corrupción entre detectives
30 de noviembre de 2008
[Luis Narváez] Santiago, Chile. Un vehículo Hyundai Sonata se moviliza principalmente por las calles del sector oriente de la capital. En el asiento trasero va sentado un anciano que se conserva bastante bien y que luce anteojos oscuros a donde quiera que vaya. El automóvil es conducido por un asistente de la Policía de Investigaciones (PDI). El asiento de copiloto lo ocupa un detective, armado, atento a lo que ocurre en las calles. El equipo cumple la función de PPI (protección de persona importante) y tiene como misión desde hace varios años, trasladar sin costo alguno, a cualquier hora, día y lugar, al general (R) del Ejército Fernando Paredes Pizarro. El servicio fue asignado por el actual director de la PDI, Arturo Herrera, quien enfrenta por estos días la peor crisis desde que asumiera el mando de la institución en 2006. La lista es larga y antigua, aunque sólo unos pocos casos ocurridos en las últimas semanas son los que más han captado la atención de la opinión pública y, especialmente, de parlamentarios que quieren citar esta semana al jefe policial a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja.
Pero no ha sido el único ‘cariño’ expresado por Herrera hacia el ex uniformado, quien fuera su superior y jefe directo, cuando Paredes fue nombrado director de Investigaciones por la dictadura, en 1980. Herrera era su ayudante y luego fue nombrado por él como jefe de la comisaría de Papudo.
Tras finalizar la dictadura y recomenzando la democracia, el director de la policía civil, nombrado por el presidente Patricio Aylwin, Nelson Mery, no sólo expulsó de la institución a policías corruptos y drogadictos. También limpió las filas de la institución de policías que hubiesen tenido alguna participación en violaciones de los derechos humanos o que hubiesen trabajado en organismos de seguridad del régimen militar. Por ello es que en las posteriores ceremonias protocolares, nunca se vio como invitados a los ex directores (Ernesto Baeza ni Fernando Paredes) nombrados por Pinochet y la Junta Militar.
Esto hasta la llegada de Herrera, porque desde ese momento Paredes Pizarro, no sólo usa auto institucional y personal que lo protege, sino que ha sido, nuevamente, invitado a estos eventos y se le ha visto en varias ceremonias institucionales ocupando asientos de visita ilustre. También, Paredes goza de los servicios de la Clínica de Investigaciones.
Estilo de Vida
Arturo Herrera partió su gestión imprimiendo su sello: exigió la compra de dos vehículos BMW, nuevos para su uso personal, los que debieron ser pedidos especialmente a Alemania por la empresa que los representa en Chile (Williamson Balfour). Los autos sólo tienen un blindaje parcial y entre ambos, el fisco debió desembolsar casi 300 mil dólares. La razón era que el vehículo asignado al director tenía demasiados años de uso.
Pero no fue sólo eso. La casa asignada para el director de la PDI, que estaba ubicada en la calle Juan de Austria, en La Reina, fue descartada por Herrera. Semanas después de asumir, el jefe policial se trasladó hasta una casa en el sector Los Dominicos, la que es arrendada por más de 2 millones de pesos mensuales hasta la fecha. Al tiempo, dicha propiedad -con piscina incluida- fue declarada "cuartel", por lo tanto, a la guardia asignada se agregó tecnología de vigilancia y los gastos básicos de la propiedad -agua, electricidad y gas- también corren con dineros del fisco.
Altas fuentes policiales contaron a LND que el último episodio relativo al estilo de Herrera fue una acalorada discusión que se registró a fines de septiembre durante una reunión del Departamento de Bienestar de la PDI, entre los asesores legales de la unidad y representantes del alto mando. El motivo era que algunos prefectos generales y prefectos inspectores habían solicitado que la institución -el fisco- financiara la membresía de los altos mandos en un club de golf, cuyo costo era de 50 millones de pesos por cada uno.
Los asesores legales estimaron inviable esta "regalía" porque el presupuesto proviene del descuento que se le hace a cada uno de los funcionarios, por lo que el beneficio debería ser extendido a todos los miembros de Investigaciones. Arturo Herrera juega golf en el Marbella Resort, en el balneario de Maitencillo, hasta donde se le ha visto llegar en un helicóptero institucional.
Las Creencias
Durante las últimas semanas, Arturo Herrera no sólo ordenó la baja inmediata de 11 policías involucrados en la red de protección, orquestada por ex funcionarios judiciales que colaboraban en la emisión de contraórdenes para dejar en libertad a delincuentes condenados. También presentó una inédita querella a título personal.
La última acción ha sido tratar de "sinvergüenza" a Trevor Oyarzún, ex jefe de la Brigada de Robos (BIRO), quien enfrenta cargos por parte del Ministerio Público por quedarse con parte de los 922 millones de pesos obtenidos como botín en el llamado "robo del siglo". Sin embargo, Oyarzún fue nombrado en el cargo hace pocos años por el mismo Herrera, y quienes conocen esa brigada indican que "hace mucho tiempo que se conocía la fama de él (Oyarzún). Era fresco y en esa unidad siempre se escuchó de ese tipo de cosas".
En círculos policiales medios y bajos de la PDI ha llamado la atención el silencio guardado por Herrera frente a la detención de Jorge Donoso, jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico. El subprefecto enfrenta cargos por haber "quemado" -según su propia declaración- las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas. El Ministerio Público investiga delitos cometidos por la adjudicación de una de las etapas de modernización, por más de 80 millones de dólares, a la empresa india Tata.
LND quiso consultar directamente a Herrera por este y otros casos. Sin embargo Asuntos Públicos de la PDI se excusó argumentando que "en virtud de que hay indagaciones en curso y de que el director general ya entregó su visión al respecto, no se entregarán mayores antecedentes".
Donoso era un funcionario que dependía directamente de Herrera. El vínculo entre ambos es antiguo y fue generado por el ex director de Inteligencia Policial (Jipol) Luis Alarcón.
Donoso se desempeñó durante varios años en esa repartición realizando labores técnicas. Nunca tuvo funciones operativas, sino que se especializó en electrónica, como interceptaciones telefónicas.
Fue desde ese momento que Donoso propuso, a instancias de Herrera, la creación de una unidad que centralizara todo el trabajo de interceptaciones telefónicas. Así nació la Unidad de Monitoreo Telefónico. En los organigramas públicos de la institución no figura en ninguna parte. Por ello, fuentes de la fiscalía indagan en la actualidad quién y cómo se contactó a Donoso para que destruyera la evidencia del caso.
El policía detenido no tuvo el mismo trato que otros oficiales que en las últimas semanas se han visto involucrados en casos de corrupción, incluso de menor penalidad. A diferencia de los 11 policías mencionados en la red de protección de delincuentes, Donoso no fue dado de baja automáticamente. El subdirector operativo, recién asumido, Óscar Gutiérrez, le dio la posibilidad de que renunciara para no ser dado de baja. De esta forma, Donoso no sólo se va con todos los beneficios económicos de la institución sino que también, en el futuro, puede optar a cargos públicos
Nadie en la institución quiso explicar este trato especial. Pero lo que sí es conocido es que en el alto mando institucional es público y notorio que el recién asumido director de Inteligencia, Osvaldo Rubilar Rodríguez, lo había elegido para que fuera subjefe de la Jipol. El cargo, incluso, tiene la misión de reemplazar al director en las reuniones del Comité de Inteligencia de la ANI. Si se hubiese concretado esa designación, Donoso habría tenido acceso a información clasificada del gobierno.
Responsabilidad de Mando
Dentro de la institución hay mucha inquietud debido a los sumarios que lleva a cabo, con más fuerza desde abril, el Departamento de Asuntos Internos. El caso descubierto en abril de un policía que había pagado 300 mil pesos por beneficiar a un narcotraficante inició una cadena de indagaciones que dieron pie a la aparición de más casos de corrupción, que luego pasaron a formar parte de una investigación criminal del Ministerio Público.
Un total de 11 detectives ya fueron dados de baja por diversas infracciones. Antes de que fuera detenido el ex prefecto Trevor Oyarzún, también se descubrió que éste había pagado para alterar una alcoholemia, tras chocar ebrio un auto policial.
Pero lo que aún preocupa es que el sumario interno continuó y los casos suman y seguirán aumentando.
Fuentes confirmaron a LND que, hasta principios de noviembre, son 39 los oficiales que están actualmente suspendidos de sus funciones por ser autores de irregularidades. Todos esos casos también están siendo analizados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con el objetivo de determinar si tienen responsabilidades penales.
Una alta fuente policial sostuvo que con el tiempo se han relajado las medidas internas en la institución a tal punto que es prácticamente imposible de determinar si los funcionarios incurren en el uso de estupefacientes. "Los controles de droga que se aplicaban en forma aleatoria y sorpresiva en todas las unidades ya no se hacen porque se consideró que dañaban la imagen institucional", sostiene un detective de la policía civil. Actualmente, el control sólo se realiza a funcionarios de quien existen sospechas que pueda ser consumidor o tener vínculos con el narcotráfico.
Con el último cambio en el alto mando institucional, en todo caso, las piezas se movieron también en el ámbito de las investigaciones internas.
El oficial que estaba a cargo de este mega sumario, Patricio Morales (ex jefe de la Bridec) fue ascendido y nombrado jefe de la Primera Región Policial de Tarapacá y la PDI no quiso informar acerca del nuevo fiscal que quedó a cargo de esta investigación.
Por otro lado, como jefe de la Inspectoría General, bajo cuya jurisdicción están los sumarios internos, quedó el prefecto inspector Héctor Soto Candia.
Otro de los aspectos que inquieta el clima interno de la PDI es el tema salarial. Al respecto se menciona reiteradamente que a todos estos funcionarios aún se les adeuda el 35% extra de sueldo.
Todo esto se ha dado por el dictamen 19.870 de la Contraloría General de la República, de abril de 2004 que reconoció el derecho de los detectives de percibir "asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales". Este beneficio fue otorgado a Carabineros en 1999. Pero tras un reclamo efectuado por un oficial de la PDI que se acogió a retiro, el organismo administrativo resolvió que la Ley Orgánica de Investigaciones, hace que sea extensivo ese beneficio. Pero para esto, señala la Contraloría, se requiere de un reglamento que debe "necesariamente dictarse" y que establecerá sus requisitos y definirá las unidades operativas, por lo que mientras no entre en vigencia el mencionado acto administrativo no resulta posible el pago de dicha asignación".
Desde esa fecha, dicho cuerpo administrativo no ha sido dictado.
La Citación
Ante la citación de Herrera al Congreso, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, advierte que "los hechos recientes no tendrían por qué empañar el proceso de modernización que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, que ha sido reconocido también a nivel internacional".
Dijo que los controles internos han funcionado y que son éstos los que han permitido que se descubran los casos. Sobre los test de droga, Navarrete explicó que nunca se han dejado de hacer y que son los "más rigurosos, los más exhaustivos que ha habido nunca antes. Eso es lo que ha hecho posible que esta institución sea reconocida por organismos internacionales. Es una institución pública que avanza, que se aparta de los índices de corrupción".
El diputado Patricio Hales (PPD) destacó que la gestión de Herrera ha sido buena. Pero advirtió que "si han disminuido los controles de droga me parece mal. Habría que confirmar si eso es verdad. Creo que sería bueno que desde la Comisión de Defensa, nosotros preguntáramos cómo están esos controles".
Sobre la situación y a la citación de Herrera al Parlamento, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Cristián Monckeberg, dijo que, pese a que los controles internos están funcionando, "la paciencia tiene límites".
Asimismo fue enfático en aclarar que, una vez en la instancia "si se demuestra que hay antecedentes graves como los que se han conocido, lo que corresponde es que la responsabilidad del mando se ejecute y si tiene que salir su máxima autoridad, todos tienen que estar disponibles.
©la nación 
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