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pando, crímenes de lesa humanidad


Unasur entregó informe alabado por el gobierno boliviano y desacreditado por la oposición. El documento, que recoge la investigación de la muerte de 20 campesinos en septiembre, afirma que se trató de una matanza planificada.
La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia Evo Morales recibió ayer en La Paz el documento que resume la investigación que por varias semanas realizó una misión especial de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), sobre una masacre de campesinos ocurrida en septiembre en el departamento de Pando, cuando el país vivía una crisis político-social que lo tuvo al borde de la guerra civil.
El coordinador del grupo de peritos, antropólogos forenses y criminalistas de Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina, el trasandino Rodolfo Mattarollo, señaló que en dicha ocasión se cometió un "crimen de lesa humanidad" y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades, tal como lo ha planteado la defensa del ex prefecto pandino Leopoldo Sánchez, quien actualmente está encarcelado, acusado de genocidio.
Según las indagaciones de la comisión -creada el 15 de septiembre en Santiago durante una reunión extraordinaria de Unasur (ver recuadro)- al menos 20 campesinos murieron aquel fatídico 11 de septiembre, si bien Mattarollo aclaró que todavía no se puede dar por cerrada la cifra de víctimas.
En su discurso, el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina dijo que los agresores de los agricultores estaban organizados y respondían "a una cadena de mando que contaba con funcionarios y bienes del gobierno departamental (de Pando), al servicio de una empresa criminal".
Dado que también murieron a bala dos funcionarios de la prefectura, la comisión de Unasur pidió a las autoridades judiciales de Bolivia "su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente".

Persecución
El informe, además, señala que en Pando se "desencadenó una clara persecución de un grupo con identidad propia, fundada en motivos racionales, nacionales, étnicos, culturales y sociales", aunque Mattarollo declaró que no podía decir si era un genocidio o no, puesto que esa es una competencia judicial.
Sin embargo, el Presidente Evo Morales no tuvo problemas en catalogar lo ocurrido en septiembre como un "genocidio" protagonizado por la oposición y que pretendía "escarmentar" a los pueblos indígenas, al tiempo que pidió a la Unasur que acompañe una segunda etapa de las investigaciones de los asuntos aún no aclarados.
"Este es un informe parcializado, de gente que viene pagada por (el Presidente venezolano) Hugo Chávez, con la única intencionalidad de confundir más al país". Con esta frase el senador Roberto Yánez, del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), resumió el escozor que causaron en la derecha boliviana las conclusiones de la investigación de Unasur.
A su juicio de las fuerzas políticas contrarias a Morales, en el texto no se menciona la supuesta responsabilidad del gobierno en esos hechos, como la supuesta incitación a los campesinos para enfrentarse a Leopoldo Fernández.
El diputado de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, coincidió con Yáñez en criticar que "hay una parcialidad en ese informe", el cual "no extiende sus tentáculos, ni extiende su visión a la gente del gobierno, ni a los socios del gobierno que han participado (en los sucesos). Eso nos debe preocupar".
Según el opositor, sólo puede compartir con el documento presentado en que hubo "una masacre en Pando y que hay que meter a la cárcel a todos quienes han participado" en ella.

Comisión Investigadora
A raíz de la crisis política que vivía Bolivia, el 15 de septiembre la presidenta pro témpore de Unasur, la mandataria de Chile Michelle Bachelet, convocó de urgencia a Santiago a todos los países miembros del organismo regional, para abordar los sucesos y dar un apoyo unánime al Jefe de Estado boliviano, Evo Morales. En esa reunión se acordó crear una comisión investigadora sobre la matanza, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Juan Gabriel Valdés (Chile); Fermino Fechio (Brasil); Francisco Borja (Ecuador); Guido Toro (Perú); Carlos Pita (Uruguay); Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia); Nicolás Gutman, Eduardo Zuaian, Ciro Annichiarico y Rodolfo Mattarollo (Argentina).


Fracasó Paro Cívico contra el Gobierno
Un paro cívico de 24 horas contra el presidente boliviano Evo Morales, y en defensa de dirigentes detenidos los últimos días acusados de sedición tuvo un escaso nivel de acatamiento en la sureña capital prefectual de Tarija, el mayor productor de gas del país, informaron ayer medios locales. La protesta estaba enmarcada en un plan de movilizaciones en los departamentos rebeldes de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, cuyos dirigentes son adversarios de Morales, ante la posibilidad de que el Ejecutivo de La Paz decida encausar también a los prefectos (gobernadores) rebeldes de esas regiones.
Un reporte de la radio católica Erbol, dijo ayer que el transporte y los mercados públicos trabajaban con normalidad y que sólo algunos comercios y bancos del centro de la ciudad atendían de manera irregular. "En las provincias (tarijeñas) las actividades son completamente normales, lo que hizo prever desde temprano que la medida iba a ser un fracaso", informó la radioemisora.
La situación era de evidente contraste con otras manifestaciones en las que grupos civiles de choque obligaban a los ciudadanos a acatarlas y cerrar comercios y paralizar el transporte.
El paro fue convocado para protestar por la detención de 23 personas desde el fin de semana, acusadas de participar en la toma violenta de entidades públicas en septiembre y por la masacre de 20 campesinos leales a Morales en Pando.
Pese a la evidente poca participación, el directivo del opositor comité cívico de Tarija Freddy Castrillo, expresó ayer su satisfacción por lo que calificó de "respuesta favorable por parte de toda la población" que, según él, se sumó al paro porque "no es una medida de presión sino de reflexión".
En el único incidente de la jornada, un grupo de campesinos llegó a la Plaza de Armas de Tarija para demandar que los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) y por conceptos de regalías sean administrados por los municipios en vez de la Prefectura.

4 de diciembre de 2008
©la nación
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