siguen matando a civiles inocentes
Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje desde Bogotá. 30 de octubre de 2008
[Simón Romero] Soacha, Colombia. El 2 de marzo, Julián Oviedo, 19, obrero de la construcción en este arenoso retal de barriadas, le dijo a su madre que hablaría con un hombre sobre un trabajo. Al día siguiente, Oviedo fue asesinado por tropas del ejercito a unos 563 kilómetros en el norte del país. Fue clasificado como subversivo y contado como baja de guerra.
El gobierno colombiano, el principal aliado del gobierno de Bush en América Latina, se ha visto sacudido por los asesinatos de Oviedo y decenas de otros hombres y mujeres jóvenes y pobres cuyos casos se han empezado a conocer recién en las últimas semanas. Algunos eran vagabundos, otros vendedores ambulantes y artesanos. Pero su destino fue a menudo el mismo: catalogados como subversivos o miembros de pandillas criminales y asesinados por las fuerzas armadas.
Fiscales e investigadores de derechos humanos están investigando cientos de esas muertes y desapariciones, diciendo que las fuerzas de seguridad de Colombia están matando cada vez más a civiles, pretendiendo que murieron en combate, a menudo con armas plantadas en sus cuerpos o vistiéndolos como guerrilleros.
Con los soldados bajo intensa presión en los últimos años para producir bajas enemigas para ser ascendidos y poder acceder a beneficios como tiempo libre y paga extra, los informes sobre asesinatos de civiles están aumentando, dicen investigadores y fiscales, llamando la atención sobre una faceta de la larga guerra interna de Colombia contra los rebeldes de izquierda.
Las muertes han puesto en duda la profundidad de los recientes ataques contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, y han empezado a importunar a la jerarquía militar.
El miércoles, el gobierno del presidente Álvaro Uribe anunció que había despedido a más de dos docenas de oficiales y soldados -incluyendo tres generales- en relación con las muertes de Oviedo y otros diez jóvenes de Soacha, cuyos cuerpos fueron recuperados recientemente en tumbas anónimas en una lejana zona de combate. La purga se produjo después de una reorganización inicial el viernes cuando el comando del ejército liberó de sus deberes a tres coroneles.
El miércoles en una rueda de prensa, Uribe dijo que una investigación militar interna aparentemente descubrió "crímenes en algunas regiones que tenían como objetivo el asesinato de inocentes, pretendiendo que eran criminales caídos en combate".
"Las fuerzas armadas de Colombia tienen un prestigio bien merecido", dijo Uribe. "Cuando hay violaciones de derechos humanos, ese prestigio es enturbiado".
Profesando inocencia en una entrevista telefónica el miércoles noche, el general de brigada Paulino Coronado, uno de los generales destituidos, dijo que lamentaba la manera en que fueron despedidos.
"La impresión es que queda como si yo fuera un criminal o un asesino", dijo. "Se puede creer que se cometen errores en los controles, pero tenemos que considerar los medios disponibles para dirigir a ocho mil hombres".
La ola de asesinatos también ha llamado la atención sobre la embajada norteamericana aquí, que es responsable de aprobar el historial de unidades militares colombianas en cuanto a derechos humanos antes de que puedan recibir ayuda. Un estudio de los asesinatos de civiles de Amnistía Internacional y de Fellowship of Reconciliation, ambas organizaciones de derechos humanos, constató que el 47 por ciento de los casos reportados en 2007 implicaron a unidades colombianas financiadas por Estados Unidos.
"Si la responsabilidad del ejército es protegernos, ¿por qué mataron a mi hijo así?", pregunta Blanca Monroy, 49, la madre de Oviedo, en una entrevista en su casucha de bloques de hormigón en Soacha. "La explicación oficial es absurda, él llevaba una vida normal. Lo irónico es que mi hijo soñaba con llegar a ser soldado" del gobierno.
Incluso antes de las desapariciones y asesinatos recientes, fiscales y organizaciones de derechos humanos estaban analizando el firme aumento de los informes sobre asesinatos de civiles desde 2002, cuando los comandantes intensificaron una campaña antisubversiva financiada en gran parte por los más de quinientos millones de dólares al año de ayuda norteamericana.
Pero en las últimas semanas se han dado a conocer más de cien denuncias de civiles muertos a manos de las fuerzas de seguridad en nueve regiones de Colombia. Los casos incluyen a un vagabundo, a un joven con epilepsia y a un veterano que dejó el ejército después de que sufriera la amputación de su brazo izquierdo.
En algunos casos, las familias de las víctimas han hablado de intermediarios que reclutaron a sus seres queridos y otros hombres y mujeres pobres con vagas promesas de trabajo en otros lugares, sólo para llevarlos, horas o días después, a zonas de guerra donde son asesinados a balazos por los soldados.
"Estamos presenciando un método de limpieza social en la que unidades militares renegadas operan fuera de la ley", dijo Mónica Sánchez, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, una organización de derechos humanos de Medellín.
Dice que ha documentado más de sesenta ‘falsos positivos’ -el espeluznante término para designar casos de civiles que fueron asesinados para ser presentados como guerrilleros, con armas o uniformes- en el departamento de Antioquia o en provincia.
En un pequeño número de casos -menos de cincuenta- los investigadores también han obtenido completas descripciones de algunos asesinatos que han resultado en condenas en esta década.
Una mañana de abril de 2004, por ejemplo, un grupo de soldados se acercó a la casa de Juan de Jesús Rendón, 33, un campesino de Antioquia, y lo mataron a balazos frente a su hijo de diez años, Juan Esteban.
Los soldados plantaron un transmisor-receptor y un arma cerca del cuerpo de Rendón, según muestran documentos judiciales, y le dijeron a su hijo que sus hermanos correrían la misma suerte a menos que dijera que su padre había disparado contra los soldados.
Vilma García, 35, esposa de Rendón, dijo: "Todavía tengo miedo de que pueda ocurrir de nuevo". Los cinco soldados implicados en el caso fueron condenados recientemente por homicidio y torturas en relación con las amenazas contra su hijo.
"Los soldados creen que somos pobres y no valemos nada", dijo en una entrevista en Medellín, adonde huyeron ella y sus hijos, "así que nadie se preguntará por qué somos asesinados".
Los asesinatos han provocado crecientes críticas contra Estados Unidos porque se supone que tienen que asegurarse de que las unidades militares colombianas no han violado los derechos humanos antes de poder obtener ayuda.
"Si estamos recibiendo ayuda y la aprobación de un gobierno en Washington que autoriza la tortura, ¿qué resultados podemos esperar?", preguntó Liliana Uribe, abogado de Medellín que representa a las familias de las víctimas.
Un alto funcionario de la embajada norteamericana en Bogotá, la capital, dijo que los informes sobre asesinatos de civiles, en años pasados como en los últimos meses, preocupaban a la embajada.
"Si en algunos casos los hechos muestran que algunas unidades de las fuerzas armadas participaron en asesinatos, eso está mal y deberíamos tener mecanismos para impedir que esto ocurra y mecanismos para asegurarnos de que los hechores sean llevados a justicia", dijo el funcionario, que no estaba autorizado a tratar el tema en público.
El funcionario dijo que las unidades implicadas en algunos de los últimos asesinatos de once hombres de Soacha, no recibieron ayuda porque se había considerado previamente que no debían recibirla.
Pero el funcionario no confirmó ni negó la afirmación de que casi la mitad de los informes sobre asesinatos de civiles en 2007 implicaron a unidades que sí recibieron ayuda norteamericana. El funcionario dijo que los dos contratistas estadounidenses contratados por el Departamento de Estado para estudiar el historial de las unidades militares en cuanto a violaciones de derechos humanos no habían revisado estos episodios.
Los informes sobre asesinatos de civiles aumentaron de 287 de mediados de 2006 a mediados de 2007, tras alcanzar 267 en el mismo período un año antes, y 218 el año antepasado, declaró la Comisión Colombiana de Juristas, una organización de derechos humanos de Bogotá.
En total, la oficina del fiscal general dijo que estaba investigando los asesinatos de 1.005 civiles a manos de las fuerzas de seguridad en 558 episodios no relacionados con operaciones de combate. La fiscalía dijo que el número de nuevos casos bajo investigación subió de 122 en 2006 a 245 en 2007.
El aumento de los informes sobre asesinatos de civiles alentó al ministerio de Defensa a emitir una directriz el año pasado convirtiendo en prioridad la captura antes que la muerte de los rebeldes. En una entrevista, el general Freddy Padilla de León, comandante en jefe de las fuerzas armadas, dijo que el cambio de política, aunque destinado en gran parte a prevenir abusos de los derechos humanos, también tenía objetivos estratégicos.
"Un terrorista capturado vivo es un tesoro, mientras que un terrorista muerto es simplemente una noticia de un día", dijo el general Padilla, mencionando el ejemplo de Nelly Ávila Moreno, una comandante de las FARC que se rindió el año pasado y empezó a colaborar con sus captores. "Un terrorista convertido en informante es útil mientras está vivo", dijo el general.
Hasta la última ola de asesinatos, parecía que la nueva política estaba empezando a funcionar. El Centro de Investigación y Educación Popular, una organización dirigida por jesuitas en Bogotá que mantiene una base de datos sobre violaciones de los derechos humanos, documentó en el segundo semestre de 2007, 87 informes sobre los llamados falsos positivos en lo que es un descenso de 34 por ciento con respecto al primer semestre de ese año.
Pero casos como el de Soacha y otros lugares sugiere que el problema puede ser más sistémico de lo que se pensaba.
Algunos investigadores de derechos humanos dijeron que los asesinatos son tolerados por algunos altos oficiales del ejército colombiano que rechazan ser fiscalizados ahora que las fuerzas de seguridad están logrando golpear a las guerrillas, incluyendo el asesinato o captura de varios importantes comandantes de las FARC.
Un caso implica al comandante del ejército colombiano, el general Mario Montoya. En marzo de 2002, la Cuarta Brigada del ejército, entonces bajo su comando, asesinó a cinco personas en su vehículo para presentarlos como guerrilleros, vistiendo sus cuerpos con uniformes.
Pero el chofer, Parmenio de Jesús Usme, declaró este año que ninguno de ellos era guerrillero. De acuerdo a un informe de Cambio, una revista noticiosa, Usme, ex miembro de un grupo paramilitar que se oponía a las guerrillas, dijo que dos de las víctimas eran adolescentes, Erika Castañeda, 13, y Johana Carmona, 14, y que los llevaba a una fiesta cuando fueron detenidos por otras tres personas.
Usme dijo que les dispararon, matándolos a todos menos a él. De acuerdo al informe, el general Montoya llamó al hospital adonde habían sido trasladados los cuerpos para decirles que los cuerpos debían ser entregados sólo a alguien de confianza, después de que fueran mostrados a la prensa envueltos en uniformes guerrilleros en un edificio cercano.
Cuando se le preguntó específicamente sobre el caso, el general Padilla, comandante de las fuerzas armadas, dijo: "Hay investigaciones preliminares para verificar las diferentes declaraciones".
©new york times
cc traducción mQh
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