estado discrimina a abogados
14 de julio de 2008
[Viviana Candia] Santiago, Chile. La opinión pública se sorprendió cuando se supo que un ex guitarrista del conjunto Amerikan Sound, el también abogado Ariel Marín, era el representante legal del líder de la banda de narcotraficantes los ‘Car’e Jarro’.
Pero el nombre del profesional no era desconocido para todos.
Desde enero de 2005, cuando se comenzó a aplicar el artículo 61 de la nueva Ley de Drogas -que plantea inhabilitaciones para los abogados que asuman causas relacionadas con drogas- la Contraloría comenzó a elaborar una nómina con los profesionales que representan a imputados por delitos que van desde el microtráfico al tráfico mayor.
En este momento son 1.409, y la cifra se actualiza diariamente.
La justificación de la medida es verificar que ninguno de estos juristas tenga actividades laborales en algún ente fiscal, lo que incluye las universidades estatales, por el peligro de penetración de las redes del narcotráfico.
Prevención no menor si se considera que el desbaratamiento de la banda del capo de La Victoria, Iván Alejandro Cavieres, dejó en evidencia la compleja red de apoyo que tenía el grupo de narcos.
Los tentáculos de los ‘Car’e Jarro’ incluían a gendarmes, carabineros, funcionarios judiciales y hasta conexiones con un miembro de la misma fiscalía que los desarticuló. Un enjambre de alto nivel que además del Ministerio Público está siendo investigado por las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel.
Antes Había Restricciones, pero No Listas
Antes de promulgarse la Ley 20.000 existían impedimentos para que abogados, estudiantes y egresados habilitados para actuar judicialmente, que se desempeñaran en funciones del Estado, pudieran representar a acusados por delitos de drogas.
Sin embargo el artículo en cuestión -51 de la Ley 19.366- no señalaba el órgano que debía fiscalizar esa situación, por lo que en la práctica nadie sabía si se cumplía o no.
Por eso, tras varios debates, la Ley de Drogas de 2005 asignó esa supervisión a la Contraloría y redujo la prohibición sólo a los abogados "que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente".
No se aplica a los abogados que se desempeñen en la Defensoría Penal Pública o como prestadores del servicio de defensa penal pública, ni a los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Ello, obviamente, para mantener el principio del derecho a la defensa de cada imputado.
Uno de los puntos que causó polémica en la nueva norma fue aquel que estableció que "el juez de garantía o el Ministerio Público, en su caso, deberá informar a la Contraloría General de la República sobre la identidad de los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley".
De hecho, a los pocos meses de promulgarse, el Colegio de Abogados emitió una declaración, afirmando que la medida "constituye una amenaza para los abogados, un atentado al derecho a la privacidad y a la libertad de trabajo, una trasgresión al derecho de defensa que tiene toda persona".
Cómo Opera el Sistema
Los antecedentes que envían los tribunales pasan a integrar la base de datos de la Contraloría.
En la cuenta pública del año 2007, aparece la cifra de 1.409 profesionales que participaron en defensas de imputados por infracción a la ley N° 20.000, respecto de los cuales se efectuó el análisis correspondiente para determinar si revestían la calidad de funcionario público.
El listado se actualiza diariamente. El trabajo lo hace la Subdivisión Jurídica de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República.
Si se detecta que uno de los abogados tiene actividades en el Estado, la Contraloría debe aplicar una infracción que consiste en la destitución del cargo o el término del contrato, según corresponda, medida que deberá ser adoptada por el servicio al que pertenezca el infractor y de conformidad al proceso disciplinario respectivo.
Sólo para Profesionales del Derecho
Durante la discusión en el Congreso algunos parlamentarios observaron que las incompatibilidades y sanciones sólo eran para los abogados y no se tocaba a contadores, médicos ni cualesquiera de los otros profesionales que presten servicios a personas imputadas de la comisión de alguno de los delitos contemplados en esta ley.
El senador Alberto Espina (RN) señaló durante ese debate en la Cámara Alta que los narcotraficantes buscan a los abogados por las amplias conexiones que tienen en la sociedad, de modo que limitar su contratación era una forma de arrinconar al narcotráfico.
Y ahora el parlamentario refrenda su opinión advirtiendo que "lo lógico es que una persona que trabaja en el Estado de Chile, en cualquiera de sus órganos, no pueda ser abogado de un imputado de estos delitos. Es conocido que el narcotraficante tiene como fin infiltrar las distintas instituciones con el propósito de obtener prebendas y provecho para sus operaciones ilícitas".
El legislador asegura que este tipo de prohibiciones "existe en casi todos los países del mundo", pero rechaza que la idea haya sido crear una "lista negra".
"Lo que hay es una nómina de personas que trabajan para el Estado, entonces lo que hace el tribunal es enviar una nómina a la Contraloría para que verifique si esa persona es funcionario del Estado o no, nada más", asegura.
Ministro de Justicia: "No Afecta Ejercicio de la Profesión"
Hasta ahora la autoridad no ha recibido quejas por esta normativa.
Así lo asegura el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien aclara que lo que se pretende con informar a la Contraloría es "prevenir cualquier infracción a la prohibición que establece la ley".
¿Pero no cree que inhibe el ejercicio del abogado?
La discusión valórica se dio en el Parlamento en su minuto, pero nosotros como Ejecutivo no hemos analizado ninguna iniciativa para modificar esa norma ni hemos recibido ninguna petición en tal sentido.
Reconoce el ministro de Justicia que a veces estas restricciones implican cierta afectación de derechos, "pero eso es una colisión de intereses... Qué es más valioso socialmente, si la protección del aparato estatal frente a la posible penetración de las redes de tráficos, versus el libre ejercicio de la profesión, que tampoco está afectado a nuestro entender".
Este chequeo, recalca, "no tiene la connotación de decir que son abogados de narcotraficantes. El único sentido es que respete la prohibición. Pero si alguien se siente afectado, que considera que no es constitucional o no es legítima la norma, puede ejercer las acciones pertinentes: intentar algún recurso judicial y luego recurrir al Tribunal Constitucional".
Carlos Maldonado plantea que en el mundo "se han buscado todas las fórmulas posibles para tratar de impermeabilizar de la mejor manera posible a los órganos del Estado de la influencia del tráfico de drogas, que por los volúmenes de dinero que mueve tiene una capacidad corruptora mayor que otras actividades. Y ese es el propósito de esta norma".
14 Mil Abogados en 10 Años
En la última década en Chile han jurado 14.421 abogados. Afiliados al colegio de la orden están 7.282 de estos profesionales, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 106 años.
Representó a la ‘geisha’ Anita Alvarado, a Augusto Pinochet Hiriart y está defendiendo a Dante Yutronic, dueño de la ‘Casa del Espía’, vinculado con el crimen del martillero Fernando Oliva.
Pero entre los clientes del abogado Aldo Duque también hay personas imputadas por ilícitos de la ley de droga.
Asegura que la norma que obliga a informar a Contraloría de los abogados que actúan en causas relacionadas con tráfico "no me inhibe en lo más mínimo para ejercer mi profesión. Pero considero que es una norma inconstitucional, discriminatoria, que atenta contra la libertad de trabajo y estoy estudiando seriamente hacer una presentación al Tribunal Constitucional, porque la norma se refiere solamente a personas que hemos defendido a personas imputadas en delitos relacionados con la ley 20.000, pero no dice qué pasa cuando la persona es declarada inocente, culpable o se acoge a una medida alternativa" reclama.
Es que, recalca, "si el imputado es declarado inocente, no tiene ningún tipo de restricciones, pero el abogado queda en una lista negra. Por eso (el registro) es inconstitucional, discriminatorio y arbitrario".
¿Ha sentido el costo social de ser calificado como abogado de narcotraficantes?
Evidente, y no solamente eso sino que a usted se le entiende inserto en el contexto del narcotráfico, como que forma parte de una estructura. Es decir, que uno es parte de la estructura delictiva y eso es gravísimo.
Agrega que "de la misma forma en que se cuestiona a los abogados podría cuestionarse a los médicos que atienden a una persona imputada del delito, a la asistente social o cualquier profesional que se relacione con personas imputadas por delitos de drogas. Yo creo que no debe haber ninguna limitante, porque las personas imputadas por la ley 20.000 no son ciudadanos de segunda clase.
Pero se plantea que los narcotraficantes pagan con dinero mal habido.
Si fuera así todos los abogados que defendemos a personas imputadas por la ley 20.000 debiéramos estar formalizados por lavado de dinero. Todos, sin excepción.
En lo personal, ¿ha tenido algún problema por defender a estos imputados?
Por cierto que sí. No una sino que muchas veces. Incluso me han tildado como abogado de narcos y a mis hijos han intentado estigmatizarlos en el colegio. Lo absurdo es que si uno defiende a un pedófilo que ha atacado a 500 criaturas no tiene problemas, pero si defiende a alguien imputado por la ley 20.000, queda en un registro.
Abogada Helhue Sukni: "No Alimento a Mis Hijas por Lo Que Diga la Sociedad"
’’Hay penalistas que dejan botados a sus clientes. Yo no, yo les trabajo de corazón o de pana, como dicen ellos’’.
Desde hace diez años que la abogada Helhue Sukni se dedica a defender a imputados por tráfico de drogas. Sabe que "siendo abogado de narcotraficantes a una la ponen en una lista negra, como tachada", pero decidió asumir el riesgo -dice- por dos razones: "Todo el mundo tiene derecho a defensa" y, además, siente que su trabajo es tan legítimo como el de quienes defienden causas civiles.
"Es verdad que tiene un costo social, pero a mí me da lo mismo, porque no alimento a mis tres hijas por lo que diga la sociedad. Mi pega es la que me da para vivir, pagar el colegio y todo lo demás, y mientras yo no salga de lo lícito, ¿cuál es el problema?", pregunta la profesional que ha defendido a Franco Marchesotti de la temible banda de la Legua ‘Los Cara de Pelota’ y a Miguel Gutiérrez y Giovanni Ciufardi (primo del tenista nacional Fernando González), relacionados con el grupo de Lo Espejo, los ‘Carne Amarga’.
En su despacho donde abundan las fotos familiares. También hay una de Osama Bin Laden.
De religión musulmana, asegura que nunca he tenido problemas con su clientela. "Es más, creo que es más difícil ser abogado de ladrones, porque los traficantes son más pasivos".
Cuando estudió Derecho, ¿pensó que terminaría defendiendo a narcotraficantes?
No jamás. Yo pensaba ser diplomática, pero me di cuenta de que de diplomática no tengo nada, así es que pienso que me hubiesen echado de inmediato.
Abogada de la Universidad Central, tuvo entre sus profesores al secretario de la Corte Suprema Carlos Meneses, a la senadora Soledad Alvear y al subsecretario general de la Presidencia Edgardo Riveros.
Su primer cliente fue un preso que conoció en la Penitenciaría cuando hizo la práctica. El sujeto volvió a caer cuando la abogada ya estaba recibida y recurrió a ella.
"Me dijo que estaba pato, que no tenía un peso pero que él me podía conseguir clientes y con eso pagaba los honorarios. Al principio me mandó como dos o tres gallos, los saqué y después esos mismos me fueron recomendando con más gente. En el lapso de seis meses tenía una cartera de como 80 a 100 clientes", recuerda.
Hoy tiene en su archivo más 500 causas.
"Me fui p’arriba de un paraguazo, pero soy sumamente responsable. Voy a las cárceles todos los días, me comprometo con las causas porque hay millones de abogados que reciben la plata y después dejan botados a sus clientes. Yo no, yo les trabajo de corazón o de pana, como dicen ellos, palabra del coa. Yo les hablo como hablan ellos, me comprometo con ellos y con su familia, porque además de pagarme depositan la confianza en mí", cuenta.
Asegura que su fórmula es siempre decirles la verdad: "Tratándose de delitos de droga, quien no se acoge al artículo 22, que es delatar a otro para que caiga con drogas, lo más probable que se quede haciendo cinco años y un día".
Se argumenta que abogados como usted podrían recibir honorarios de dineros provenientes de la droga, que sería como lavado de dinero.
¿Y los ladrones cómo pagan? ¡Con lo que juntan de los robos! Si es igual. Fuera por ello no existiría ningún abogado penalista.
La detención del líder de los ‘Car’e Jarro’, liderada por Alejandro Cavieres, dejó al descubierto la infiltración que había logrado la banda en distintos estamentos.
©la segunda 
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