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el silencio de los represores


Cinco imputados por crímenes en la ESMA se negaron a declarar. El Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón y otros acusados por delitos de lesa humanidad negaron las imputaciones y rehusaron contestar preguntas. El juez Torres pretendía indagarlos por secuestros, desapariciones, torturas y desapoderamiento de bienes.
Argentina. Cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se negaron ayer a contestar preguntas durante la indagatoria a que fueron sometidos por el juez federal Sergio Torres, en un legajo que forma parte de la megacausa ESMA.
Se trata de Jorge ‘El Tigre’ Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Radice. Para cumplir con la requisitoria, todos ellos fueron trasladados por la mañana a los tribunales de Comodoro Py desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, donde cumplen prisión preventiva. Según fuentes judiciales, los imputados "negaron en forma breve y genérica las imputaciones", se manifestaron "completamente ajenos" a los hechos investigados (García Velazco lo hizo mediante un escrito) y rehusaron contestar las preguntas que presentaron los investigadores.
Con la intervención del secretario Pablo Yadarola, el juez Torres quería interrogar a los represores por "las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición" de Omar Masera Pincolini, Victorio Cerutti y Horacio Palma, que fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo. En este legajo –un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– se investigan los delitos perpetrados contra Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977. De acuerdo con constancias del expediente, uno de los objetivos del "grupo de tareas" de la Escuela de Mecánica era "apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo", que integraban las víctimas, quienes fueron obligadas a firmar "documentación espuria" para desapoderarlos de esos bienes.
Sus posesiones pasaron así a manos de "oficiales de la ESMA" que actuaban con nombres supuestos, tal como Juan Héctor Ríos (en realidad Rádice) o Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond, todos ellos "nucleados bajo una apariencia societaria que denominaron Willri". Cerutti y Masera Pincolini fueron secuestrados en Mendoza, donde vivían y estaban ubicadas tierras de Cerro Largo, en la localidad de Chacras de Coria, mientras que Palma fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio de Hurlingham. Las propiedades que conformaban el patrimonio de Cerro Largo fueron luego incorporadas, según las fuentes, a otra sociedad "constituida a los efectos de ingresar los bienes despojados" por la "organización criminal conformada por miembros de la Armada y personas íntimamente vinculadas a éstos".
Como parte del legajo por la apropiación de bienes de los prisioneros alojados en la Escuela de Mecánica de la Armada, el 15 de diciembre el juez Torres firmó una resolución de 30 carillas y elevó a juicio oral y público a estos represores junto a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera. De acuerdo con los datos recabados por la Justicia, Gómez fue objeto de torturas y "métodos extorsivos" para obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre ellas el costoso predio de Chacras de Coria, en una exclusiva zona residencial mendocina, valuado en 15 millones de pesos, y hasta sus caballos pura sangre de carrera.

6 de enero de 2009
©página 12
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