quitarán beneficios a algunos exonerados
4 de diciembre de 2008
[Jorge Escalante] Valparaíso, Chile. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad de sus integrantes impulsar un proyecto de ley para quitar la calidad de exonerados políticos y los beneficios económicos y previsionales que estén recibiendo, a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas (R) y civiles que hayan participado en las violaciones de los derechos humanos.
La decisión la adoptó la comisión al término de la sesión en la que se trató tanto las probables irregularidades en este proceso de calificación, como el caso de Germán Cofré Martínez, la persona que regresó a Chile desde Argentina y que en 1994 fue calificada como un detenido desaparecido.
En la decisión de impulsar el referido proyecto de ley aportaron su voto tanto los diputados de la Concertación como los de los partidos de derecha. La reunión fue presidida por la diputada RN, Karla Rubilar, presidenta titular de esta instancia.
A su vez, el subsecretario de Interior Felipe Harboe invitado a exponer en ambos asuntos, anunció a los parlamentarios que respecto del ‘aparecido’ Germán Cofré, el gobierno instruyó a los ministerios de Educación y Salud para suspender todo tipo de beneficios económicos (como becas de estudio) y atención de salud gratuita a los hijos de Cofré, que ya no es más una víctima desaparecida.
En esta materia Harboe también expuso que, si bien hasta ahora el gobierno no se ha formado la convicción de que en este caso haya existido el delito de fraude al fisco u otro ilícito, "nuestra investigación sigue adelante y tendremos un resultado en los próximos días, por lo tanto si llegamos a concluir que sí existió mala fe al obtener beneficios porque los hijos sabían que su padre estaba vivo, estamos obligados a pedir al Consejo de Defensa del Estado para que inicie las acciones legales que correspondan".
Los diputados de la comisión, entre ellos su presidenta Rubilar, Felipe Salaberry (UDI), Sergio Ojeda (DC), Tucapel Jiménez (Ind-PPD), Sergio Aguiló (PS), Gabriel Ascencio (DC), Gastón von Mühlenbrock (UDI), Lily Pérez (RN) e Iván Paredes (PS), escucharon las intervenciones de los invitados en ambas materias, autoridades máximas de las distintas instituciones del Estado relacionadas con los servicios e instancias que tienen intervención en estos dos casos.
El subsecretario Harboe defendió la transparencia y efectividad del sistema de calificación de los 145 mil 286 exonerados políticos, de los cuales dijo que sólo reciben beneficios económicos 67 mil 496, correspondiente al 46,5%.
Hasta ahora son casi 250 mil quienes han solicitado esta calidad, pero no todos han obtenido tal categoría. Sólo algunos exonerados obtienen además beneficios económicos.
Con la Misma Decisión
Lo que más recibió el fuerte rechazo de los integrantes de la comisión fue el hecho de que quienes participaron en violaciones de los derechos humanos o tomaron parte activa en el golpe de Estado de 1973, hayan obtenido el estatus de exonerado político y varios de ellos reciban hoy pensiones que van desde los 450 mil pesos hacia arriba.
Fueron mencionados los casos que denunció La Nación el viernes pasado y La Nación Domingo en su última edición, como los ex agentes Rafael González Berdugo, procesado por el crimen del estadounidense Charles Horman, Enrique Cruz Laugier, quien bombardeó La Moneda el día del golpe con piezas de artillería, y Patricio Kellet Oyarzún, ex jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia responsable de decenas de detenciones y malos tratos.
Algunos diputados plantearon que si a Edwin Dimter Bianchi, el supuesto ‘Príncipe’ del Estadio Chile donde asesinaron a Víctor Jara, se le quitó la categoría de exonerado político que se le había otorgado luego de conocerse sus antecedentes personales vinculados a la represión y a un frustrado golpe de Estado el 29 de julio de 1973, en los otras situaciones similares también debiera actuarse de la misma manera por parte del Ministerio Interior, de quien depende el Programa de Exonerados Políticos.
Afdd
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, presente en la sesión, expresó que la situación generada en la reaparición de Germán Cofré fueron varios los organismos del Estado que fallaron. "El Estado nos sigue ofendiendo en democracia", dijo.
La dirigenta criticó a los parlamentarios expresando que los proyectos de ley que favorecen la persecución de los crímenes de lesa humanidad "demoran 3 y más años" en el Parlamento, mientras, dijo, "el secreto por 50 años de la identidad de los criminales en la Comisión Valech, fue aprobado en 24 horas".
©la nación 
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