sesión especial por masacre de paine
[Jorge Escalante] Diputados piden sesión especial por caso Paine. Si el Ejército no entrega al juez del caso Paine información que le negó.
Valparaíso, Chile. Los diputados Tucapel Jiménez y Antonio Leal acusaron al Ejército de "obstruir la justicia" al negar al juez Héctor Solís antecedentes que le servirán para aclarar el desentierro y lanzamiento al mar de las víctimas de Paine.
Los diputados Tucapel Jiménez (independiente-PPD) y Antonio Leal (PPD) manifestaron que si el Ejército no entrega al juez Héctor Solís que indaga los crímenes de Paine la información requerida respecto de la conformación del Comando de Aviación de la institución relativa a 1978, al regreso del feriado de febrero pedirán una sesión especial de la Cámara para analizar la situación.
Los parlamentarios afirmaron que la actitud del Ejército significa "una obstrucción a la justicia" y criticaron la decisión castrense de negar esa información al juez argumentando que tiene calidad de "secreta" por protección de la "seguridad nacional".
"Aquí lo que se está investigando son crímenes de lesa humanidad, que nada tiene que ver con la seguridad nacional", expresaron.
Agregaron que esperarán lo que resuelva el pleno de la Corte Suprema, instancia a la que, ante la negativa militar, acudirán los abogados Luciano Fouillioux y Pamela Pereira. El primero representa legalmente a la segunda en la causa Paine, donde su padre es una de las 22 víctimas asesinadas el 16 de octubre de 1973.
La información acerca del oficio de fecha 19 de diciembre de 2007 firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Alfredo Ewing Pinochet, por el cual se negó al juez Solís lo demandado, fue publicada en la última edición de La Nación Domingo.
Se trata de la investigación del ministro Solís del conocido en el proceso como Operativo Dos.
Esto es el desentierro y lanzamiento al mar en 1978 de los cuerpos de los 22 campesinos y pequeños industriales ejecutados la noche del 16 de octubre de 1973, al que se le conoce como Operativo Uno.
Los diputados Leal y Jiménez lamentaron que "la seguridad nacional chilena sea tan débil si se pone el peligro con la entrega de esta información para investigar un delito tan grave".
Con los antecedentes demandados, el juez quiere conocer la lista completa de los oficiales, suboficiales y clases que integraban el Comando de Aviación del Ejército en 1978, incluidos pilotos, copilotos y mecánicos de los helicópteros Puma y sus respectivas rutas de vuelo.
A bordo de una de estas máquinas transportaron los cadáveres entre la Quebrada Los Arrayanes, al noreste del lago Rapel, en la Sexta Región, y algún punto de la costa donde los hicieron desaparecer atados a trozos de rieles.
La operación formó parte de la llamada Operación Retiro de Televisores, por la cual a partir de 1978 se desenterraron en el país desde fosas clandestinas los cuerpos de los prisioneros secuestrados y asesinados después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
De la misma manera y vinculado al Operativo Uno, los diputados expresaron su rechazo al encubrimiento de la identidad de dos subtenientes de la época que se está haciendo por parte de los procesados e inculpados.
Según múltiples testimonios de quienes participaron en la masacre, aquella noche tomaron parte dos subtenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, además del entonces subteniente Andrés Magaña, que comandó las acciones.
Valparaíso, Chile. Los diputados Tucapel Jiménez y Antonio Leal acusaron al Ejército de "obstruir la justicia" al negar al juez Héctor Solís antecedentes que le servirán para aclarar el desentierro y lanzamiento al mar de las víctimas de Paine.Los diputados Tucapel Jiménez (independiente-PPD) y Antonio Leal (PPD) manifestaron que si el Ejército no entrega al juez Héctor Solís que indaga los crímenes de Paine la información requerida respecto de la conformación del Comando de Aviación de la institución relativa a 1978, al regreso del feriado de febrero pedirán una sesión especial de la Cámara para analizar la situación.
Los parlamentarios afirmaron que la actitud del Ejército significa "una obstrucción a la justicia" y criticaron la decisión castrense de negar esa información al juez argumentando que tiene calidad de "secreta" por protección de la "seguridad nacional".
"Aquí lo que se está investigando son crímenes de lesa humanidad, que nada tiene que ver con la seguridad nacional", expresaron.
Agregaron que esperarán lo que resuelva el pleno de la Corte Suprema, instancia a la que, ante la negativa militar, acudirán los abogados Luciano Fouillioux y Pamela Pereira. El primero representa legalmente a la segunda en la causa Paine, donde su padre es una de las 22 víctimas asesinadas el 16 de octubre de 1973.
La información acerca del oficio de fecha 19 de diciembre de 2007 firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Alfredo Ewing Pinochet, por el cual se negó al juez Solís lo demandado, fue publicada en la última edición de La Nación Domingo.
Se trata de la investigación del ministro Solís del conocido en el proceso como Operativo Dos.
Esto es el desentierro y lanzamiento al mar en 1978 de los cuerpos de los 22 campesinos y pequeños industriales ejecutados la noche del 16 de octubre de 1973, al que se le conoce como Operativo Uno.
Los diputados Leal y Jiménez lamentaron que "la seguridad nacional chilena sea tan débil si se pone el peligro con la entrega de esta información para investigar un delito tan grave".
Con los antecedentes demandados, el juez quiere conocer la lista completa de los oficiales, suboficiales y clases que integraban el Comando de Aviación del Ejército en 1978, incluidos pilotos, copilotos y mecánicos de los helicópteros Puma y sus respectivas rutas de vuelo.
A bordo de una de estas máquinas transportaron los cadáveres entre la Quebrada Los Arrayanes, al noreste del lago Rapel, en la Sexta Región, y algún punto de la costa donde los hicieron desaparecer atados a trozos de rieles.
La operación formó parte de la llamada Operación Retiro de Televisores, por la cual a partir de 1978 se desenterraron en el país desde fosas clandestinas los cuerpos de los prisioneros secuestrados y asesinados después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
De la misma manera y vinculado al Operativo Uno, los diputados expresaron su rechazo al encubrimiento de la identidad de dos subtenientes de la época que se está haciendo por parte de los procesados e inculpados.
Según múltiples testimonios de quienes participaron en la masacre, aquella noche tomaron parte dos subtenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, además del entonces subteniente Andrés Magaña, que comandó las acciones.
23 de enero de 2008
©la nación 
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