expulsan a agentes antinarcóticos
12 de noviembre de 2008
[Sara Miller Llana] Ciudad de México. Bolivia le ha dado a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tres meses de plazo para abandonar el país, afirmando que sus agentes estaban fomentando el conflicto político en un país profundamente dividido.
Este otoño, los ecuatorianos votaron la nueva Constitución que cancelará este próximo año una de las operaciones norteamericanas más importantes en su guerra contra las drogas.
Y por cuarto año consecutivo, Venezuela fue mencionada por el presidente Bush -como Bolivia la primera vez- por haber "fracasado demostrablemente" en la cooperación contra las drofas.
Estados Unidos ha tenido una presencia en América Latina para frenar el flujo de drogas hacia el norte; Colombia, Perú y Bolivia son las más grandes productores de cocaína del mundo. Estados Unidos todavía puede jactarse de contar con fuertes aliados en muchos países, como Colombia y México. Pero en otros, particularmente en aquellos con presidentes de izquierdas que se han levantado para condenar colectivamente a Washington, sus presidentes están cortando lazos.
Su reclamo de más autodeterminación podría ser una oportunidad para mejorar una estrategia vista por muchos como un fracaso, dice Kathryn Ledebur, director de la Red de Información Andina en Bolivia.
Pero Roger Noriega, ex subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental, adopta una postura más pesimista. Medidas como la expulsión de los agentes de la DEA en Bolivia pueden tener consecuencias negativas para las capacidades de recabamiento de información de inteligencia de Estados Unidos, dice, pero también parece debilitar el compromiso de algunos en el combate contra la producción de drogas. "Los carteles de la droga y todas las otras conductas ilegales, incluso el daño causado al medioambiente por la producción de drogas, son un reto transnacional que exige cooperación internacional", dice.
A principios de mes, el presidente boliviano Evo Morales, el primer presidente indígena del país que llegó al poder como dirigente de la federación de cocaleros, expulsó a la DEA, afirmando que sus agentes estaban fomentando divisiones en un país ya violentamente dividido en torno a una nueva Constitución que quiere más control del estado de los recursos energéticos y más reconocimiento de los indígenas.
"Había agentes de la DEA que trabajaban en espionaje político, financiando a organizaciones criminales, de modo de poder atentar contra la vida de las autoridades, sino del presidente mismo", dijo Morales la semana pasada.
La DEA clasificó de infundadas esas acusaciones. "Nosotros perseguimos a narcotraficantes... No nos metemos en cosas que no nos competen", dice Garrison Courtney, portavoz de la DEA. "Esas acusaciones estúpidas, realmente".
La presencia de la DEA en Venezuela también ha sido reducida dramáticamente en los últimos dieciocho meses, según funcionarios del Departamento de Estado que caracterizan esa reducción como evidencia del poco apoyo de Venezuela a la campaña internacional contra los narcóticos.
Y Ecuador anunció que no renovará el alquiler de diez años de la base aérea Manta, una de las zonas de operación más importantes en la región desde 1999. El presidente Rafael Correa, que durante su campaña prometió cerrar la base, lo tiene por un asunto de reciprocidad. Durante una visita a Italia el año pasado, bromeó que si Estados Unidos quería la base, tendría que permitir una base ecuatoriana en Miami.
El cierre de Manta "dejará un profunda laguna en nuestra capacidad para monitorear las operaciones contra el narcotráfico en el este del Pacífico", dice un funcionario de gobierno que se negó a ser identificado debido a que no está autorizado a hablar oficialmente.
Hoy, un promedio de 159 militares y civiles estadounidenses están asignados a Manta, y en 2007, se lanzaron mil cien operaciones antinarcóticos, dice José Ruiza, portavoz del Comando del Sur (Southcom) en Miami. Las misiones de la base de Manta son responsables del sesenta por ciento de las prohibiciones al este del Pacífico.
Ruiz dice que Southcom seguirá operando en El Salvador y Aruba y Curaçao, y en colaboración con la Armada de Estados Unidos y la Guardia Costera de Estados Unidos.
Aunque el cierre puede ser un golpe duro, Estados Unidos todavía tiene buenas relaciones con Ecuador, dice Ruiz. Funcionarios estadounidenses dicen que la cooperación en el resto de la región es también fuerte y, en algunos casos, como México y América Central, más fuerte que en el pasado. Pero las relaciones con Venezuela y Bolivia se han deteriorado a niveles nunca vistos.
Durante el conflicto civil a principios del otoño, Bolivia expulsó al embajador norteamericano Philip Goldberg, diciendo que apoyaba a los líderes de la oposición. Chávez dio el siguiente paso, expulsando al embajador Patrick Duddy, el embajador estadounidense en Venezuela. Los dos países fueron señalados por el presidente Bush por su fracaso a la hora de cooperar en las campañas antinarcóticos internacionales, y Estados Unidos anunció que revocara los beneficios comerciales de Bolivia en el marco de la Ley de Preferencias Comerciales y Erradicación de Drogas (ATPDEA) en los Andes.
"Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se han roto de más modos de lo que ve la gente", dice Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida.
Algunos ven en América Latina un intento de reafirmar la soberanía nacional. "La región como un todo tiene más sospechas del unilateralismo de Estados Unidos", dice John Lindsay-Poland, co-director de la Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and the Caribbean. "Es un golpe para el viejo enfoque norteamericano, y que creo es la oportunidad para adoptar métodos diferentes".
Si se puede mantener geopolíticamente es harina de otro costal, observa. "El coste de la autodeterminación puede ser realmente alto", dice Lindsay-Poland, señalando que la rescisión de los beneficios para Bolivia de la ATPDEA implicarían la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Ledebur admite que hay una apertura para nuevos métodos. "El modo en que se ha estructurado la guerra contra las drogas en la región andina no ha funcionado bien para todo el mundo", dice.
Condena las condiciones exigidas a la ayuda estadounidense, diciendo, por ejemplo, que no soluciona la pobreza que a menudo lleva a la producción de coca.
Otros dicen que Estados Unidos se concentra demasiado en la oferta, y debería atacar a la demanda en Estados Unidos.
Pero Gamarra tiene dudas. "Ninguna estrategia ha funcionado aquí", dice. "Se podría argumentar que... si hubiéramos tenido programas de tratamiento de las adicciones bien financiado... pero incluso eso ha sido un fracaso. La reincidencia de los adictos es muy alta, y el tratamiento muy caro. Llevamos un buen tiempo debatiendo sobre lo mismo".
El jueves Morales dijo que Bolivia podía encargarse de las operaciones antidrogas por sí misma. Anunció hace poco que Bolivia cumpliría con su objetivo de erradicar cinco mil hectáreas de plantaciones ilegales de coca este año -la cantidad exigida según la ley. En junio, un informe de Naciones Unidas muestra que el cultivo de coca en Bolivia aumentó en un cinco por ciento en 2007 -en comparación con el veintisiete por ciento de Colombia, que es uno de los aliados más leales que tiene Estados Unidos.
El impacto de la expulsión de a DEA se hará sentir más fuertemente en los países de tránsito, como Brasil y Argentina, así como Europa, adonde se dirige la mayor parte de la cocaína de Bolivia, según un funcionario del Departamento de Estado familiarizado con los programas antinarcóticos de la región.
"También nos priva de la inteligencia en el país mismo", dice Courtney. Dice que mediante la cooperación con otras agencias policiales en la región, encontrarán un modo de eludir la prohibición. "Lo mismo pasó en Venezuela; hallaremos algún modo", observó.
10 de noviembre de 2008
©christian science monitor
cc traducción mQh
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