ejército rectifica en caso paine
[Jorge Escalante] Tras reuniones con el gobierno y protestas por decretar "secreta" información. Ejército rectifica y entrega datos a juez de caso Paine.
Santiago, Chile. El jefe castrense general Izurieta lo informó a los querellantes Luciano Fouillioux y Pamela Pereira, durante una reunión. El PS expresó al gobierno su enojo por el "pacto de silencio" y el juez vuelve a interrogar mañana a Magaña por los dos subtenientes.
Con distintos filos, el proceso Paine se convirtió para el Ejército en uno de los más grandes conflictos del último tiempo en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Ayer la institución castrense debió rectificar su negativa de entregar al juez de la causa Héctor Solís, la información que el magistrado había demandado acerca de la estructura del Comando de Aviación del Ejército (CAE) en 1978.
Ese año 22 cuerpos de campesinos asesinados el 16 de octubre de 1973 fueron desenterrados y lanzados al mar a bordo de un helicóptero Puma del CAE. Se trata de la segunda parte del crimen que indaga el juez, conocido como Operativo Dos.
Por la mañana y antes de la reunión que el jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, sostuvo al mediodía por una hora con los abogados Luciano Fouillioux y Pamela Pereira, la entidad militar ya había despachado la respuesta al ministro Solís.
En las últimas horas Izurieta conversó con autoridades de gobierno que le hicieron ver el error de responder por oficio al juez Solís que la información requerida es "secreta" por "seguridad nacional", cuando lo que se investiga son delitos comunes con la categoría de crímenes contra la humanidad.
Los abogados Fouillioux y Pereira (el primero representa legalmente a la segunda cuyo padre se encuentra entre las víctimas) manifestaron su "satisfacción por este cambio de actitud" del Ejército, aunque concordaron en que primero analizarán los antecedentes aportados al juez antes de opinar si se cumplió el objetivo.
Lo que el Ejército habría entregado al magistrado no son nombres de culpables de la remoción y el lanzamiento al mar de los cuerpos en 1978, que por lo demás el juez no pidió. Solís exhortó para conocer la lista completa del CAE, incluidos pilotos, copilotos y mecánicos, así como las rutas de vuelo de 1978.
Subtenientes
Se abre ahora para esta fase del crimen masivo (1978) un sendero quizás igualmente pedregoso, como aquel para determinar la identidad de dos subtenientes que tomaron parte en la masacre de octubre de 1973.
Sus identidades permanecen protegidas por parte de inculpados y procesados en esta parte de los hechos llamado Operativo Uno.
Este es el otro aguijón para el Ejército, porque ya uno de sus generales de división activos, Guillermo Castro, entró en la lista de "sospechosos" de ser uno de aquellos dos subtenientes fantasmas, de los cuales varios de los que tomaron parte hablan, pero dicen no recordar sus nombres.
Para los querellantes, mientras no se sepa quiénes son esos dos subtenientes que actuaron bajo las órdenes del ahora coronel (R) Andrés Magaña en las ejecuciones de 1973, "todos los subtenientes que estaban en la Escuela de Infantería de San Bernardo en octubre de 1973 son sospechosos".
Santiago, Chile. El jefe castrense general Izurieta lo informó a los querellantes Luciano Fouillioux y Pamela Pereira, durante una reunión. El PS expresó al gobierno su enojo por el "pacto de silencio" y el juez vuelve a interrogar mañana a Magaña por los dos subtenientes.Con distintos filos, el proceso Paine se convirtió para el Ejército en uno de los más grandes conflictos del último tiempo en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Ayer la institución castrense debió rectificar su negativa de entregar al juez de la causa Héctor Solís, la información que el magistrado había demandado acerca de la estructura del Comando de Aviación del Ejército (CAE) en 1978.
Ese año 22 cuerpos de campesinos asesinados el 16 de octubre de 1973 fueron desenterrados y lanzados al mar a bordo de un helicóptero Puma del CAE. Se trata de la segunda parte del crimen que indaga el juez, conocido como Operativo Dos.
Por la mañana y antes de la reunión que el jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, sostuvo al mediodía por una hora con los abogados Luciano Fouillioux y Pamela Pereira, la entidad militar ya había despachado la respuesta al ministro Solís.
En las últimas horas Izurieta conversó con autoridades de gobierno que le hicieron ver el error de responder por oficio al juez Solís que la información requerida es "secreta" por "seguridad nacional", cuando lo que se investiga son delitos comunes con la categoría de crímenes contra la humanidad.
Los abogados Fouillioux y Pereira (el primero representa legalmente a la segunda cuyo padre se encuentra entre las víctimas) manifestaron su "satisfacción por este cambio de actitud" del Ejército, aunque concordaron en que primero analizarán los antecedentes aportados al juez antes de opinar si se cumplió el objetivo.
Lo que el Ejército habría entregado al magistrado no son nombres de culpables de la remoción y el lanzamiento al mar de los cuerpos en 1978, que por lo demás el juez no pidió. Solís exhortó para conocer la lista completa del CAE, incluidos pilotos, copilotos y mecánicos, así como las rutas de vuelo de 1978.
Subtenientes
Se abre ahora para esta fase del crimen masivo (1978) un sendero quizás igualmente pedregoso, como aquel para determinar la identidad de dos subtenientes que tomaron parte en la masacre de octubre de 1973.
Sus identidades permanecen protegidas por parte de inculpados y procesados en esta parte de los hechos llamado Operativo Uno.
Este es el otro aguijón para el Ejército, porque ya uno de sus generales de división activos, Guillermo Castro, entró en la lista de "sospechosos" de ser uno de aquellos dos subtenientes fantasmas, de los cuales varios de los que tomaron parte hablan, pero dicen no recordar sus nombres.
Para los querellantes, mientras no se sepa quiénes son esos dos subtenientes que actuaron bajo las órdenes del ahora coronel (R) Andrés Magaña en las ejecuciones de 1973, "todos los subtenientes que estaban en la Escuela de Infantería de San Bernardo en octubre de 1973 son sospechosos".
24 de enero de 2008
©la nación 
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