ex dictador debe rendir cuentas
21 de abril de 2009
Argentina. La Justicia tarda pero llega, ahora para las víctimas de Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone. El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj elevó a juicio oral la causa en la que estos represores están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada y aplicación de tormentos y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de un grupo de militantes peronistas. Así lo habían pedido los abogados querellantes al fiscal Jorge Sica y éste a su vez al magistrado, que ayer habría rechazado los últimos recursos planteados por la defensa de Patti, a cargo del ex camarista de Casación Alfredo Bisordi. El juez también envió a juicio a Eduardo Espósito, jefe del área 410 del Cuarto Cuerpo de Ejército, y a Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar, donde revistaba Patti.
Los abogados Pablo Llonto y Ana Oberlin, que representan a los familiares de las víctimas, habían pedido en septiembre la elevación del caso a juicio oral, dado que ya había confirmación de la Cámara de Apelaciones sobre el procesamiento de estos represores por haber secuestrado al ex diputado justicialista Muniz Barreto y a su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio del ex militante de la Juventud Peronista Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti, hechos ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977 en la zona del Primer Cuerpo de Ejército.
Por su parte, los abogados de Patti, Bisordi y Silvio Duarte, habían solicitado el sobreseimiento del ex subcomisario, 49 medidas de prueba y el apartamiento de algunos querellantes: todo fue rechazado por el juez Yalj. Bisordi asumió la defensa de Patti luego de renunciar como camarista de Casación y de que el entonces presidente Néstor Kirchner lo acusara de frenar las causas contra represores.
Muniz Barreto fue secuestrado junto con Fernández en Ramallo y fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego quedar alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo. El ex diputado, que integró el bloque de legisladores de la llamada Tendencia, apareció muerto el 6 de marzo de 1977 en la localidad entrerriana de Raíces Oeste dentro de su auto, un Fiat 128. Fernández logró sobrevivir y dar testimonio de los hechos, antes de exiliarse en España, donde falleció. Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y pasó por la comisaría de Escobar, donde fue torturado. En tanto, Souto fue secuestrado en agosto de 1976 en Garín. Ambos se encuentran desaparecidos. Por esos días, Patti era oficial subinspector en la comisaría de Escobar.
El torturador que llegó a ser intendente de esa localidad quedó detenido en Marcos Paz en noviembre de 2007. Había obtenido una banca de diputado en las elecciones nacionales de octubre de 2005, pero la Cámara baja le impidió asumir al considerar que carecía de idoneidad moral para el cargo. La inhabilitación llegó a la Justicia y la Corte Suprema le permitió asumir, al sostener que primero debe permitirse el juramento del candidato electo y luego proceder a su desafuero. Esto ocurrió en abril pasado y Patti salió en libertad, aunque luego de ocho días tuvo que volver a acomodarse en el pabellón de lesa humanidad porque el Congreso aceleró sus reflejos y le quitó los fueros para que pudiera ser investigado por las violaciones a los derechos humanos que se le imputan, en el juzgado que ocupaba Alberto Suáres Araujo antes de renunciar. Desde ese pabellón es que el represor, que no abandonó sus aspiraciones políticas, hace campaña vía telefónica, como informó Página/12 el sábado.
Patti estuvo imputado en media docena de expedientes por delitos de lesa humanidad, como el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, y llegó a estar preso acusado de haber torturado a los presos comunes Mario Bárzola y Miguel Guerrero. Además, tiene un procesamiento en una causa que también fue elevada a juicio oral por encubrimiento al teniente Jorge Granada cuando estaba prófugo en la causa por la Contraofensiva.
Riveros estaba a cargo del comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que tenía jurisdicción represiva en la zona donde se cometieron los hechos. Riveros, que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem, goza de prisión domiciliaria y a partir del próximo lunes comenzará a ser juzgado por la desaparición de Floreal Avellaneda, por el secuestro de su madre y las torturas aplicadas a ambos en una comisaría de Villa Martelli.
Bignone, el último presidente de la dictadura militar, fue jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, con jurisdicción en Campo de Mayo, entre 1976 y 1977.
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