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sadismo convertido en ley 5


Altos funcionarios del gobierno idearon e implementaron el plan de torturas, incluyendo al propio presidente Bush. Quinta y última entrega.
[Anthony Lewis] Swift pagó un alto precio en la Armada por su exitoso trabajo a favor de Hamdan. Fue dejado a un lado en los ascensos y renunció. Trabajó como profesor invitado en la Facultad de Derecho Emory -y, como abogado civil, representó a Hamdan en los procedimientos de la comisión militar en su contra que finalmente empezó en 2008. Pero no era el único en ser castigado por defender valores estadounidenses. El mayor general Anthony Taguba, que fue nombrado para investigar las torturas en Abu Ghraib y constató que habían habido "maltratos criminales desenfrenados" de los detenidos, fue obligado a jubilarse.
El general Taguba escribió el prefacio de ‘Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact’, un informe distribuido en junio por Médicos por los Derechos Humanos sobre los persistentes efectos sobre los detenidos de lo que se les hizo, basado en exámenes médicos de algunos de ellos. El general Taguba dijo que "el comandante en jefe y aquellos bajo sus órdenes autorizaron un régimen sistemático de torturas". Agregó: "Después de años de revelaciones de investigaciones oficiales, informes de prensa e informes de organizaciones de derechos humanos, ya no cabe ninguna duda en cuanto a si el actual gobierno se ha hecho culpable de crímenes de guerra. La única interrogante que debe ser resuelta es si los que ordenaron la aplicación de torturas serán o no llevados a justicia".
Hasta la fecha, los ‘facilitadores de las torturas’, como los llamó el mayor Frakt, están bien. El presidente Bush, el vicepresidente Cheney, y David Addington, siguen en funciones. Jay Bybee, que emitió la opinión de que el presidente tenía atribuciones ilimitadas para ordenar la aplicación de torturas, fue nominado y confirmado como juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito antes de que se conociera su papel en la tortura. John Yoo es profesor en la facultad de derecho de Berkeley; el decano, Cristopher Edley, dijo en abril que la cátedra lo protegía y que sus clientes -el presidente Bush y los otros- eran los que decidían. Yoo también es considerado por programas de televisión y por las páginas editoriales de los diarios, incluyendo The Wall Street Journal y el New York Times, como una opinión legítima en temas sobre el poder presidencial, y aparece frecuentemente en ellos.
Yoo y Addington comparecieron en junio ante el subcomité judicial de la Cámara de Representantes; eludieron las preguntas sobre su responsabilidad. Cuando le preguntaron a Addington si era legal torturar al hijo de un detenido, replicó: "No estoy aquí para dar asesoría legal a su comité". William Haynes, ex abogado general del ministerio de Defensa, compareció ante un comité del Senado y dijo repetidas veces, en respuesta a preguntas, que no se acordaba. Una columna en el Washington Post sobre su testimonio fue titulada: "¿Abu Ghraib? No Me Suena".
Las leyes penales de Estados Unidos, así como la Convención Internacional contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra. De acuerdo al reciente libro de Jane Mayer, el Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó en un informe el año pasado que los métodos de interrogatorio utilizados por la CIA contra prisioneros de alto nivel constituían "categóricamente" tortura. Su libro, ‘The Dark Side: The Inside Story of How The War on Terror Turned into a War on American Ideals’5, dice que el informe del CICR fue enviado a la CIA, la autoridad a cargo de las detenciones, que a su vez "lo compartió con el presidente y el secretario de estado". Mayer escribe que el informe "advertía que los maltratos constituían crímenes de guerra, haciendo correr a los más altos personeros norteamericanos el riesgo de ser procesados".
Mientras George W. Bush sea presidente, no habrá un juicio americano para los facilitadores de las torturas. Pero para ellos podría ser poco seguro viajar a título privado al extranjero. Alguien podría tratar de reafirmar la jurisdicción universal contra violadores de derechos humanos que fue defendida por la Cámara de Lores cuando el general Pinochet fue detenido en Gran Bretaña por una orden judicial española.
Algunos comentaristas conservadores ya han advertido contra toda futura persecución en Estados Unidos, alegando que por más que el tratamiento de algunos detenidos haya sido reprochable, los responsables no tenían intenciones criminales. El argumento no se condice con los hechos, porque el ministro Rumsfeld y otros fueron advertidos por abogados civiles y militares del Pentágono, incluyendo al abogado general de la Armada, Alberto Mora, que sus políticas estaban violando la ley. Y no se condice con la ley, porque una interpretación equivocada de la ley no es una defensa bajo los principios establecidos en los juicios de Nuremberg. El precedente de Nuremberg también echa por tierra el alegato del decano Edley de que los abogados no pueden ser procesados por asesorar a funcionarios en que de hecho pueden cometer crímenes de guerra. Abogados alemanes fueron condenados en Nuremberg como facilitadores, en su asesoría legal, de los crímenes de los nazis.6  El presidente Bush dijo: "Teníamos las opiniones legales que nos permitían hacer eso".
No es probable que el nuevo gobierno estadounidense lleve a juicio a esos funcionarios. Pero hay medidas que hay que tomar para hacer frente a los horrores perpetrados por nuestro gobierno. Como mínimo debemos levantar el velo de secreto que cubre lo que se hizo y que cubre opiniones legales todavía confidenciales que buscaban legitimar esos actos.
De algún modo este país tiene que reafirmar su histórica repugnancia al uso de la tortura. Y eso puede ser difícil. Un sondeo reciente mostraba que el apoyo de los estadounidenses a la aplicación de torturas a presuntos terroristas ha subido del 36 por ciento de los encuestados en 2006 a 44 por ciento este año. Las fotos de Abu Ghraib nos impresionaron. Desde entonces, muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad frente al uso de la tortura.
El presidente Bush y sus principios personeros evidentemente han logrado convencer a muchos de su creencia de que las "técnicas mejoradas de interrogatorio", como llaman ellos a la tortura, extraen informaciones valiosas. La evidencia presentada para sostener esta afirmación es débil; el senador Jay Rockefeller, basándose en su experiencia como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo: "No he oído nada que sugiera que la información obtenida por medio de las técnicas mejoradas de interrogatorio haya impedido un atentado terrorista inminente. Y no he oído nada que me haga pensar que la información obtenida con esas técnicas no pudo ser obtenida a través de los métodos tradicionales de interrogatorio usados por interrogadores militares y policiales".
Pero de cualquier modo los costes de esa decisión para la reputación de Estados Unidos -y su seguridad nacional- han sido enormes. Ha reavivado en gran parte del mundo musulmán el odio contra Estados Unidos. Ha minado la creencia de muchos estadounidenses en la superioridad moral de su país.
Al final, la cura, si hubiera alguna, tendrá que provenir de presidentes que reafirmen el lugar fundamental de la ley en el carácter estadounidense: de un presidente que no busque poderes ilimitados, de un fiscal general y otros funcionarios que respeten la ley. No es demasiado tarde para volver a regirnos por leyes, en lugar de por hombres.
[26 de agosto de 2008]

Notas
5 Doubleday, 2008.
6 En la segunda ronda de juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llevó a juicio a abogados del gobierno alemán que, entre otras cosas, habían escrito memoranda y órdenes despojando a los prisioneros soviéticos de las garantías de la Convención de Ginebra y legitimando la desaparición de opositores políticos. Fueron condenados dos conocidos abogados: Rudolph Lehmann, director del Departamento Jurídico del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Alemania, y Franz Schlegelberger, ministro interino de Justicia en el Reich. Véase el ensayo de Scott Horton, ‘Through a Mirror, Darkly: Applying the Geneva Conventions to ’A New Kind of Warfare’, en ‘The Torture Debate in America’, compilado por Karen J. Greenberg (Cambridge University Press, 2006), pp. 136–150.

Libros reseñados
Tom Lasseter
Guantanamo: Beyond the Law
serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008
Jonathan Mahler
The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power
Farrar, Straus and Giroux,
334 pp.
$26.00

Physicians for Human Rights
Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact
con un prefacio del Mayor General Antonio M. Taguba
130 pp.
disponible en brokenlives.info

25 de noviembre de 2008
6 de noviembre de 2008
©new york review of books
cc traducción mQh
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