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cámara sobre asesinato de frei


Cámara analizó en sesión especial muerte de ex presidente Frei.
Valparaíso, Santiago. En una sesión especial, a la que concurrió el presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz Tagle, la Cámara de Diputados discutió las implicancias de la investigación por la muerte de su padre, el ex mandatario Eduardo Frei Montalva, ocurrida en enero de 1982.
Al inicio de la reunión, y tras la exposición del caso por parte del diputado socialista Juan Bustos, su correligionaria Denise Pascal señaló que el ex presidente fue asesinado, basándose en todas las pruebas y antecedentes que existen.
Los mismos planteamientos los formularon otros diputados de las bancadas oficialistas, como el DC Gabriel Ascencio, mientras congresistas de oposición llamaron a respetar la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, el independiente PPD Tucapel Jiménez, a través de una carta leída por Ramón Farías, indicó que tanto la muerte de su padre, Tucapel Jiménez Alfaro, dirigente de la ANEF asesinado en febrero de 1982, como la de Frei Montalva, estaban insertas en una política de exterminio de líderes opositores al régimen militar.
Al finalizar la sesión, los parlamentarios aprobaron un proyecto de acuerdo en que piden a la presidenta Michelle Bachelet que reoriente el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, actualmente en comisión mixta, de acuerdo a lo aprobado por la Cámara, es decir, para que sea un ente autónomo con capacidad de presentar demandas en los tribunales por violaciones a los derechos humanos.
Adicionalmente, el texto solicita a la Corte Suprema que entregue más recursos a los ministros de Cortes de Apelaciones que llevan causas de derechos humanos, y que tengan dedicación exclusiva. También demanda a la Policía de Investigaciones que haga lo propio con la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.
En la sesión también se debatió ampliamente la muerte de Luis Almonacid Arellano, dirigente comunista muerto en dictadura. Luego que la justicia chilena aplicara la Ley de Amnistía, la familia acudió a la Corte Americana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Chile seguir investigando y castigar a los responsables.
En este punto, el acuerdo de la Cámara pide a la presidenta fortalecer las medidas preventivas y legislativas para cumplir el fallo del caso Almonacid y demanda ratificar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentran pendientes.
Asimismo, pide otorgar urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito la obstrucción a la justicia cometida por terceros y averiguar las responsabilidades civiles en el uso de gastos reservados para realizar ejecuciones de adversarios políticos y eludir la acción de la justicia.

10 de octubre de 2007
©la nación
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