juez ordena libertad de prisioneros
Julie Tate contribuyó a este reportaje. 17 de octubre de 2008
[Del Quentin Wilber] Un juez federal ordenó ayer que un pequeño grupo de musulmanes chinos detenidos en la prisión militar de Bahía Guantánamo sean liberados en territorio norteamericano para el viernes, rechazando la afirmación del gobierno de Bush de que puede detenerlos indefinidamente y sin explicar la causa.
Es la primera vez que un juez de Estados Unidos ordena la libertad de detenidos en Bahía Guantánamo, y la primera vez que un nacional extranjero detenido en la cárcel en Cuba deberá ser trasladado a Estados Unidos.
El juez de distrito Ricardo M. Urbina dictó su resolución de un modo bastante dramático en una atiborrada sala del tribunal, diciendo que ordenaba la puesta en libertad de diecisiete uighur debido a que el gobierno no había entregado ninguna prueba de que fueran combatientes enemigos o que representaran un peligro para la seguridad. Según esa orden, los hombres vivirán con familias uighur en el área de Washington hasta que se les encuentre una ubicación más permanente.
"Debido a que la Constitución prohíbe la detención indefinida sin motivo, la prolongada detención de prisioneros por parte del gobierno es ilegal", dijo Urbina. "Debido a que las preocupaciones en torno a la separación de los poderes del Estado no anulan el principio mismo sobre el que se fundó este país -el irrenunciable derecho a la libertad-, la Corte Ordena al gobierno la liberación de esos detenidos en territorio estadounidense".
Urbina ordenó que los detenidos y las familias uighur deben comparecer el viernes ante su tribunal. Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que las fuerzas armadas están colaborando con otras reparticiones gubernamentales para preparar el traslado de los detenidos a Washington.
Pero el ministerio de Justicia dijo que presentará una apelación de emergencia, porque la decisión del juez "provoca serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y sobre la separación de poderes". Una portavoz de la Casa Blanca emitió una declaración diciendo que "estamos profundamente preocupados y discrepamos completamente" con la resolución.
En las audiencias judiciales que culminaron con la resolución de ayer, el gobierno alegó que sólo el presidente Bush tiene autoridad para permitir que esos hombres ingresen al país. Además, las leyes estadounidenses no dejarán ingresar a los uighur al país porque fueron adiestrados en campos financiados por el Movimiento Islámico de Turkestán del Este, una organización que el gobierno de Bush definió como terrorista después de la detención de los hombres, dijeron los abogados.
Los abogados de los uighur, organizaciones de derechos humanos y miembros del Congreso de los dos partidos han pedido su liberación, diciendo que los detenidos no tienen conflictos con Estados Unidos y que han estado detenidos injustamente durante demasiado tiempo. Los diecisiete uighur han sido retenidos en la cárcel en Cuba durante casi siete años desde que fueran aprehendidos en Pakistán.
El gobierno ha decidido liberar a sesenta de los cerca de 225 prisioneros en Bahía Guantánamo, incluyendo a los uighur. Pero a diferencia de los otros presos, los uighur, que son separatistas, no pueden ser enviados a su país de origen porque el gobierno chino los considera terroristas y podría torturarlos. Estados Unidos envió cinco uighur a Albania en 2006, pero ningún otro país quiere correr el riesgo de ofender a China aceptando a los otros.
En el curso de los años más de quinientos detenidos han salido de Bahía Guantánamo para dirigirse a sus países de origen; un número desconocido fue finalmente dejado en libertad. Sólo un detenido, Yaser Esam Hamdi, un saudí, fue trasladado de Bahía Guantánamo a Estados Unidos después de que las autoridades determinaran que poseía la nacionalidad estadounidense. Finalmente fue deportado a Arabia Saudí y renunció a la ciudadanía estadounidense.
Aunque la Casa Blanca advirtió que la resolución podría ser usada para que otros detenidos ingresen a Estados Unidos, algunos juristas han dicho que eso es improbable porque las circunstancias de los uighur son únicas.
El representante Dana Rohrabacher (republicano, California), que ha estado trabajando por la liberación de los uighur con el representante Bill Delahunt (demócrata, Massachusetts), dijo ayer que Urbina "tomó una decisión moralmente correcta. Deberíamos ofrecer nuestras excusas a los uighur", dijo.
Cerca de cuatrocientas familias uighur viven en el área de Washington, la mayor parte de ellos en Virginia del Norte. Hay concentraciones más pequeñas de uighur en el Distrito y en suburbios de Maryland.
"El sistema judicial estadounidense nos ha dado justicia", dijo Ilshat Hassan, 46, un uighur que trabaja para una importante firma consultora y contratará a uno de los detenidos para que se encargue del aseo de su casa en McLean.
Una corte de apelaciones determinó en junio que uno de los uighur, Huzaifa Parhat, no era un combatiente enemigo y debía ser dejado en libertad o sometido a una nueva audiencia militar, porque las pruebas para justificar su detención eran endebles y poco fiables.
La comisión de tres jueces determinó que "está fuera de toda duda de que el detenido no era miembro de al-Qaeda ni de los talibanes y que no ha participado nunca en ninguna acción hostil ni contra Estados Unidos ni contra sus aliados". En los meses posteriores a la resolución, el gobierno determinó que los uighur detenidos en Bahía Guantánamo no serían tratados como combatientes enemigos.
La audiencia de ayer fue ordenada por una resolución de la Corte Suprema en junio que estableció que los detenidos tenían derecho a impugnar su detención ante tribunales federales. Decenas de otros detenidos han pedido impugnar sus detenciones.
Debido a que el gobierno no presentó evidencias para justificar la detención de los uighur, Urbina tenía una de dos opciones: liberarlos en Estados Unidos o permitir que siguieran encarcelados sin causa.
La resolución del juez fue en cierto modo una sorpresa porque muchos esperaban que primero oyera los alegatos y declaraciones. Pero desde el principio quedó claro que ya había tomado una decisión.
Cuando terminaron los alegatos, Urbina leyó su resolución: "Después de detener a diecisiete uighur durante casi siete años sin ninguna supervisión judicial, ha llegado el momento para que alumbre la luz de la constitucionalidad", dijo.
El juez rechazó seguidamente uno por uno los alegatos del ministerio de Justicia, observando que los esfuerzos del gobierno de reasentar a los detenidos han sido poco exitosos y que no había "una fecha previsible de que lo lograrían".
También observó que el gobierno no ha acusado a los detenidos de ningún delito y que no ha presentado evidencias que justifiquen sus detenciones. "La autoridad arbitraria y unilateral que el brazo político cree que tiene sobre los uighur no forma parte de nuestro sistema de gobierno", dijo.
Más tarde, Urbina fustigó al abogado del ministerio de Justicia, John O’Quinn por sugerir que las autoridades de inmigración podrían verse obligadas a detener a los uighur en territorio estadounidense debido a sus presuntos vínculos con la organización terrorista.
"No me hace ninguna gracia", dijo Urbina. Ordenó a los funcionarios de inmigración que no fastidiaran a los uighur hasta la segunda audiencia del 16 de octubre, en la que oirá declaraciones de los ministerios de Justicia y de Seguridad Interior sobre cómo controlarlos.
8 de octubre de 2008
©washington post
cc traducción mQh
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