la cocaína y la guerra en colombia
1 de agosto de 2008
[Simón Romero] Pasto, Colombia. Junto con los logros de Colombia en la lucha contra los rebeldes de izquierda este año, ciudades como Medellín han presenciado una extraordinaria recuperación. Y en los barrios ricos de Bogotá, la capital, es casi imposible olvidar que el país sigue presa de una guerra endemoniadamente compleja que empezó hace cuatro décadas.
Pero en las montañas del departamento de Nariño se cuenta otra historia. Aquí, y en otros lugares en el campo, la violencia y el miedo siguen implacables, subrayando lo difícil que es terminar con una guerra que se alimenta del comercio de drogas que es inmune a las campañas financiadas por Estados Unidos para ponerle fin.
Persisten testarudamente el desenfrenado cultivo de coca, las desapariciones forzadas, los asesinatos, el desplazamiento de familias y la colocación de minas terrestres, el sello de un conflicto rural que amenaza con prolongarse durante años, y sin las espectaculares acciones que las guerrillas emprendían en las grandes ciudades colombianas en el pasado.
Para aquellos sorprendidos en el fuego cruzado, los rumores de un posible fin de la guerra parecen decididamente prematuros, incluso considerando la muerte, este año, de varios líderes guerrilleros, la deserción de cientos de rebeldes cada mes, y el rescate de importantes rehenes, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
"Los grupos armados son como la malaria, y evolucionan para resistir su erradicación y seguir matando con más eficiencia", dijo en una entrevista Antonio Navarro Wolff, gobernador de Nariño y ex guerrillero de la ahora desaparecida organización M-19. "Nariño muestra que los guerrilleros pueden haber perdido su posibilidad de victoria, pero no su capacidad de seguir provocando sufrimientos".
Hoy, una vertiginosa gama de grupos armados controlan las zonas rurales de Nariño. Entre ellos se incluyen no solamente las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, sino también las milicias de extrema derecha, que operan bajo nombres como las Águilas Negras, o Fuerzas de Autodefensa Campesina de Nariño.
Su presencia refleja la naturaleza simbiótica de las organizaciones armadas y el comercio de drogas, que se sustentan mutuamente.
En Nariño, flanqueada por el Océano Pacífico al occidente y Ecuador al sur, los campesinos cocaleros han esquivado hábilmente casi una década de campañas de fumigación reorganizando fincas de tamaño industrial en parcelas más pequeñas que son mucho más difíciles de encontrar y de fumigar desde el aire. Pagan impuestos, y protección, a las varias partes implicadas en el conflicto.
Naciones Unidas informó en junio que el cultivo de coca en Colombia aumentó en 2007 en un veintisiete por ciento, llegando a cubrir cien mil hectáreas -el primer aumento significativo en cuatro años. Con un treinta por ciento, Nariño presenció el mayor aumento que cualquier otro departamento colombiano (un distrito administrativo), llegando a cubrir veinte mil hectáreas.
La expansión ha permitido que Colombia siga siendo de lejos el mayor productor de coca del mundo, y el proveedor del noventa por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos.
También ha hecho que el conflicto alimentado por las drogas se vuelva un virus resistente en extensas zonas del país, donde aumentos de dos dígitos en la producción de coca en al menos otros tres departamentos: Putumayo, Meta y Antioquia. En Nariño, casi todas las semanas funcionarios de gobierno, líderes católicos y colaboradores de organizaciones de ayuda informan sobre acciones de los rebeldes o de grupos paramilitares.
En la última semana de junio, cuatro maestros de áreas remotas de la provincia fueron asesinados por una columna de las FARC llamada Mariscal Sucre, una de las tres unidades de las FARC activas en la zona. Los rebeldes dijeron que los maestros, todos ellos asignados hace poco a escuelas remotas por funcionarios de la iglesia católica, eran informantes del ejército.
"Los guerrilleros dejaron los cuerpos de dos de los maestros frente a sus escuelas, impidiendo que las familias pudieran brindarles cristiana sepultura", debido a que las familias no se atrevieron a retirar los cuerpos, dijo Eduardo Muñoz, director de derechos humanos de Simana, el sindicato de maestros de Nariño.
Apenas tres semanas antes, en abril, las FARC provocaron un apagón para los trescientos mil habitantes de la costa del Pacífico, con un ataque contra una central eléctrica. Soldados colombianos también encontraron ocho depósitos de procesamiento de combustible -con 77 mil barriles de petróleo- utilizados por las guerrillas como combustible y en el procesamiento de la coca en cocaína en laboratorios improvisados.
A nivel nacional, las FARC todavía recaudan entre doscientos a trescientos millones de dólares al año por concepto de impuestos a los campesinos cocaleros y coordinando las redes de transporte de la cocaína, de acuerdo a Bruce Bagley, especialista en la lucha contra las drogas en los Andes y que enseña en la Universidad de Miami.
Hace una década recaudaban quinientos millones de dólares, dijo Bagley, pero es todavía suficiente como para financiar a las FARC después de las recientes deserciones y asesinatos que han reducido sus filas a cerca de nueve mil, después de contar con diecisiete mil combatientes.
Igualmente, aunque la cuota de las FARC en el tráfico de cocaína se ha reducido, la cuota de Colombia en la producción mundial de cocaína sigue estable en cerca del sesenta por ciento. Eso significa oportunidades para los nuevos traficantes, como las milicias de la extrema derecha colombiana y pandillas armadas de pequeña escala que están ocupando el terreno de los carteles desintegrados.
"Ganar algunas batallas no es lo mismo que ganar la guerra", dice Bagley. "Las FARC y otros grupos sobrevivirán mientras mantengan sus refugios, el flujo de dinero de la droga y enormes y remotas regiones sin conexión con la economía nacional".
Un área semejante es El Rosario, una municipalidad a tres horas de Pasto, la capital de Nariño, en un vehículo motorizado por las serpenteantes rutas a lo largo de la cordillera de los Andes.
Hace una década, la coca era un cultivo poco común en la zona, dijeron campesinos de El Rosario. Entonces, las campañas de erradicación del Plan Colombia, los cinco billones aportados por Estados Unidos para las campañas contrainsurgentes y antinarcóticos, obligaron al cultivo de coca a emigrar de otras partes del país hasta aquí.
Para los campesinos cocaleros, las campañas de erradicación sólo han empujado a la coca -y a los grupos que viven de ella- a regiones incluso más aisladas del país. Ahora que la coca se ha convertido en su fuente de ingresos, los campesinos están determinados a continuar su cultivo.
En una remota zona, a 45 minutos por un camino de tierra, Liborio Rodríguez tiene un pequeño terreno con coca en una ladera que ha sido atacada con fumigaciones aéreas y una campaña de erradicación directa en los últimos años.
"Sé que no hay nada eterno, pero no me iré de esta tierra", dijo Rodríguez, 41, mientras él y unos seis trabajadores recogían hojas de coca bajo el ardiente sol, haciendo pausas para beber chicha, una bebida alcohólica a base de maíz. "Después de todo lo que hemos tenido que aguantar, creo que aquí igual podemos sobrevivir".
Él y los otros campesinos dicen que han desarrollado estrategias para proteger sus plantaciones de coca, plantando parcelas más pequeñas debajo de la canopia forestal y mojando las hojas de la planta con jugo de caña de azúcar, que se cree impide que los herbicidas a base de fosfato se adhieran a ella.
En un ejemplo de consecuencias no intencionadas, los fosfatos repelidos por las plantas de coca pueden introducirse en la tierra y servir como fertilizante, dicen algunos botánicos, ayudando a aumentar el rendimiento de la coca.
Otros campesinos cocaleros han desarrollado especies híbridas de coca que crecen más cerca del suelo y pueden ser cosechadas entre cuatro y seis veces al año, casi el doble que los niveles previos.
Enfrentados al inesperado aumento del cultivo de coca en Nariño y otras regiones, los funcionarios colombianos se consuelan con las conclusiones de Naciones Unidas de que la producción de cocaína en el país permaneció estable en 2007, con cerca de 660 toneladas.
Y dicen que el cultivo de coca pudo haber sido mucho mayor que las cien mil hectáreas medidas el año pasado si no fuera por las fumigaciones aéreas y las campañas de erradicación manual, combinadas con ataques para interceptar cargamentos de cocaína y los golpes que las fuerzas armadas han propinado a las FARC en numerosos reductos rurales.
Sin embargo, aunque los niveles de prohibición son prometedores, el crecimiento del cultivo de la coca también promete a las FARC y grupos rivales nuevas oportunidades para beneficiarse del tráfico de cocaína.
Un grupo paramilitar, los Águilas Negras, han causado tanto terror a los habitantes de El Rosario, que difícilmente mencionan el nombre de la milicia cuando comentan las extorsiones mensuales a las que son sometidos.
En otras partes de Nariño los habitantes informan similarmente que mercenarios paramilitares están aumentando, pese a los esfuerzos del gobierno por desmovilizar a los más de treinta mil mercenarios paramilitares en los últimos años.
Estas milicias, camufladas a veces con uniformes -con las letras ACN, las iniciales de Autodefensa Campesina de Nariño, u ONG, Organización Nueva Generación-han desplazado a los campesinos cercanos a la costa del Pacífico, según testimonios recogidos por organizaciones de ayuda, a medida que grupos paramilitares, guerrillas y pequeñas bandas de narcotraficantes luchan por el control de las rutas de transporte.
Las cifras del gobierno sugieren que los desplazamientos están disminuyendo en Nariño, con cerca de 7.500 personas desalojadas de sus casas en lo que va de año, en comparación con casi treinta mil en 2007. Pero otras organizaciones pintan un panorama más desolador.
Codhes, una importante organización de derechos humanos, dice que los desplazamientos en Colombia aumentaron en un 38 por ciento el año pasado, a más de trescientas mil personas, con Nariño emergiendo como "el centro de la crisis humanitaria de Colombia", dice Jorge Rojas, director de la organización.
Organizaciones aparentemente marginales persisten en bolsones de malestar rural. Otra organización rebelde de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tiene al menos cien combatientes en la zona, según dijeron funcionarios locales y colaboradores de organizaciones de ayuda.
Un rival de las FARC que se ha visto enormemente disminuido en los últimos años, el ELN normalmente ha evitado participar en el tráfico de cocaína. Pero sus riquezas son tan tentadoras, dicen líderes comunitarios, que una columna renegada de la organización en Nariño, los Comuneros del Sur, se ha labrado una nueva oportunidad financiándose con el comercio en drogas.
En junio, tres niños del grupo indígena awá entraron a una zona rural sembrada de minas terrestres por el ELN, dijeron líderes comunitarios. Los niños, de ocho, doce y quince años, murieron instantáneamente, convirtiéndose en parte del grupo de treinta y una víctimas de bombas terrestres este año en Nariño, una lúgubre cifra que incluye a diecinueve civiles, según el gobierno colombiano.
"Nuestra opinión es que todos los lados se están volviendo más fuertes", dijo un líder awá, que pidió no ser identificado por temor a las represalias de los rebeldes. "¿En qué lugar del mundo pueden decir las autoridades que están ganando cuando sus opositores continúan plantando coca y colocando bombas?"
27 de julio de 2008
©new york times
cc traducción mQh
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