políticas de inmigración
Chile debe proteger a sus inmigrantes. Interesante editorial de El Mercurio, Chile.
Antecedentes recientes recogidos por este diario muestran aumentos en la inmigración al territorio nacional, con dos tercios de los inmigrantes provenientes de los países fronterizos y un creciente número de residentes ilegales, muy difícil de cuantificar con certeza: pocos reconocen esa condición, y es corriente que vivan de manera encubierta. Por eso, en EE.UU. las presunciones sobre número de ilegales varían entre 12 millones, según el censo, y 36 millones, según estimaciones de autoridades y otras fuentes.
El aumento de la inmigración en Chile es explicable, mas no lo es la ausencia de definiciones oficiales claras en este rubro. Nuestro país ofrece estabilidad y oportunidades de bienestar a los extranjeros, hay demanda insatisfecha por mano de obra no calificada, espacio para nuevos negocios y tecnologías importadas, baja tasa de natalidad, debilidades en los controles fronterizos, falta de políticas definidas en esta materia y burocracia que dificulta el otorgamiento de los permisos de residencia a los extranjeros.
En general, los países intentan infructuosa y equivocadamente regular la inmigración, por lo general debido a presiones nacionalistas internas derivadas de la resistencia a la competencia laboral de los extranjeros. Tal argumento raramente se esgrime en forma pública, y se prefiere fundar las restricciones a los inmigrantes en la necesidad de selectividad, para evitar el ingreso de narcotraficantes, terroristas y delincuentes foráneos.
No se discuten esos riesgos, y de allí la necesidad de fortalecer el control de la frontera. Pero con el argumento del peligro de ingreso de delincuentes se ignora el cúmulo de aspectos positivos del grueso de la inmigración que han favorecido la modernización y el crecimiento de las naciones. Peor aún, las dificultades burocráticas para regularizar las actividades de los extranjeros los exponen a abusos, aislamiento y desprotección de derechos esenciales. Se los transforma en causa de competencia desleal y, excepcionalmente, se los empuja a la delincuencia, por las dificultades para trabajar legalmente.
En Chile parece no haber políticas sobre inmigración en general, y es claro que no las hay para la inmigración selectiva, como ocurrió en el siglo XIX, para atraer colonos y artistas, académicos y científicos de valía. Se han perdido sucesivas oportunidades para hacerlo durante el colapso de los regímenes comunistas de Europa Central y la guerra de los Balcanes. Más aún, profesionales, estudiantes, comerciantes e inversionistas extranjeros que desean instalarse en el país son víctimas de meses de tramitaciones de sus autorizaciones de residencias temporales, para luego cobrarles impuestos redoblados, por sus rentas chilenas y también por sus pensiones y ahorros anteriores en el extranjero.
Pero no todo es negativo en este campo: comienza a tomar cuerpo la conveniencia de dar amnistía a los inmigrantes ilegales, bajo ciertas condiciones, y está en descubierto la urgente necesidad de agilizar y objetivizar los trámites burocráticos. También los fondos públicos para ciencia y tecnología podrían permitir la incorporación de académicos y científicos a las investigaciones y la enseñanza en Chile. Deberían contemplarse instancias de reclamación por discriminaciones a los inmigrantes, estimular el ingreso de quienes vienen con conocimientos y recursos para desarrollar el país, eliminar su doble tributación y, lo más importante, definir políticas transparentes que terminen con la discrecionalidad y el poder funcionario actual sobre las solicitudes de residencia.
Antecedentes recientes recogidos por este diario muestran aumentos en la inmigración al territorio nacional, con dos tercios de los inmigrantes provenientes de los países fronterizos y un creciente número de residentes ilegales, muy difícil de cuantificar con certeza: pocos reconocen esa condición, y es corriente que vivan de manera encubierta. Por eso, en EE.UU. las presunciones sobre número de ilegales varían entre 12 millones, según el censo, y 36 millones, según estimaciones de autoridades y otras fuentes.El aumento de la inmigración en Chile es explicable, mas no lo es la ausencia de definiciones oficiales claras en este rubro. Nuestro país ofrece estabilidad y oportunidades de bienestar a los extranjeros, hay demanda insatisfecha por mano de obra no calificada, espacio para nuevos negocios y tecnologías importadas, baja tasa de natalidad, debilidades en los controles fronterizos, falta de políticas definidas en esta materia y burocracia que dificulta el otorgamiento de los permisos de residencia a los extranjeros.
En general, los países intentan infructuosa y equivocadamente regular la inmigración, por lo general debido a presiones nacionalistas internas derivadas de la resistencia a la competencia laboral de los extranjeros. Tal argumento raramente se esgrime en forma pública, y se prefiere fundar las restricciones a los inmigrantes en la necesidad de selectividad, para evitar el ingreso de narcotraficantes, terroristas y delincuentes foráneos.
No se discuten esos riesgos, y de allí la necesidad de fortalecer el control de la frontera. Pero con el argumento del peligro de ingreso de delincuentes se ignora el cúmulo de aspectos positivos del grueso de la inmigración que han favorecido la modernización y el crecimiento de las naciones. Peor aún, las dificultades burocráticas para regularizar las actividades de los extranjeros los exponen a abusos, aislamiento y desprotección de derechos esenciales. Se los transforma en causa de competencia desleal y, excepcionalmente, se los empuja a la delincuencia, por las dificultades para trabajar legalmente.
En Chile parece no haber políticas sobre inmigración en general, y es claro que no las hay para la inmigración selectiva, como ocurrió en el siglo XIX, para atraer colonos y artistas, académicos y científicos de valía. Se han perdido sucesivas oportunidades para hacerlo durante el colapso de los regímenes comunistas de Europa Central y la guerra de los Balcanes. Más aún, profesionales, estudiantes, comerciantes e inversionistas extranjeros que desean instalarse en el país son víctimas de meses de tramitaciones de sus autorizaciones de residencias temporales, para luego cobrarles impuestos redoblados, por sus rentas chilenas y también por sus pensiones y ahorros anteriores en el extranjero.
Pero no todo es negativo en este campo: comienza a tomar cuerpo la conveniencia de dar amnistía a los inmigrantes ilegales, bajo ciertas condiciones, y está en descubierto la urgente necesidad de agilizar y objetivizar los trámites burocráticos. También los fondos públicos para ciencia y tecnología podrían permitir la incorporación de académicos y científicos a las investigaciones y la enseñanza en Chile. Deberían contemplarse instancias de reclamación por discriminaciones a los inmigrantes, estimular el ingreso de quienes vienen con conocimientos y recursos para desarrollar el país, eliminar su doble tributación y, lo más importante, definir políticas transparentes que terminen con la discrecionalidad y el poder funcionario actual sobre las solicitudes de residencia.
17 de octubre de 2007
©el mercurio 
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