retroceso en derechos humanos
Fasic constata que durante el 2007 hubo retroceso en casos de derechos humanos.
Santiago, Chile. Abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) afirmaron que el año 2007 se constató un retroceso en los juicios sobre Derechos Humanos en Chile por la aplicación de la prescripción de penas y la rebaja de sanciones a los responsables, en una posición que sólo puede calificarse como de impunidad.
Los profesionales ofrecieron hoy una conferencia prensa, ocasión en la que dieron a conocer un balance sobre la situación jurídica de casos de Derechos Humanos en el país durante el año pasado.
Afirmaron que la situación de impunidad vivida en los casos de Derechos Humanos es una consecuencia de un "sistema electoral binominal, que se ha extendido a la integración de ministros de la Corte Suprema, debido a que el nombramiento de los magistrados del alto tribunal es fruto de negociaciones políticas entre los partidos de la Alianza y los partidos de la Concertación".
Comentaron que, en virtud de este escenario, se han registrado sentencias contradictorias, como producto de mayorías circunstanciales, en las cuales se advierte un desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
"Hacemos un llamado al máximo tribunal para poder salvar las contradicciones y poder fijar criterios uniformes", subrayó el abogado Nelson Caucoto, haciendo alusión a los casos donde se han producido amnistías y prescripciones.
Además, recordó que el ministro Carlos Cerda -quien tuvo a su cargo el caso por las millonarias cuentas del fallecido general (r) Augusto Pinochet y su familia en el Banco Riggs- fue objeto de un proceso disciplinario por haber dicho que la Sala Penal era la única que estaba en mayor consonancia con el Derecho Internacional, haciendo una crítica al caso de la Tercera Sala Constitucional donde, a juicio del abogado, "el Derecho Internacional no existe en esa sala".
El equipo jurídico del Fasic también manifestó su preocupación por el cierre de los Tribunales del Crimen, "los únicos competentes para conocer de los delitos cometidos durante la dictadura militar, y, por esta razón, exhortamos a las autoridades judiciales y legislativas a adoptar las medidas que correspondan para la reinstalación de jueces con dedicación exclusiva para conocer estos casos", destacaron.
Al mismo tiempo, manifestaron que "observamos una suerte de rutinización en el quehacer principal del Ministerio Público, como por ejemplo órdenes de allanamientos masivos sin autoridad controladora, y sólo órdenes verbales para detener y allanar".
Por último, agradecieron la preocupación del gobierno por corregir los errores detectados en el Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de osamentas del Patio 29, de personas detenidas desparecidas y ejecutadas políticas, como también valoraron la preocupación por prestar asistencia en salud mental a los familiares afectados por estos desaciertos.
Situación Mapuche
Con respecto a las disputas con las comunidades mapuches, subrayaron que los casos han estado marcados por la ausencia de mecanismos civilizados para la resolución de conflictos, "ya que en ocasiones hay uso de la fuerza pública muchas veces desmedido y abusivo; nos hace recordar situaciones del pasado reciente, con todos sus contenidos discriminatorios y de afectación de derechos civiles y políticos", dijeron.
Además, criticaron la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches, por lo que pidieron que fuera revisada o resuelta con criterios de justicia por la vía legislativa o administrativa.
En la misma línea, hicieron alusión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ), sobre pueblos indígenas y tribales, enfatizando el "agravante" que representa el haberse aprobado por la Comisión Técnica del Senado una declaración interpretativa que deja sin aplicación normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Consuetudinario.
El abogado Héctor Salazar resaltó que "el no cumplir con estos convenios internacionales, perjudicará las aspiraciones de nuestro país de ganar la demanda marítima, interpuesta por Perú en el Tribunal Internacional de La Haya".
Santiago, Chile. Abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) afirmaron que el año 2007 se constató un retroceso en los juicios sobre Derechos Humanos en Chile por la aplicación de la prescripción de penas y la rebaja de sanciones a los responsables, en una posición que sólo puede calificarse como de impunidad. Los profesionales ofrecieron hoy una conferencia prensa, ocasión en la que dieron a conocer un balance sobre la situación jurídica de casos de Derechos Humanos en el país durante el año pasado.
Afirmaron que la situación de impunidad vivida en los casos de Derechos Humanos es una consecuencia de un "sistema electoral binominal, que se ha extendido a la integración de ministros de la Corte Suprema, debido a que el nombramiento de los magistrados del alto tribunal es fruto de negociaciones políticas entre los partidos de la Alianza y los partidos de la Concertación".
Comentaron que, en virtud de este escenario, se han registrado sentencias contradictorias, como producto de mayorías circunstanciales, en las cuales se advierte un desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
"Hacemos un llamado al máximo tribunal para poder salvar las contradicciones y poder fijar criterios uniformes", subrayó el abogado Nelson Caucoto, haciendo alusión a los casos donde se han producido amnistías y prescripciones.
Además, recordó que el ministro Carlos Cerda -quien tuvo a su cargo el caso por las millonarias cuentas del fallecido general (r) Augusto Pinochet y su familia en el Banco Riggs- fue objeto de un proceso disciplinario por haber dicho que la Sala Penal era la única que estaba en mayor consonancia con el Derecho Internacional, haciendo una crítica al caso de la Tercera Sala Constitucional donde, a juicio del abogado, "el Derecho Internacional no existe en esa sala".
El equipo jurídico del Fasic también manifestó su preocupación por el cierre de los Tribunales del Crimen, "los únicos competentes para conocer de los delitos cometidos durante la dictadura militar, y, por esta razón, exhortamos a las autoridades judiciales y legislativas a adoptar las medidas que correspondan para la reinstalación de jueces con dedicación exclusiva para conocer estos casos", destacaron.
Al mismo tiempo, manifestaron que "observamos una suerte de rutinización en el quehacer principal del Ministerio Público, como por ejemplo órdenes de allanamientos masivos sin autoridad controladora, y sólo órdenes verbales para detener y allanar".
Por último, agradecieron la preocupación del gobierno por corregir los errores detectados en el Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de osamentas del Patio 29, de personas detenidas desparecidas y ejecutadas políticas, como también valoraron la preocupación por prestar asistencia en salud mental a los familiares afectados por estos desaciertos.
Situación Mapuche
Con respecto a las disputas con las comunidades mapuches, subrayaron que los casos han estado marcados por la ausencia de mecanismos civilizados para la resolución de conflictos, "ya que en ocasiones hay uso de la fuerza pública muchas veces desmedido y abusivo; nos hace recordar situaciones del pasado reciente, con todos sus contenidos discriminatorios y de afectación de derechos civiles y políticos", dijeron.
Además, criticaron la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches, por lo que pidieron que fuera revisada o resuelta con criterios de justicia por la vía legislativa o administrativa.
En la misma línea, hicieron alusión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ), sobre pueblos indígenas y tribales, enfatizando el "agravante" que representa el haberse aprobado por la Comisión Técnica del Senado una declaración interpretativa que deja sin aplicación normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Consuetudinario.
El abogado Héctor Salazar resaltó que "el no cumplir con estos convenios internacionales, perjudicará las aspiraciones de nuestro país de ganar la demanda marítima, interpuesta por Perú en el Tribunal Internacional de La Haya".
2 de febrero de 2008
©la nación 
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