exigen cárcel común para represores
Presentación de las abuelas. Exigen cárcel común para criminales y torturadores.
Argentina. La muerte del represor Héctor Febres en su celda de privilegio en la sede de Prefectura de la zona del Tigre revalidó el reclamo de los organismos de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron ayer el traslado inmediato de todos los represores que no se encuentren alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal y de aquellos que estén cumpliendo condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. "No pueden estar en este tipo de unidades por dos razones: una porque son peligrosos y en segundo lugar porque quizá (en cárceles comunes) se les va a preservar la vida", argumentó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
El organismo presentó los escritos ante los jueces federales Daniel Rafecas, que actúa en la megacausa por lo actuado en el Primer Cuerpo del Ejército; Sergio Torres, que tramita la megacausa ESMA; y Alberto Suárez Araujo, que investiga los hechos ocurridos en Campo de Mayo. También se realizará la misma presentación en distintos juzgados del interior del país, donde existen muchos integrantes de la Policía Federal detenidos en dependencias de su propia fuerza. Además, Abuelas se constituirá como querellante en la causa que investiga la muerte de Febres, por ser parte en el proceso que se le seguía como responsable de los bebés nacidos en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.
En esa presentación aseguraron que los detenidos bajo esas condiciones gozan de "un privilegio y dispensa especial" que está "estrictamente prohibida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", por lo que se "pone en riesgo cierto y concreto la garantización efectiva de este derecho de jerarquía constitucional y el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino".
El caso del prefecto "no puede pasar inadvertido" por el juez "al disponer el lugar de detención de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", aseguró el organismo en su escrito.
Argentina. La muerte del represor Héctor Febres en su celda de privilegio en la sede de Prefectura de la zona del Tigre revalidó el reclamo de los organismos de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron ayer el traslado inmediato de todos los represores que no se encuentren alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal y de aquellos que estén cumpliendo condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. "No pueden estar en este tipo de unidades por dos razones: una porque son peligrosos y en segundo lugar porque quizá (en cárceles comunes) se les va a preservar la vida", argumentó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.El organismo presentó los escritos ante los jueces federales Daniel Rafecas, que actúa en la megacausa por lo actuado en el Primer Cuerpo del Ejército; Sergio Torres, que tramita la megacausa ESMA; y Alberto Suárez Araujo, que investiga los hechos ocurridos en Campo de Mayo. También se realizará la misma presentación en distintos juzgados del interior del país, donde existen muchos integrantes de la Policía Federal detenidos en dependencias de su propia fuerza. Además, Abuelas se constituirá como querellante en la causa que investiga la muerte de Febres, por ser parte en el proceso que se le seguía como responsable de los bebés nacidos en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.
En esa presentación aseguraron que los detenidos bajo esas condiciones gozan de "un privilegio y dispensa especial" que está "estrictamente prohibida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", por lo que se "pone en riesgo cierto y concreto la garantización efectiva de este derecho de jerarquía constitucional y el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino".
El caso del prefecto "no puede pasar inadvertido" por el juez "al disponer el lugar de detención de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", aseguró el organismo en su escrito.
15 de diciembre de 2007
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