reparación para familia jiménez
Corte establece indemnizaciones a familiares de Tucapel Jiménez.
Santiago, Chile. La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este martes el fallo de primera instancia que dispuso el pago de indemnizaciones por concepto de daño moral a las familiares del asesinado dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez.
El dictamen del tribunal de alzada establece el pago de 200 millones de pesos para cada uno de los hijos (Tucapel [diputado], Isabel Francisca y María Antonieta Jiménez Salinas, Rodrigo Andrés Jiménez Roa y Sara Benilde Jiménez Weber) de la víctima y 200 millones más para los tres primeros por concepto del "daño moral" sufrido por su madre, Haydeé Fuentes Salinas, cónyuge del sindicalista.
En el proceso penal por el homicidio del dirigente -ocurrido en febrero de 1982- los querellados quedaron condenados por sentencia ejecutoriada en marzo de 2004, por lo que la sala estimó que no había transcurrido el plazo de prescripción de la acción civil.
Tucapel Jiménez fue secuestrado por agentes del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte el 25 de febrero de 1982, cuando manejaba su taxi.
Al día siguiente, su cuerpo sin vida apareció en el interior del vehículo abandonado en un camino rural, 20 kilómetros al norte de Santiago.
Una semana antes de ser asesinado por disparos y degollamiento, Jiménez había hecho un llamado a la unidad de todas las organizaciones sindicales para combatir al régimen de Pinochet.
Tras una infructuosa investigación de 17 años realizada por el jubilado ministro Sergio Valenzuela Patiño, la Corte Suprema nombró al juez Sergio Muñoz como ministro extraordinario del caso.
En 2002, luego de tres años de labor, el magistrado identificó a los culpables del crimen y determinó las circunstancias en que éste se produjo.
Además de Manuel Contreras Donaire, que en 2002 fue sentenciado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplen condena como autores materiales el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (10 años) y el suboficial (r) Miguel Letelier (ocho años), quienes permanecen encarcelados.
Como autores intelectuales, fueron condenados a ocho años de presidio el general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, ex jefe del Dine, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Ferrer Lima.
Como cómplice del crimen, el capitán (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría fue sentenciado a tres años y un día de presidio remitido.
En tanto, como encubridor recibió una condena a 800 días de pena remitida el general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército. En la misma calidad, los generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Hernán Ramírez Hald fueron condenados a 541 días de presidio remitido.
Santiago, Chile. La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este martes el fallo de primera instancia que dispuso el pago de indemnizaciones por concepto de daño moral a las familiares del asesinado dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez.El dictamen del tribunal de alzada establece el pago de 200 millones de pesos para cada uno de los hijos (Tucapel [diputado], Isabel Francisca y María Antonieta Jiménez Salinas, Rodrigo Andrés Jiménez Roa y Sara Benilde Jiménez Weber) de la víctima y 200 millones más para los tres primeros por concepto del "daño moral" sufrido por su madre, Haydeé Fuentes Salinas, cónyuge del sindicalista.
En el proceso penal por el homicidio del dirigente -ocurrido en febrero de 1982- los querellados quedaron condenados por sentencia ejecutoriada en marzo de 2004, por lo que la sala estimó que no había transcurrido el plazo de prescripción de la acción civil.
Tucapel Jiménez fue secuestrado por agentes del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte el 25 de febrero de 1982, cuando manejaba su taxi.
Al día siguiente, su cuerpo sin vida apareció en el interior del vehículo abandonado en un camino rural, 20 kilómetros al norte de Santiago.
Una semana antes de ser asesinado por disparos y degollamiento, Jiménez había hecho un llamado a la unidad de todas las organizaciones sindicales para combatir al régimen de Pinochet.
Tras una infructuosa investigación de 17 años realizada por el jubilado ministro Sergio Valenzuela Patiño, la Corte Suprema nombró al juez Sergio Muñoz como ministro extraordinario del caso.
En 2002, luego de tres años de labor, el magistrado identificó a los culpables del crimen y determinó las circunstancias en que éste se produjo.
Además de Manuel Contreras Donaire, que en 2002 fue sentenciado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplen condena como autores materiales el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (10 años) y el suboficial (r) Miguel Letelier (ocho años), quienes permanecen encarcelados.
Como autores intelectuales, fueron condenados a ocho años de presidio el general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, ex jefe del Dine, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Ferrer Lima.
Como cómplice del crimen, el capitán (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría fue sentenciado a tres años y un día de presidio remitido.
En tanto, como encubridor recibió una condena a 800 días de pena remitida el general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército. En la misma calidad, los generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Hernán Ramírez Hald fueron condenados a 541 días de presidio remitido.
29 de enero de 2008
©la nación 
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