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colombia examina su pasado


Para avanzar, Colombia mira hacia su pasado. El Grupo de Memoria Histórica, una organización colombiana independiente, espera que conocer el horrible pasado del país pueda ayudar a poner fin a décadas de guerra.
[Sibylla Brodzinsky] Trujillo, Colombia. Para los trabajadores de esta pequeña ciudad, el Padre Tiberio Fernández era una fuerza unificadora que los ayudó a luchar por sus derechos. Para los jefes paramilitares y las fuerzas del gobierno, colaboraba con los rebeldes y era un peligro.
En 1990 fue secuestrado, torturado, desmembrado y arrojado a un río como una de las 342 víctimas de lo que más tarde se conocería como la Masacre de Trujillo.
Durante años, la mayoría de las familias de las víctimas de la guerra civil colombiana, que se viene librando desde hace cuarenta años, han llorado discretamente a sus muertos y descargado entre ellos su indignación.
Ahora sus historias se han convertido en noticia nacional después de que el mes pasado se diera a conocer un informe independiente de trescientas páginas sobre la Masacre de Trujillo, el primero de muchos que deberán contar una historia más completa sobre el pasado oculto de Colombia.
De modos fragmentados, a menudo poco coordinados, las víctimas -así como ex guerrilleros de izquierda, ex paramilitares de extrema derecha, y académicos- están reconstruyendo la violenta historia de este país. Normalmente, este tipo de búsqueda de la verdad ocurre al terminar un conflicto. El miedo a las represalias es un poderoso silenciador. Pero los colombianos no pueden esperar a que llegue la paz.
"La sociedad lo está exigiendo ahora", dice Gonzalo Sánchez, un renombrado historiador que dirige el Grupo de Memoria Histórica que compiló el informe. Dice que los colombianos quieren saber la verdad y rendir homenaje a las víctimas.
Reconstruir el pasado de manera objetiva antes de que termine una guerra civil plantea retos únicos. Los procesos judiciales y la búsqueda de la verdad antes del fin del conflicto ha ocurrido en otros lugares, como Darfur y Uganda. Pero estos juicios han sido realizados por tribunales internacionales y los intentos de determinar el curso de los acontecimientos han sido mínimos.
Aquí, sin embargo, la urgencia por conocer la verdad está ganado en importancia, incluso en medio de nuevos asesinatos, desapariciones, secuestros y atentados con bomba. Más de diez mil rebeldes de izquierda siguen en pie de guerra, y muchos de los treinta mil paramilitares desmovilizados han vuelto a tomar las armas. Colombia también está juzgando a cerca de tres mil ex paramilitares y guerrilleros.
El resultado, en este ambiente cruzado por tendencias opuestas, es a menudo un asunto engorroso.
"Es muy difícil saber la verdad cuando el conflicto no ha terminado todavía", dice Ginny Bouvier, del Instituto de la Paz -de Estados Unidos-, una organización de Washington financiada por el Congreso. "Tiene un efecto silenciador sobre la población".
Sánchez reconoce que muchas de las historias que ahora victimarios y víctimas están haciendo públicas son verdades a medias. A menudo los que se han atrevido a contar la verdad han sido amenazados, asesinados u obligados a cambiar sus versiones. "La historia que se está contando, se está contando bajo amenaza", dice.
Pero Sánchez defiende la iniciativa. "Normalmente este tipo de proyecto marca la última fase de un proceso de paz para terminar con el conflicto", dice. "Pero quizás aquí pueda ser el punto de partida para un proceso de paz. ¿Por qué no?"

Más que un Monumento
En Trujillo, el primer paso hacia la búsqueda de la paz personal fue la construcción de un monumento para que las familias de las víctimas recuerden a sus seres queridos. Debajo de cada nombre, los familiares han esculpido
imágenes en bajo relieve representando a cada una de las víctimas y lo que hacían en vida.
El monumento es una iniciativa de las familias de las víctimas para mantener viva la memoria de sus seres queridos. Pero para los sobrevivientes, recordar sólo a los suyos no es suficiente.
"La construcción de memoria gira sobre el deseo de ser reconocido como víctima y entendido por la gente que te rodea", dice Louis Bickford, experto en búsquedas de la verdad para el Centro Internacional para la Justicia Transicional, de Nueva York, organización que ayuda a países a dar cuenta de las atrocidades. "También es un intento de prevenir que estos crímenes se repitan".
Es algo que Colombia no ha hecho nunca antes, incluso después del cruento período de guerra civil conocida como ‘la Violencia’, de 1948 a 1958, que se cobró cerca de doscientas mil vidas.
Cuando terminó La Violencia, Colombia pasó la página y miró hacia adelante, dejando a las familias de las víctimas amargadas e indignadas y reclamando justicia.
"Este es un país que estaba acostumbrado a terminar sus conflictos con amnistías e indultos generales", dice Sánchez. "La idea era que las víctimas apenas si existían, los muertos estaban muertos y eso era todo".
Ahora eso está cambiando. Entre 1982 y 2007 el Grupo de Memoria Histórica ha contado 2.505 masacres, en las que murieron catorce mil personas. El gobierno ha registrado más de 145 mil muertes y desapariciones, así como más de tres millones de desplazados internos.
Bajo la llamada Ley de Justicia y Paz, cientos de combatientes paramilitares desmovilizados y desertores rebeldes han confesado miles de esos crímenes a cambio de sentencias reducidas. Según los observadores, el acuerdo está funcionando como un catalizador para las víctimas, que están entregando por primera vez su versión de los hechos.
Incluso aunque el conflicto continúe, la ley presenta "nuevas oportunidades para romper el ciclo de impunidad", dice Juan Méndez, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional de Nueva York.
Pero el modo en que víctimas y victimarios recuerdan la historia a menudo difiere enormemente. A veces, debido al escenario oficial de las confesiones, los antiguos combatientes reciben más reconocimiento que los que sobrevivieron sus crímenes. Eso es lo que Sánchez llama "la asimetría de la historia".

Una Víctima Enrostra a Su Atacante
En la sede bogotana del fiscal general de Colombia una mañana hace poco, Miguel Páez esperaba impaciente ver a la mujer que arruinó su vida.
Cuando Elda Neyis Mosquera – o ‘Karina’, como se la noche- fue finalmente llevada a la sala de un tribunal
rodeada de guardias, él corrió hacia ella, gritándole: "Mírame. Recuerda. Recuerda cuando me castraste".
Karina, ex comandante de una organización de extrema izquierda que se entregó en mayo, agachó la cabeza en su trayecto hacia el estrado para que continuara su confesión de los crímenes que cometió durante más de veinte años en el movimiento guerrillero. Algunas de sus víctimas se encontraban en una sala aledaña para mirar la transmisión en video en directo de los procedimientos.
Durante la vista, Karina negó haber estado presente en esa región en la época en que Páez dice que ella lo mutiló. "No es verdad. Fue ella", dijo a los otros que se encontraban observando. "Su versión es falsa", dijo Páez, apretando los dientes. "Yo conozco mi verdad, y se la contaré a cualquiera que quiera escucharla".

Batalla por la Historia
Bickford, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, subraya la importancia del valor otorgado a las versiones de las víctimas. "Si las víctimas no cuentan sus historias, los victimarios ganarán la batalla de la historia", dice.
El uno de octubre, en un tribunal de la segunda ciudad de Colombia, Medellín, Ana Eugenia Rojas achicó los ojos y frunció la boca cuando vio en la pantalla del monitor a un ex comandante paramilitar que confesó haber ordenado el asesinato de su hijo, Edgar Quiroga. Pero lo describió como un importante comandante rebelde. "Él no era guerrillero", dijo. "Lo querían matar porque estaba ayudando a los campesinos a luchar por sus derechos. Es así como tiene que ser recordado".
Pese a las diferentes versiones de la historia, hay algunos detalles que sólo conocen los victimarios, tales como dónde están enterrados los cuerpos de sus víctimas.
Este año, las confesiones de paramilitares y combatientes de izquierda han ayudado a los investigadores del gobierno colombiano a recuperar los restos de 1.689 personas en 1.389 fosas clandestinas.
El tres de octubre, el fiscal instructor Alonso Alvear agregó siete cuerpos más al conteo.
En las mañanas, cuando las nubes todavía cuelgan entre las montañas, Alvear dirige a un equipo de expertos forenses, escoltado por decenas de agentes de policía, a través de lodosos senderos hacia el campo de la región bananera de Colombia, hacia un pueblo llamado Nueva Antioquia.

26 de octubre de 2008
17 de octubre de 2008
©christian science monitor
cc traducción mQh
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