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guerra de méxico contra las drogas


Guerra contra el tráfico de drogas prohibidas terminó con jefe de policía.
[James C. McKinley Jr.] Ciudad de México. El asesinato fue un trabajo desde dentro. El jefe de la policía federal llevaba un horario secreto y dormía en lugares diferentes cada noche; sin embargo, el asesino tenía las llaves del departamento del funcionario y lo estaba esperando cuando este llegó después de medianoche.
Cuando el comandante, el comisario Edgar Millán Gómes, el director interino de la policía federal, murió con ocho balas en su pecho el 8 de mayo, provocó escalofríos en un cuerpo de policía que está siendo cada vez más frecuentemente el blanco de los carteles.
La policía dice que el pistolero fue contratado por un agente de la policía federal descontento que trabajaba para un cartel de la droga en el estado de Sinaloa, y el carácter interior del asesinato subrayó lo difícil que es para el presidente Felipe Calderón mantener su promesa de que terminará con la corrupción policial y la violencia relacionada con las drogas que asola México.
Desde que asumió su cargo en diciembre de 2006, Calderón ha tratado de modernizar y profesionalizar a la fuerza de la policía federal, utilizándola, con el ejército, para montar importantes intervenciones en ciudades y estados controlados por los narcotraficantes.
El resultado ha sido caótico: una guerra callejera en la que ningún blanco es demasiado grande, y ningún ataque demasiado osado para las organizaciones del crimen organizado.
Políticos de oposición e incluso algunos funcionarios policiales han empezado a preguntarse si acaso la ambición del presidente ha superado sus capacidades, con peligrosas y desestabilizadoras consecuencias para un país que comparte una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Funcionarios del gobierno de Bush han declarado que los intentos de Calderón podrían fundirse, a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe el paquete de ayuda de 1.4 billones de dólares para equipar y adiestrar a la policía mexicana en un plazo de tres años.
Importantes funcionarios de seguridad, que se creía eran intocables, han sido acribillados a balazos en Ciudad de México, cuatro solamente en el último mes. Los narcotraficantes mataron a otros siete agentes federales este año en represalia por las redadas antidrogas en ciudades fronterizas. Otros han muerto en tiroteos.
Desde que Calderón asumiera la presidencia, los narcotraficantes han matado al menos a 170 agentes de policía local, entre ellos al menos a decenas de jefes de policía municipales. Se cree de algunos que eran agentes corruptos que trabajaban para organizaciones de narcotráfico y fueron asesinados por gángsteres rivales, dicen los detectives. Otros murieron haciendo su trabajo.
El presidente ha jurado mantener el curso, diciendo que la violencia entre las bandas y los ataques contra la policía son un signo de éxito antes que de fracaso. El gobierno ha destruido los carteles, dice, provocando una guerra entre los grupos disidentes. El asesinato del comisario Millán, dijo, fue "un acto desesperado para debilitar a la policía federal".
"Esta es una estrategia de algunas organizaciones criminales para aterrorizar a la sociedad y paralizar al gobierno", dijo la semana pasada. "La cuestión es si debemos perseverar y seguir adelante o simplemente ocultarnos en nuestras oficinas y agachar la cabeza. El gobierno mexicano no eludirá esta guerra de ninguna manera".
La violencia entre los carteles de la droga que Calderón está tratando de terminar no ha hecho más que empeorar en el último año y medio. El número de muertes se ha disparado en un 47 por ciento, llegando a mayo de este año a 1.378 víctimas, dice la fiscalía. En total, desde que Calderón asumiera el cargo han muerto asesinadas en incidentes violentos relacionados con las drogas 4.125 personas.
Pero aquí más consternación ha causado el firme repiqueteo de asesinatos de policía. El miércoles, por ejemplo, el segundo al mando de la policía del estado de Morelos, y su ayudante, fueron encontrados muertos en el maletero de un coche. Un letrero en los cuerpos advertía contra el cartel de Sinaloa.
Varios aterrorizados jefes de policía locales han renunciado, siendo el más reciente, a la fecha, Guillermo Prieto, jefe de policía de Ciudad Juárez, que renunció la semana pasada después de que su lugarteniente muriera asesinado unos días antes.
"No está pasando solamente en Ciudad Juárez", dijo el alcalde José Reyes Ferriz en el funeral del comisario Juan Antonio Román García. "Está ocurriendo en Nuevo Laredo, en Tijuana, en toda esta región. Están atacando a los comisarios para desestabilizar a la policía".
Una razón del estallido de violencia es que Calderón y su ministro de seguridad pública, Genaro García Luna, han disturbado acuerdos de largo tiempo entre la policía y los narcotraficantes a todo nivel del gobierno, dijeron varios expertos sobre criminalidad en México.
El año pasado, García Luna despidió a 284 comandantes de la policía federal en todo el país, remplazándolos con oficiales escogidos por el mismo, muchos de ellos de fuera de los cuerpos, que han sido adiestrados en una nueva academia y que han sido controlados cuidadosamente para evitar infiltraciones.
También ha reestructurado el departamento, degradando a decenas de oficiales de carrera y colocando al mando a gente en la que confía: un pequeño círculo de personas de excelente formación, la mayoría de ellas provenientes de las fuerzas armadas y del servicio de espionaje de México.
La mayoría de estos comandantes también sirvieron bajo García Luna en la anterior administración del presidente Vicente Fox como parte de la Agencia Federal de Investigación, AFI, una unidad de elite diseñada como el FBI.
La agencia mostró resultados. El gobierno del presidente Fox arrestó a varios de los barones de la droga más notorios del país, entre ellos a Osiel Cárdenas, capo del Cartel del Golfo, y Benjamín Arellano Félix, que controlaba Tijuana. Las detenciones causaron conmoción en los carteles y en sus guerras territoriales.
Cuando asumió el cargo, el presidente Calderón fusionó la agencia de investigación con la existente policía federal y puso a García Luna a cargo. En los últimos dieciocho meses, la nueva fuerza ha reclutado intensamente entre estudiantes universitarios y ex soldados. El gobierno ha elevado la paga inicial para los agentes y ha mejorado substancialmente su formación.
Pero incluso con tres mil nuevos reclutas, el gobierno de Calderón todavía tiene que purgar la fuerza de miles de oficiales de carrera con raíces en la vieja unidad, en la que abundaban los agentes corruptos. Muchos de estos oficiales tienen lealtades dudosas y hacen dinero con chanchullos, especialmente los asignados a autopistas, puertos y aeropuertos, según criminalistas y funcionarios policiales.
"Adiestrar a esta gente y sacarla de la calle va a tomar algunos años", dice Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami que ha estudiando el tráfico de drogas en América Latina. "Eso no afecta a los elementos corrompidos en la policía".
Al mismo tiempo, Calderón y su predecesor han desmantelado en gran parte el aparato de seguridad del estado que mantuvo a México bajo su control durante décadas cuando el país era gobernado por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional. La Agencia de Inteligencia de México y el ministerio del Interior han sido despojados de sus extensas redes de informantes.
Como resultado, dicen los críticos, la nueva fuerza de policía federal no sólo carece de la inteligencia que tuvo en el pasado, sino que está llena de agentes y comandantes descontentos que han perdido sus posiciones o, en algunos casos, sus fuentes de sobornos.
Uno de esos agentes era José Antonio Martín Montes Garfias, el hombre al que los detectives acusan de contratar a un asesino para matar al comisario Millán. El agente Montes Garfias había trabajado durante un largo período en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, uno de los principales puntos de entrada de cocaína y de químicos utilizados para hacer metanfetamina, y se lo sospechaba de proteger los embarques del cartel de Sinaloa. El comisario Millán lo transfirió.
La policía también dice que Montes Garfias participó en el asesinato de Roberto Velasco Bravo, jefe de la división de crimen organizado en el departamento de seguridad pública, el 1 de mayo. Cuando fue detenido, Montes Garfias tenía documentos de varios coches usados por otros altos oficiales de la policía federal, con nombres, números de matrícula y modelos.
Los fiscales dicen que agentes corruptos también informaron a los pistoleros que mataron a Omar Ramírez, un importante comandante de la AFI, cuando conducía en septiembre pasado en una ajetreada calle en el centro de Ciudad de México. Ramírez había salido de su oficina para un encuentro urgente en una hora inusual, pero los pistoleros conocían su ruta. La fiscalía dice que fue asesinado por sus avances en la investigación del Cartel del Golfo.
Sin embargo, algunos comandantes de policía dicen que los agentes corruptos son un problema menor en comparación con la falta de información sobre los narcotraficantes. También se quejan de que las ramas de la inteligencia militar y de la policía no comparten sus informaciones, por temor a filtraciones, hasta que están a punto de realizar un allanamiento.
El comisario Javier Herrera Valles supervisó los intentos de Calderón de restaurar el orden en varios estados durante diez meses hasta que fue degradado en febrero pasado por criticar públicamente las operaciones en una carta al presidente.
Herrera sostiene que la policía federal está actuando sobre la base de briznas de información, como datos de informantes anónimos. Tienen pocas pruebas sólidas recogidas por agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas o vigilancia. Las operaciones consisten en su mayor parte en parar camiones en puestos de control e interminables patrullajes en los barrios, dijo.
"No tienen un recabamiento de información eficaz", dijo en una entrevista. "Estamos patrullando sin ninguna dirección. Caminamos haciendo círculos, nada más".
Calderón y sus altos funcionarios de seguridad rechazan este punto de vista. Señalan que en el último año y medio el gobierno ha logrado importantes requisamientos de cocaína y alijos de armas. También han arrestado a decenas de personas, presuntamente asesinos a sueldo de los carteles, además de un puñado de narcotraficantes de alto nivel.
Antonio Guzmán, que dirige a los 640 agentes federales enviados en las últimas semanas a Sinaloa a cazar a los capos que se cree ordenaron el asesinato del comisario Millán, negó que los asesinatos de agentes de policía hayan apagado el ánimo de sus hombres.
"No ha afectado la moral", dijo Guzmán mientras patrullaba las calles a la cabeza de una columna de cuatro camionetas llenas de agentes fuertemente armados, de negro, con ametralladoras y chalecos antibalas. "Sabemos en lo que nos estamos metiendo. Tenemos ganas de ganar, porque no podemos permitir que esto continúe así".
Reconoció que los líderes de las bandas de Sinaloa probablemente habían huido, escondiéndose en las montañas o en otros estados. Dijo que la verdadera razón de que su fuerza haya sido enviada es recuperar la confianza de los vecinos en que el gobierno puede protegerlos.
Sin embargo, los residentes dicen que las patrullas y los puestos de control sólo han ayudado estando allí. Algunos vecinos dijeron que todos conocían a los narcotraficantes en el barrio, pero que nadie se atrevía a delatarlos a la policía. "No nos metemos con ellos", dijo Wilfredo Valenzuela, 35, mecánico.
Alma Rosa Camacho López, 42, conserje de una escuela básica, dijo que tan pronto como se marchan los agentes federales, los narcotraficantes salen de sus escondites. "Necesitamos que el gobierno controle a esta gente todo el tiempo", dijo. "Cuando ellos se marchan, vuelve el problema y nosotros quedamos como antes".

15 de julio de 2008
26 de mayo de 2008
©new york times
cc traducción mQh
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