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le llegó la hora al general vega


Inminente procesamiento en contra de ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega. Se espera que en los próximos días, el ministro en visita Omar Astudillo dicte resoluciones que dejarán como reos a los primeros oficiales que aparecen como responsables de delitos cometidos por la compra de 25 aviones Mirage en 1994. Malversación, cohecho, negociación incompatible y fraude al fisco.
[Luis Narváez] Santiago, Chile. Las poderosas turbinas de los Mirage Elkan que la Fuerza Aérea de Chile dio de baja en septiembre de 2007 descansan en las instalaciones que la institución tiene en el Aeropuerto Internacional de Santiago y en la Base Aérea El Bosque. Muy pocas de ellas están operativas. Los cazabombarderos, que formaron parte fundamental de la defensa aérea nacional desde 1997 funcionando o no , continúan siendo materia de negocio y están a la venta. Hace poco fracasó una opción en Colombia, pero una de las máquinas podría llegar a Estados Unidos.
Ello, a pesar del juicio que se sigue en Chile para determinar a los responsables de los delitos cometidos cuando fueron comprados a Bélgica en 1994. Han pasado cinco años desde que se inició la investigación, en diciembre de 2003, y se espera que en los próximos días se dictarán los primeros procesamientos.

Astudillo se molestó cuando la Cancillería le dijo que traducir el expediente belga demoraría mínimo un año. Junto a la Brilac de la PDI logró una traducción en 2 meses de los 17 tomos.

El ministro en visita Omar Astudillo, designado por orden de la Corte Suprema para investigar este caso, ha logrado en menos de un año establecer la existencia de ilícitos en la compra de las aeronaves. De allí que se alista para dictar los procesamientos en contra de quienes aparecen más comprometidos de acuerdo a la evidencia que existe en su contra.
Entre ellos se encuentran el ex comandante en jefe de la FACh general (R) Ramón Vega Hidalgo, y otros dos generales en retiro de la misma institución, Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro, además del coronel (R) Luis Bolton Montalvo. De hecho, el ministro Astudillo solicitó para este lunes, a primera hora del día, la presencia de los abogados de las defensas que han presentado patrocinio legal en el proceso desde que el juez inició la serie de interrogatorios, los que han abarcado desde funcionarios de menor rango en la FACh hasta el mismísimo ministro de Defensa de la época, Patricio Rojas.
Los cuatro ex uniformados mencionados, incluido Vega Hidalgo, han comparecido en varias oportunidades a declarar desde la apertura del caso. Pero en la era Astudillo las cosas han cambiado.

Bolton recibió cerca de 130 mil dólares desde cuentas por donde pasaron las comisiones. Representa a HAL, fábrica de helicópteros india. Participó en las comisiones técnicas de la FACh que optaron por adquirir los Mirage V.

De Bruselas a Santiago
Antes de que se designara un ministro en visita, el caso estuvo en manos de cuatro jueces del crimen, los que, en períodos distintos, siempre mantuvieron activa la causa.
Sin embargo, pese a las acciones solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que inició esta investigación al presentar una denuncia por el delito de exacción ilegal, el proceso chileno topó techo en 2007 debido a que una buena parte de la información relativa al pago de comisiones ilegales estaba en el extranjero y los países requeridos para que entregaran datos se negaron a hacerlo.
La ansiedad aumentó cuando representantes del CDE viajaron a Bruselas, Bélgica, para revisar los avances de la investigación que seguía la Procuraduría Anticorrupción de ese país, organismo que detectó los primeros indicios de chilenos beneficiados por pago de coimas.
Los esfuerzos rindieron frutos cuando tanto el fiscal que investigó el caso en Bruselas, Olivier Coene, y el juez del Primer Tribunal de Instrucción de esa ciudad, Daniel Franzen, decidieron enviar a Chile el expediente completo del caso para que fuera utilizado en la persecución penal de los personajes que, a su juicio, podían tener responsabilidad criminal.
En junio del año pasado, el fiscal adjunto Coene dijo a LND: "Si podemos demostrar de dónde salieron los dineros y que esa plata fue a dar a Chile, es más fácil para ellos comprobar qué pasó con ese dinero y si de Chile siguió otro camino. Entonces lo que quisimos hacer fue continuar para ayudar. Ahora es el turno de Chile".
Por ello, cuando a los sospechosos les tocó declarar por primera vez ante el ministro Astudillo, lo hicieron frente a un cúmulo agobiante de información, debido, principalmente, al levantamiento del secreto bancario que las autoridades belgas habían podido conseguir en Suiza y Estados Unidos.


Duble (de civil en la foto) recibió en su cuenta del Riggs Bank 60 mil dólares. Fue jefe del Estado Mayor FACh y uno de los sancionados por el escándalo de los "pertrechos militares".

Además de ello, tanto Vega como Estay, Dublé y Bolton declararon en calidad de inculpados, lo que implica que cumplen con uno de los requisitos para ser procesados y, eventualmente, ser encarcelados. La sorpresa de esta nueva etapa de la investigación comandada por Astudillo es la apertura de una arista que dice relación con la participación de civiles vinculados al mundo militar, empresarial y político.
En ella, de momento, los más complicados son el empresario Conrado Ariztía y Henriette Bahna, viuda del comerciante de armas de origen checo Carlos Honzik. Ambos ya declararon ante el juez y por primera vez lo hicieron en calidad de inculpados.

Vínculos Comerciales
Ariztía era y sigue siendo dueño de algunas sociedades de inversión cuyas cuentas bancarias, ubicadas en instituciones financieras de Estados Unidos, recibieron y distribuyeron parte importante de los 15 millones de dólares que se repartieron en comisiones, algunas ilegales.
Fueron transferencias y cheques girados por Ariztía las que hicieron llegar miles de dólares a las cuentas personales de Estay, Dublé y Bolton. Vale señalar que, durante el período en que se realizan estas operaciones, todos ellos estaban en servicio activo.
Además, Conrado Ariztía mantiene hasta hoy, a través de su empresa I Systems, un estrecho vínculo comercial con la FACh, tanto como proveedor de material electrónico como por su calidad de representante de una decena de empresas fabricantes de aviones, helicópteros y sistemas de defensa y electrónicos. En su última incursión logró que una de las empresas que representa la fabricante de aviones suiza Pilatus estuviera entre las dos opciones finalistas en la búsqueda que hizo la FACh de una docena de aviones de entrenamiento avanzado para pilotos de F-16, negocio que bordeó los 200 millones de dólares y que finalmente se adjudicó la brasileña Embraer.
Bahna, por su parte, enfrenta serias sospechas de que ocultó información relativa a operaciones realizadas mediante cuentas de las sociedades que tenía con Honzik, en las que ella también tenía poder de acción. Uno de los grandes misterios es el destino de unos seis millones de dólares que Honzik mantuvo en el Clariden Bank de Suiza, a nombre de una sociedad de papel llamada Némesis, correspondientes a la parte más contundente de las comisiones pagadas por el negocio de los aviones Mirage. Misteriosamente, y después de la detención en Londres de Augusto Pinochet, en octubre de 1998, dicha suma fue transferida en su totalidad a otras cuentas. Luego de ello, la cuenta fue cerrada.

Estay firmó por parte del fisco el contrato de crédito que permitió la compra de los aviones. Recibió 65 mil dólares  en una cuenta que mantenía en el Riggs Bank.

La Culpa de los Generales
Ramón Vega vivirá en los próximos días los peores momentos de su carrera. Fue el segundo comandante en jefe de la FACh de la época democrática, y la adquisición de los Mirage Elkan fue uno de los principales hitos de su período.
Luego, pasó a ocupar un escaño en el Senado, en la denominada bancada militar, y allí estuvo hasta que se eliminó la figura de senadores institucionales. No ha vuelto a ocupar cargos públicos, aunque se le puede ver frecuentemente en las actividades oficiales de la FACh, que lo invita por el cargo que desempeñó.
Actualmente, ocupa una oficina en la calle Hernando de Aguirre, desde donde dirige algunos negocios, con los cuales ha intentado justificar su patrimonio, investigado en 2004 por la primera jueza que tuvo en sus manos el caso, Sandra Rojas.
En esa oportunidad se estableció que tenía propiedades en La Dehesa, Las Condes, Villarrica, Estados Unidos e Inglaterra; vehículos lujosos modelos modernos y antiguos de colección , además de cuentas en los principales bancos nacionales y algunos extranjeros.
Si bien Vega no intervino en la decisión final para la compra de los Mirage reservada para el Ejecutivo los antecedentes apuntan a que favoreció la opción de los aviones con los informes técnicos que emitió la FACh sobre los cazabombarderos belgas, ocultando que mantenía un interés personal en la transacción.
Los antecedentes en su contra indican que nunca informó a nadie que su yerno, Bernardo Van Meer, un ciudadano británico de origen holandés, era uno de los principales gestores del negocio. Este familiar recibió más de 2,7 millones de dólares como comisión. Lo que complica la situación de Vega es que en sus primeras declaraciones negó la participación de Van Meer y, además, desestimó que mantuviera relaciones familiares y de negocios con él.
Contrario a todos los antecedentes que figuran en la investigación, Vega también ha sostenido reiteradamente que la compra de los aviones se realizó de gobierno a gobierno, por lo que no habrían participado privados en la negociación de los contratos. Sin embargo, el fisco chileno terminó entregando los 109 millones de dólares de la transacción a la empresa Sabca (Sociedad Anónima Belga de Construcción Aeronáutica).
Los datos reunidos tanto en Bélgica como por la policía chilena indican que, durante 1993, las tratativas de los intermediarios se centraron en la valorización de los aviones y la fijación del monto a pagar por cada uno de ellos.

Esta es la única imagen que se  conoce de Carlos Honzik Hubka, una copia de su pasaporte. Falleció en 2003, poco antes que se iniciara la investigación.

Una de las convicciones a las que habría llegado el juez es que los militares chilenos favorecieron que se fijara un precio excesivo por los aviones, provocando que el fisco desembolsara más dinero de lo necesario.
El gobierno belga había entregado a Sabca la misión de modernizar las naves, que estaban operativas desde 1973 en esa fuerza. La empresa trabajaba con los estándares del programa Mirsip una norma establecida por la OTAN para la modernización de este tipo de aeronaves que estaban siendo dadas de baja en varios países miembros de ese tratado.
De los 109 millones de dólares que Chile pagó a los europeos, sólo 70 millones llegaron a las arcas fiscales belgas. Los 39 restantes se quedaron en Sabca. Lo sospechoso, que hoy constituye convicción de que hubo intermediarios ocultos a los que se les pagó ilegalmente, es que 15 millones fueron destinados a comisiones, es decir casi la mitad de lo que costó la repotenciación de los aparatos.
En la documentación existen comunicaciones de los representantes de Sabca en Chile y Carlos Honzik, donde se negocia el precio unitario de cada una de las naves. Desde el inicio al final de dichas negociaciones, los papeles demuestran que se pudo pagar menos por cada uno de los aviones.

La Ruta Verde
Entre los hechos que estarían establecidos en los procesamientos está la ruta que siguió el dinero pagado en comisiones, que terminó en cuentas de ex uniformados de la FACh y de los hijos del general Ramón Vega.

Como se dijo, de los 39 millones de dólares con los que se quedó Sabca, 15 fueron derivados a las cuentas de otra empresa intermediaria: Europavia. Esta última actuó estableciendo lazos para la comercialización de los aviones. Fue por el papel que le cupo a esta empresa en el negocio que, en 1995, el general en retiro y ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga, Jac-ques Lefebvre, se quitó la vida, dejando cartas en las que mencionaba el pago a funcionarios públicos chilenos y una red de protección de lobistas para los negocios con las FFAA.
Luego de recortar 550 mil dólares, los ejecutivos de Europavia depositaron 14,45 millones de dólares en la cuenta "Solane Main", que Honzik había abierto el 8 de febrero de 1994 a nombre de una de sus sociedades de papel, Berthier Investment Inc., con sede en las Islas Vírgenes.
Berthier, según el juez Astudillo y la justicia belga, actuó como una caja que distribuyó los dineros a cada uno de los intermediarios. Luego de que Suiza levantara el secreto bancario y el Clariden Bank de Zurich les mostrara todos los movimientos financieros de Berthier, los belgas llegaron a la convicción de que Sabca elaboró una verdadera trama financiera para ocultar los pagos a comisionistas.
La Procuraduría belga logró, por ejemplo, determinar que se pagaron comisiones a Lefebvre, Bernard Carayon, Francois de Smet (lobista belga radicado en Chile) y Honzik. Pero una buena parte de esos dineros (1.169.735 dólares) fueron transferidos directamente a una sociedad de papel: Intercountry Holding.
Dicha empresa es de propiedad de Conrado Ariztía O’Brien, quien figura en la investigación realizando pagos a Estay, Dublé y Bolton. Hasta donde se pudo averiguar, los ex uniformados justificaron la entrega de estos dineros por la existencia de supuestos préstamos de Ariztía hacia ellos que, como ya se dijo, en ese tiempo y hasta la fecha el empresario era un importante proveedor de la FACh y representante de varias empresas fabricantes de aeronaves y armamento. Este hallazgo facilita que se acredite el delito de cohecho o negociación incompatible.
Respecto de Vega, el descubrimiento de transferencias y depósitos de dineros que provenían de las comisiones ilegales de los Mirage, no hizo más que cerrar el círculo de pruebas que lo comprometen.
El levantamiento del secreto bancario permitió descubrir que Gustavo Vega Pizarro, hijo de Ramón Vega Hidalgo, mantenía una cuenta (54418911) en el Coutts and Co. de EEUU, rotulada como "In Trust For Ramón Vega H.", similar a una bipersonal, además de una tarjeta. El 28 de marzo de 1996, casi dos años después que se firmara el contrato que cerró el negocio, se registró una transferencia de 441 mil dólares desde la cuenta personal (543165) que Carlos Honzik mantenía en el Coutts bajo la denominación de "TABA" a la cuenta de los Vega. Llama la atención que el documento que ordena la transacción advierte: "Do not mention the name" (ver copia de documento).
Pocos meses después, el 15 de julio de 1996, Honzik vuelve a realizar una transferencia, desde TABA, por 20 mil dólares hacia la cuenta (38336977) que Rosa María Vega Pizarro, una de las hijas del general Vega, mantenía en el Midland Bank de Londres. Dos años más tarde, en marzo de 1998, Rosa María recibe dos depósitos por un total de 100 mil dólares en su cuenta (62983140), esta vez en el Coutts de Londres.
Los antecedentes son abrumadores y el juez Astudillo se ha tomado con tiempo y calma el análisis de los mismos para adoptar la decisión de procesar a estos ex uniformados.                

La prueba: El registro del Coutts and Co. indica la orden de Honzik para transferir 441 mil dólares a la cuenta que Vega mantenía con su hijo.

18 de enero de 2009
©la nación
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