represor condenado por su legajo
12 de diciembre de 2008
[Victoria Ginzberg] Argentina. El inusual operativo policial en la puerta de los tribunales federales de San Martín daba la pauta de que se esperaba una visita particular. El convocado, de camisa azul y saco negro, entró a las diez de la mañana e intento pasar desapercibido. Estuvo más de tres horas en el despacho del juez federal Alberto Suares Araujo y salió preso. El ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso había conseguido mantener oculta su conducta durante la última dictadura. Pero ayer, el pasado empezó a ajustar cuentas. Quedó detenido por haber participado de un operativo del terrorismo de Estado que culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada, cuyo hijo fue luego apropiado. "Ha llegado el momento en que cada uno tiene que pagar por los delitos que cometió: los que dieron las órdenes, los que las cumplieron, los que robaron, los que asesinaron. Ha llegado ese momento", señaló a Página/12 Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Página/12 informó el 30 de noviembre pasado que el legajo de Alfonso, que había logrado sortear dos revisiones de ascensos del Senado, estaba manchado. En ese documento figura, el 12 de enero de 1977, un parte de enfermo con el diagnóstico de "herida de bala con perforación intestinal".
Además, en el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. "Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C.D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D. Raúl Fernando Delaico".
Ayer, al declarar en el juzgado de Suares Araujo, admitió haber recibido el tiro, pero aseguró que fue "en otro contexto" y no en el operativo de Villa Adelina, aunque en el breve texto con el que se fundamenta el otorgamiento de su medalla el "contexto" quedaba claro.
El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia, en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada al Campito, el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo.
Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como "La Tina", "de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia". No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en cautiverio. En la vivienda de Villa Adelina también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.
La información que surge del legajo personal de Alfonso y del Boletín del Ejército 4148 fue aportada a la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo. Con estos datos, Alan Iud, abogado de Abuelas, reclamó la citación de Alfonso. El ex secretario general del Ejército en tiempos de Ricardo Brinzoni faltó a la primera cita en la Justicia. Ayer concurrió acompañado por su abogado y algunos familiares entre los que intentó esconderse para no ser reconocido.
Por este mismo caso ya fueron indagados el coronel Luis Sadi Pepa –quien ordenó que se liberara la zona– y Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone, autoridades jerárquicas de la zona 4 del Ejército.
Alfonso fue la mano derecha del ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y su principal espada en el ataque a los Juicios por la Verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad. El fue quien en 2001 recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran un recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos informaran qué datos tenían sobre 663 oficiales. El abogado que encabezaba el escrito como representante del Ejército era Juan Torres Bande, quien era apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini, Nuevo Triunfo.
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