misteriosa muerte en argentina
[Patrick J. McDonnell] Héctor Febres estaba siendo juzgado por cargos del período de la guerra sucia. Algunos sospechan que estaba a punto de revelar irrefutables secretos.[Retrato de Victoria Donda]
Buenos Aires, Argentina. Héctor Febres era un hombre que sabía demasiado.
Y, como un personaje de una novela de espionaje condenado por un exceso de secretos, Febres tuvo un inoportuno y espeluznante final: Fue envenenado en su celda el mes pasado.
Esa es la conclusión de los jueces argentinos que investigaron la muerte del ex oficial de la guardia costera, que estaba esperando el veredicto de su juicio por torturas. El caso se remonta al período de servicio de Febres durante la dictadura militar hace algunas décadas en uno de los centros de detención más siniestros del país.
En la madrugada del 10 de diciembre, dicen las autoridades, alguien dio a Febres, 66, una dosis letal de cianuro, posiblemente en un vaso de agua. Durante la mayor parte de los últimos nueve años, mientras su juicio se arrastraba irremediablemente, llevó una vida cómoda, aunque confinada, en una amplia suite en una base de la guardia costera.
La juez Sandra Arroyo Salgado, que dirige la investigación, rechazó especulaciones sobre su posible suicidio y determinó este mes que Febres probablemente fue asesinado para que no hablara. Pero quién lo mató sigue siendo un misterio.
Según las autoridades, cuando su juicio por cargos de haber torturado a cuatro prisioneros se acercaba a la fase del veredicto Febres se sintió traicionado por sus antiguos compañeros de armas. Puede haber estado a punto de revelar algunos sensacionales secretos sobre la guerra sucia del régimen contra los que llamaba simpatizantes comunistas.
Entre las potenciales revelaciones más anticipadas estaba el destino de los bebés robados a prisioneras. Las madres fueron asesinadas en uno de los legados más macabros del régimen militar entre 1976 y 1983.
"Febres se llevó esos casos a la tumba", se lamentó Liliana Mazea, una abogado de derechos humanos.
El episodio ha levantado nuevamente el espectro de una tenebrosa red de asesinos leales a la dictadura. Un testigo en un caso separado se encuentra desaparecido hace más de un año.
El juez Arroyo Salado ordenó este mes la detención de dos carceleros de Febres, que fueron acusados de proporcionar acceso al o los asesinos. Uno de ellos, Ángel Volpi, era un hombre de confianza de Febres.
Y, en un tortuoso giro del destino, los fiscales acusaron a la viuda de Febres y sus dos hijos de colaborar en el encubrimiento del crimen. Los tres negaron toda participación y fueron dejados en libertad después de tres semanas de detención.
De qué se sospecha a la familia sigue siendo un misterio. Los tres han sido acusados de manipular la escena del crimen, de haber incluso retirado el ordenador de Febres de su celda. Las autoridades sospechan que los datos fueron borrados o extraídos.
La familia de Febres cenó con él en su celda la noche de su muerte, de acuerdo a las versiones que circulan aquí, compartiendo ensalada y carne asada pedida en su restaurante favorito. Febres había incluso instalado un árbol de Navidad.
El prisionero fue envenenado poco después, escribió Arroyo Salgado, para "impedir que Febres traicionara su pacto de silencio por los crímenes cometidos en la ESMA".
Esta es la abreviatura española de Escuela de Mecánica de la Armada, el augusto edificio de columnas blancas en una de las principales arterias aquí que hizo las veces de campo de concentración donde miles de prisioneros fueron torturados y ‘desaparecidos'. Algunos fueron sedados y arrojados al océano desde aviones; otros fueron ejecutados y enterrados anónimamente. Ahora el antiguo centro de detención de un museo conmemorativo.
Febres no estaba en la galería de los canallas de la guerra sucia que forman ex generales, coroneles y jefes de policía que esperan juicio. Era un policía militar que se convirtió en un administrador clave, un brutal burócrata que sabía dónde estaban los cuerpos. Uno de sus apodos era ‘Selva' por sus bestiales acciones.
Relatos de sobrevivientes de la cárcel naval indican que Febres puede haber supervisado los meticulosos informes que documentaban el ir y venir de los prisioneros. Un ex detenido, Carlos Lordkipanidse, declaró que vio hileras de microfichas con "caras de niños y niñas, gente mayor, niños, mujeres, uno tras otro".
Esos archivos, que podrían entregar claves sobre el destino de legiones de desaparecidos, no han sido encontrados.
Además, se dice que Febres tenía el control de un grupo especial de prisioneros: las mujeres parturientas, metódicamente asesinadas tras dar a luz. Activistas de derechos humanos dicen que en todo el país fueron secuestrados o robados más de quinientos bebés para ser colocados en ‘buenas' familias, muchas de ellas con lazos con los militares y la policía.
Los testimonios indican que Febres pudo incluso haberse encargado de comprar ropa para los recién nacidos, asegurando a las afligidas madres que los bebés serían entregados a sus familiares. Pero eran mentiras.
¿Estaba Febres, que contaba con la posibilidad de pasar tras las rejas el resto de su vida, lejos de las cómodas bases de la guardia costera, dispuesto a revelar detalles sobre el robo de bebés y otros crímenes? ¿Tenía detalles y archivos cruciales en su ordenador? Estas son importantes preguntas que aún esperan respuesta.
"Creo que pensaba usar esas informaciones para negociar algo", dijo Victoria Donda, una legisladora argentina, al diario Clarín.
Donda nació en 1977 en una de esas siniestras bases navales. Sus padres fueron desaparecidos. Descubrió su verdadera identidad sólo años después. Fue Febres, dice, quien probablemente se encargó de todo.
"No sé si sabré alguna vez el nombre de la persona que empujó a mi madre a la muerte desde un avión", dijo Donda. "Pero al menos me gustaría llevar a justicia al que me arrancó de sus brazos".
Buenos Aires, Argentina. Héctor Febres era un hombre que sabía demasiado.Y, como un personaje de una novela de espionaje condenado por un exceso de secretos, Febres tuvo un inoportuno y espeluznante final: Fue envenenado en su celda el mes pasado.
Esa es la conclusión de los jueces argentinos que investigaron la muerte del ex oficial de la guardia costera, que estaba esperando el veredicto de su juicio por torturas. El caso se remonta al período de servicio de Febres durante la dictadura militar hace algunas décadas en uno de los centros de detención más siniestros del país.
En la madrugada del 10 de diciembre, dicen las autoridades, alguien dio a Febres, 66, una dosis letal de cianuro, posiblemente en un vaso de agua. Durante la mayor parte de los últimos nueve años, mientras su juicio se arrastraba irremediablemente, llevó una vida cómoda, aunque confinada, en una amplia suite en una base de la guardia costera.
La juez Sandra Arroyo Salgado, que dirige la investigación, rechazó especulaciones sobre su posible suicidio y determinó este mes que Febres probablemente fue asesinado para que no hablara. Pero quién lo mató sigue siendo un misterio.
Según las autoridades, cuando su juicio por cargos de haber torturado a cuatro prisioneros se acercaba a la fase del veredicto Febres se sintió traicionado por sus antiguos compañeros de armas. Puede haber estado a punto de revelar algunos sensacionales secretos sobre la guerra sucia del régimen contra los que llamaba simpatizantes comunistas.
Entre las potenciales revelaciones más anticipadas estaba el destino de los bebés robados a prisioneras. Las madres fueron asesinadas en uno de los legados más macabros del régimen militar entre 1976 y 1983.
"Febres se llevó esos casos a la tumba", se lamentó Liliana Mazea, una abogado de derechos humanos.
El episodio ha levantado nuevamente el espectro de una tenebrosa red de asesinos leales a la dictadura. Un testigo en un caso separado se encuentra desaparecido hace más de un año.
El juez Arroyo Salado ordenó este mes la detención de dos carceleros de Febres, que fueron acusados de proporcionar acceso al o los asesinos. Uno de ellos, Ángel Volpi, era un hombre de confianza de Febres.
Y, en un tortuoso giro del destino, los fiscales acusaron a la viuda de Febres y sus dos hijos de colaborar en el encubrimiento del crimen. Los tres negaron toda participación y fueron dejados en libertad después de tres semanas de detención.
De qué se sospecha a la familia sigue siendo un misterio. Los tres han sido acusados de manipular la escena del crimen, de haber incluso retirado el ordenador de Febres de su celda. Las autoridades sospechan que los datos fueron borrados o extraídos.
La familia de Febres cenó con él en su celda la noche de su muerte, de acuerdo a las versiones que circulan aquí, compartiendo ensalada y carne asada pedida en su restaurante favorito. Febres había incluso instalado un árbol de Navidad.
El prisionero fue envenenado poco después, escribió Arroyo Salgado, para "impedir que Febres traicionara su pacto de silencio por los crímenes cometidos en la ESMA".
Esta es la abreviatura española de Escuela de Mecánica de la Armada, el augusto edificio de columnas blancas en una de las principales arterias aquí que hizo las veces de campo de concentración donde miles de prisioneros fueron torturados y ‘desaparecidos'. Algunos fueron sedados y arrojados al océano desde aviones; otros fueron ejecutados y enterrados anónimamente. Ahora el antiguo centro de detención de un museo conmemorativo.
Febres no estaba en la galería de los canallas de la guerra sucia que forman ex generales, coroneles y jefes de policía que esperan juicio. Era un policía militar que se convirtió en un administrador clave, un brutal burócrata que sabía dónde estaban los cuerpos. Uno de sus apodos era ‘Selva' por sus bestiales acciones.
Relatos de sobrevivientes de la cárcel naval indican que Febres puede haber supervisado los meticulosos informes que documentaban el ir y venir de los prisioneros. Un ex detenido, Carlos Lordkipanidse, declaró que vio hileras de microfichas con "caras de niños y niñas, gente mayor, niños, mujeres, uno tras otro".
Esos archivos, que podrían entregar claves sobre el destino de legiones de desaparecidos, no han sido encontrados.
Además, se dice que Febres tenía el control de un grupo especial de prisioneros: las mujeres parturientas, metódicamente asesinadas tras dar a luz. Activistas de derechos humanos dicen que en todo el país fueron secuestrados o robados más de quinientos bebés para ser colocados en ‘buenas' familias, muchas de ellas con lazos con los militares y la policía.
Los testimonios indican que Febres pudo incluso haberse encargado de comprar ropa para los recién nacidos, asegurando a las afligidas madres que los bebés serían entregados a sus familiares. Pero eran mentiras.
¿Estaba Febres, que contaba con la posibilidad de pasar tras las rejas el resto de su vida, lejos de las cómodas bases de la guardia costera, dispuesto a revelar detalles sobre el robo de bebés y otros crímenes? ¿Tenía detalles y archivos cruciales en su ordenador? Estas son importantes preguntas que aún esperan respuesta.
"Creo que pensaba usar esas informaciones para negociar algo", dijo Victoria Donda, una legisladora argentina, al diario Clarín.
Donda nació en 1977 en una de esas siniestras bases navales. Sus padres fueron desaparecidos. Descubrió su verdadera identidad sólo años después. Fue Febres, dice, quien probablemente se encargó de todo.
"No sé si sabré alguna vez el nombre de la persona que empujó a mi madre a la muerte desde un avión", dijo Donda. "Pero al menos me gustaría llevar a justicia al que me arrancó de sus brazos".
patrick.mcdonnell @latimes.com
Andres D'Alessandro contribuyó a este reportaje.
27 de enero de 2008
24 de enero de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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