argentina legisla sobre desaparición
[Miguel Jorquera] La Cámara de Diputados dio media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Hasta ahora se juzga como privación de la libertad.
Argentina. "Es una deuda pendiente que venimos a saldar", dijo la diputada kirchnerista Rosario Romero. Por 167 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Por la noche, los diputados convirtieron en ley otra iniciativa vinculada con los crímenes de la dictadura: la ratificación del tratado sobre el mismo delito de desaparición forzada.
Consensuado entre los diferentes bloques, organismos del Estado y organizaciones de derechos humanos, el proyecto de incorporación de la desaparición al Código establece la pena de ‘prisión o reclusión perpetua' para los agentes del Estado que "actuando con la autorización o apoyo del Estado" priven de la libertad a otras personas. La norma también deja a consideración de los jueces la reducción de la pena –de 8 a 20 años de prisión o reclusión– para los arrepentidos que proporcionen información que permita la efectiva aparición con vida de la víctima. La única disidencia fue de la bancada macrista, que pedía extender la penalización del delito a los ‘grupos terroristas'.
Encargada de abrir el debate, Romero fue la presidenta de la Comisión de Legislación Penal y una de las legisladoras que redactó el proyecto: "Si hoy tuviéramos que juzgar a una persona acusada de hacer desaparecer a otra, tendríamos que remitirnos a los delitos establecidos en el Código Penal: la privación ilegítima de la libertad. Por eso proponemos incorporar al Código Penal un artículo que establezca la desaparición forzada de personas y sus penas", dijo escuetamente Romero, que detalló los aspectos técnicos de la norma.
En la iniciativa se afirma que "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización o apoyo del Estado prive de la libertad a una o más personas". Y que "la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida".
Este último punto quedará a consideración de los propios jueces, que tampoco podrán archivar las causas hasta que no se esclarezca la desaparición forzada. El juez, también –de oficio o a pedido de parte– "deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucradas como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha".
El también kirchnerista Remo Carlotto reivindicó el acuerdo logrado entre los distintos bloques y planteó que "tenemos un compañero desaparecido: Jorge Julio López", en referencia al testigo clave en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz.
La mayoría de las bancadas opositoras adhirieron al proyecto, después que el oficialismo abrió paso al debate en las comisiones y terminó de consensuar las distintas propuestas. La arista Marcela Rodríguez valoró que el oficialismo abriera el debate para presentar un dictamen unificado y que "la incorporación de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos se adoptara como política de Estado". En el mismo sentido se pronunciaron el socialismo y el radicalismo. "Este dictamen es radicalmente distinto y saldó los cuestionamientos éticos y jurídicos", dijo la radical santafesina Alicia Tate sobre el consenso logrado.
La diputada de Recrear, Nora Ginzburg, en cambio, recurrió al Tratado de Roma y las experiencias de Colombia y Perú para reclamar que la penalización alcance también a las "organizaciones terroristas" y volvió sobre los ejemplos de las Farc colombianas y a la desmantelada guerrilla peruana de Sendero Luminoso. Federico Pinedo, jefe de la bancada macrista, dijo que "compartía el espíritu del proyecto que se estaba votando" pero que respaldaría la propuesta de Ginzburg. El ex zamorista Carlos Tinnerello le salió al cruce: "Hay algunos legisladores que todavía reivindican la teoría de los dos demonios desconociendo nuestra propia experiencia", sentenció.
Argentina. "Es una deuda pendiente que venimos a saldar", dijo la diputada kirchnerista Rosario Romero. Por 167 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Por la noche, los diputados convirtieron en ley otra iniciativa vinculada con los crímenes de la dictadura: la ratificación del tratado sobre el mismo delito de desaparición forzada.Consensuado entre los diferentes bloques, organismos del Estado y organizaciones de derechos humanos, el proyecto de incorporación de la desaparición al Código establece la pena de ‘prisión o reclusión perpetua' para los agentes del Estado que "actuando con la autorización o apoyo del Estado" priven de la libertad a otras personas. La norma también deja a consideración de los jueces la reducción de la pena –de 8 a 20 años de prisión o reclusión– para los arrepentidos que proporcionen información que permita la efectiva aparición con vida de la víctima. La única disidencia fue de la bancada macrista, que pedía extender la penalización del delito a los ‘grupos terroristas'.
Encargada de abrir el debate, Romero fue la presidenta de la Comisión de Legislación Penal y una de las legisladoras que redactó el proyecto: "Si hoy tuviéramos que juzgar a una persona acusada de hacer desaparecer a otra, tendríamos que remitirnos a los delitos establecidos en el Código Penal: la privación ilegítima de la libertad. Por eso proponemos incorporar al Código Penal un artículo que establezca la desaparición forzada de personas y sus penas", dijo escuetamente Romero, que detalló los aspectos técnicos de la norma.
En la iniciativa se afirma que "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización o apoyo del Estado prive de la libertad a una o más personas". Y que "la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida".
Este último punto quedará a consideración de los propios jueces, que tampoco podrán archivar las causas hasta que no se esclarezca la desaparición forzada. El juez, también –de oficio o a pedido de parte– "deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucradas como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha".
El también kirchnerista Remo Carlotto reivindicó el acuerdo logrado entre los distintos bloques y planteó que "tenemos un compañero desaparecido: Jorge Julio López", en referencia al testigo clave en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz.
La mayoría de las bancadas opositoras adhirieron al proyecto, después que el oficialismo abrió paso al debate en las comisiones y terminó de consensuar las distintas propuestas. La arista Marcela Rodríguez valoró que el oficialismo abriera el debate para presentar un dictamen unificado y que "la incorporación de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos se adoptara como política de Estado". En el mismo sentido se pronunciaron el socialismo y el radicalismo. "Este dictamen es radicalmente distinto y saldó los cuestionamientos éticos y jurídicos", dijo la radical santafesina Alicia Tate sobre el consenso logrado.
La diputada de Recrear, Nora Ginzburg, en cambio, recurrió al Tratado de Roma y las experiencias de Colombia y Perú para reclamar que la penalización alcance también a las "organizaciones terroristas" y volvió sobre los ejemplos de las Farc colombianas y a la desmantelada guerrilla peruana de Sendero Luminoso. Federico Pinedo, jefe de la bancada macrista, dijo que "compartía el espíritu del proyecto que se estaba votando" pero que respaldaría la propuesta de Ginzburg. El ex zamorista Carlos Tinnerello le salió al cruce: "Hay algunos legisladores que todavía reivindican la teoría de los dos demonios desconociendo nuestra propia experiencia", sentenció.
15 de noviembre de 2007
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