevos grupos no pueden compararse con las AUC antiguas, que según el gobierno de Bush fueron desmanteladas con la ayuda norteamericana.
"Obviamente es desalentador que no se desmovilice todo el mundo o que los grupos continúen traficando drogas y atacando a personas en Colombia", dijo por teléfono desde Washington John P. Walters, director de antinarcóticos de la Casa Blanca. "Pero, por otro lado, el gran logro fue reducir el poder y la capacidad de los grupos que estaban operando antes del proceso de desmovilización".
Rafael Pardo, escritor y ex senador colombiano, dice que el gobierno ha subestimado la naturaleza del peligro. Él y otros han dicho que el porcentaje de ex milicianos paramilitares en los grupos emergentes puede ser mucho más alto que lo que dice el gobierno, porque es probable que las AUC no llegaran en realidad nunca a los 32 mil miembros.
Entretanto, el Grupo Internacional de Crisis, una organización de Bruselas que estudia conflictos en todo el mundo, dijo en un largo informe que en algunos casos el compromiso de las fuerzas gubernamentales en la lucha contra estos grupos han sido bajo debido a la corrupción, relacionada con las drogas, o debido a que la prioridad sigue siendo el combate contra las guerrillas.
"La nueva generación de paramilitares es la nueva cara del negocio del narcotráfico y la transformación de los paramilitares en una organización dedicada exclusivamente al narcotráfico", dijo Jeremy McDemott, autor del informe del Grupo Crisis. "Pero es igualmente peligroso para las instituciones porque el poder corruptivo del tráfico de drogas es tan relevante como siempre".
Los desarrollos están siendo observados estrechamente por los demócratas y algunos republicanos en Washington, que han detenido el tratado de libre comercio con Colombia debido a preocupaciones por violaciones de derechos y lo que dicen que ha sido un proceso de desmovilización defectuoso.
"La idea de la desmovilización era buena, pero el hecho de que ellos pudieran reagruparse tan fácilmente y obtener armas, creo que es inquietante", dijo el senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), que preside el subcomité de asignaciones del Senado para operaciones en el exterior.
Entre las regiones más problemáticas se encuentra el ralamente poblado estado de Nariño, al sudoeste del país. Allá han emergido nuevos grupos que luchan por el control de las rutas de transporte de la cocaína al tiempo que amenazan los derechos de los trabajadores y los líderes indígenas, a los que acusan de tener lazos con los rebeldes. "Quieren intimidarnos, hacernos callar porque estamos luchando por nuestros derechos", dijo Robinson Pai, líder de la comunidad awa.
Aunque 689 milicianos de una unidad paramilitar conocida como los Libertadores del Sur se desmovilizaron el 30 de julio de 2005, investigadores de la OEA constataron pocos cambios en la dinámica del conflicto en Nariño. El número de homicidios se disparó de 491 en 2004 a 797 en 2006.
En entrevistas en las onduladas montañas en los alrededores de la ciudad de Egido, funcionarios y campesinos pobres dijeron que los grupos son conocidos bajo varios nombres: Nueva Generación, Águilas Negras, la Mano Negra y los Machos. Pero se cree que sus líderes, quizás más que en otros lugares, siguen siendo los antiguos comandantes paramilitares.
Un poderoso señor de la guerra, Carlos Mario Jiménez, había participado en la desmovilización, pero las autoridades lo acusaron de que continuaba dirigiendo desde la cárcel a los grupos paramilitares. El presidente Álvaro Uribe puso fin hace poco a los privilegios especiales que le habrían permitido recibir una sentencia leve si confesaba sus crímenes, y ahora Estados Unidos se está preparando para pedir su extradición.
"El gobierno insiste en que los paramilitares se han desmovilizado y no siguen operando", dijo Nancy Villota, una abogado de uno de los principales grupos de derechos humanos de Nariño. "Nuestra experiencia muestra que no han vuelto simplemente porque nunca se han marchado a ninguna parte. Han estado siempre aquí".
Bogotá, Colombia. El comercio de la cocaína en Colombia no ha sido nunca controlado por un solo elenco de personajes.En los años ochenta, Pablo Escobar y otros llamativos cowboys de la cocaína, manejando miles de millones de dólares y ejércitos de asesinos a sueldo, casi puso de rodillas al estado. Sus muertes dieron paso a grupos más discretos, los llamados baby cartels, que encargaban a pandillas externas cosas como el transporte de drogas y asesinatos. Entonces apareció una milicia paramilitar que dependía de la cocaína para financiar su guerra contra los rebeldes marxistas, una violenta fase que el gobierno dice que terminó con el desarme de las milicias el año pasado.
Ahora, en la última fase del incesante comercio de drogas de Colombia, nuevas pandillas criminales, dirigidas por comandantes paramilitares de nivel medio, han emergido en casi la mitad de los 32 estados colombianos. Las autoridades aquí estiman que los grupos -inmersos en la violencia y equipados como ejércitos- tienen una fuerza combinada de entre tres a cinco mil miembros. Se cree que casi el 17 por ciento de ellos son antiguos miembros de los paramilitares.
Su emergencia -descrita en entrevistas en dos regiones fuertemente afectadas por el tráfico de drogas y en informes recientes de la Organización de Estados Americanos, el gobierno colombiano y Naciones Unidas- está socavando la desmovilización que según las autoridades ha permitido retirar de una larga y turbia guerra a 32 mil milicianos.
"El peligro es que estos grupos tengan una enorme fuente de ingresos que proviene del narcotráfico y les permite desarrollarse, reclutar hombres y continuar dominando a la población", dice Sergio Caramagna, jefe del equipo de la OEA que supervisó el proceso de desarme durante tres años.
El documento de la OEA y otros informes concluyen que los nuevos grupos no tienen un comando central o el alcance nacional ni los objetivos políticos de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, la poderosa coalición de grupos paramilitares que fue oficialmente desmovilizada. Esa organización, conocida por las iniciales españolas AUC, trabajaba estrechamente con unidades del ejército colombiano y políticos corruptos para combatir el apoyo a las guerrillas de izquierda, lanzando campañas que terminaron con el asesinato de miles de civiles.
El objetivo central de los nuevos grupos es controlar el lucrativo tráfico de drogas de Colombia, y atacan a los individuos o grupos que encuentran en su camino. Al mismo tiempo, algunos de esos grupos están usando las mismas tácticas por las que eran conocidos los grupos militares: atacar a las guerrillas y activistas de derechos humanos y expulsar a los campesinos de las tierras agrícolas.
Los analistas políticos dicen que la emergencia de los grupos se explica porque el gobierno no logró identificar a los comandantes de niveles medios, algunos de los cuales se hicieron pasar por milicianos corrientes durante las ceremonias de desmovilización.
Decenas, si no cientos, de esos comandantes de nivel medio vieron la oportunidad de obtener el poder e influencia que nunca tuvieron, dice Iván Duque, ex comandante paramilitar, y Rafael García, ex operativo de inteligencia condenado por colaborar con los grupos paramilitares. Esos comandantes fueron capaces de dirigirse a los milicianos ordinarios que nunca vieron nada del estipendio del gobierno ni de los talleres que se formaron con el desarme como una alternativa viable a seguir delinquiendo.
"Estos tipos no saben hacer nada, excepto disparar y matar gente", dijo García. "Y si no encuentran trabajo, seguirán haciendo lo que saben hacer".
En el estado de César, al nordeste del país, donde políticos y milicianos paramilitares formaron una alianza para apoderarse de las arcas estatales y manipular las elecciones, poco parece haber cambiado. Después de la desmovilización de las AUC, un grupo que se llama a sí mismo Águilas Negras ingresó, en diciembre de 2005, a la parte sur del estado con 150 hombres fuertemente armados para cometer masacres en varios poblados.
Los informes muestran que ese y otros grupos han asumido, desde entonces, el control de la lucrativa línea de cocaína a través de la porosa frontera venezolana. Como las AUC, los nuevos grupos han tratado de influir en la política de la región en anticipación de las elecciones locales este próximo mes, dijo Alejandra Barrios, director de la Misión de Observación Electoral de Bogotá, que supervisa las elecciones. En agosto asesinaron a un políticos, y otros han sido amenazados.
"Los llaman grupos nuevos, pero para mí son los mismos grupos de antes: lo nuevo es su nombre", dijo Alfonso Palacio, un candidato a alcalde en el pueblo de La Jagua, que dice que ha sido atacado por esos grupos.
Funcionarios de gobierno dicen que el porcentaje de ex combatientes de las AUC en los nuevos grupos, es bajo. Y el general Óscar Naranjo, jefe de la Policía Nacional, dijo en una entrevista que, desde marzo de 2006, la policía, el ejército y los fiscales federales han arrestado a 1700 milicianos. "Para nosotros, combatir y neutralizar a esos hombres, es una prioridad".
Funcionarios estadounidenses, aunque reconocen el problema, dicen que los nuevos grupos no pueden compararse con las AUC antiguas, que según el gobierno de Bush fueron desmanteladas con la ayuda norteamericana.
"Obviamente es desalentador que no se desmovilice todo el mundo o que los grupos continúen traficando drogas y atacando a personas en Colombia", dijo por teléfono desde Washington John P. Walters, director de antinarcóticos de la Casa Blanca. "Pero, por otro lado, el gran logro fue reducir el poder y la capacidad de los grupos que estaban operando antes del proceso de desmovilización".
Rafael Pardo, escritor y ex senador colombiano, dice que el gobierno ha subestimado la naturaleza del peligro. Él y otros han dicho que el porcentaje de ex milicianos paramilitares en los grupos emergentes puede ser mucho más alto que lo que dice el gobierno, porque es probable que las AUC no llegaran en realidad nunca a los 32 mil miembros.
Entretanto, el Grupo Internacional de Crisis, una organización de Bruselas que estudia conflictos en todo el mundo, dijo en un largo informe que en algunos casos el compromiso de las fuerzas gubernamentales en la lucha contra estos grupos han sido bajo debido a la corrupción, relacionada con las drogas, o debido a que la prioridad sigue siendo el combate contra las guerrillas.
"La nueva generación de paramilitares es la nueva cara del negocio del narcotráfico y la transformación de los paramilitares en una organización dedicada exclusivamente al narcotráfico", dijo Jeremy McDemott, autor del informe del Grupo Crisis. "Pero es igualmente peligroso para las instituciones porque el poder corruptivo del tráfico de drogas es tan relevante como siempre".
Los desarrollos están siendo observados estrechamente por los demócratas y algunos republicanos en Washington, que han detenido el tratado de libre comercio con Colombia debido a preocupaciones por violaciones de derechos y lo que dicen que ha sido un proceso de desmovilización defectuoso.
"La idea de la desmovilización era buena, pero el hecho de que ellos pudieran reagruparse tan fácilmente y obtener armas, creo que es inquietante", dijo el senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), que preside el subcomité de asignaciones del Senado para operaciones en el exterior.
Entre las regiones más problemáticas se encuentra el ralamente poblado estado de Nariño, al sudoeste del país. Allá han emergido nuevos grupos que luchan por el control de las rutas de transporte de la cocaína al tiempo que amenazan los derechos de los trabajadores y los líderes indígenas, a los que acusan de tener lazos con los rebeldes. "Quieren intimidarnos, hacernos callar porque estamos luchando por nuestros derechos", dijo Robinson Pai, líder de la comunidad awa.
Aunque 689 milicianos de una unidad paramilitar conocida como los Libertadores del Sur se desmovilizaron el 30 de julio de 2005, investigadores de la OEA constataron pocos cambios en la dinámica del conflicto en Nariño. El número de homicidios se disparó de 491 en 2004 a 797 en 2006.
En entrevistas en las onduladas montañas en los alrededores de la ciudad de Egido, funcionarios y campesinos pobres dijeron que los grupos son conocidos bajo varios nombres: Nueva Generación, Águilas Negras, la Mano Negra y los Machos. Pero se cree que sus líderes, quizás más que en otros lugares, siguen siendo los antiguos comandantes paramilitares.
Un poderoso señor de la guerra, Carlos Mario Jiménez, había participado en la desmovilización, pero las autoridades lo acusaron de que continuaba dirigiendo desde la cárcel a los grupos paramilitares. El presidente Álvaro Uribe puso fin hace poco a los privilegios especiales que le habrían permitido recibir una sentencia leve si confesaba sus crímenes, y ahora Estados Unidos se está preparando para pedir su extradición.
"El gobierno insiste en que los paramilitares se han desmovilizado y no siguen operando", dijo Nancy Villota, una abogado de uno de los principales grupos de derechos humanos de Nariño. "Nuestra experiencia muestra que no han vuelto simplemente porque nunca se han marchado a ninguna parte. Han estado siempre aquí".
15 de septiembre de 2007
5 de septiembre de 2007
©washington post
©traducción mQh
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