otra cuenta pendiente de la rata astiz
24 de abril de 2009
Además de Astiz, otros 33 represores fueron procesados por este hecho, entre ellos, Jorge ‘Tigre’ Acosta, Antonio Pernías, Ricardo Miguel Cavallo, Luciano Becerra, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Carlos Daviou, Juan Carlos Fotea, Miguel García Velazco, Ernesto Frimón Weber, Juan Torti, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio, Julio César Coronel y Antonio Vañek. El juez federal Sergio Torres impuso a cada acusado, además, un embargo de un millón de pesos.
La investigación por la desaparición de Hagelin fue cerrada por prescripción, pero luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y varios trámites procesales fue reabierta. Los represores involucrados en el caso fueron indagados en marzo.
"No sé de qué me está hablando", dijo Astiz cuando el magistrado lo interrogó sobre los "vuelos de la muerte" en los que los desaparecidos eran arrojados vivos al mar. El ‘ángel rubio’ negó haber integrado un grupo de tareas y se definió como un "administrativo".
La joven fue secuestrada el 27 de enero de 1977 cuando iba a visitar a su amiga Norma Susana Burgos, quien fue esposa del dirigente montonero Carlos Caride y que había sido detenida ilegalmente el día anterior.
Supuestamente, el objetivo del grupo de tareas que respondía a Emilio Eduardo Massera era localizar a una militante de la organización Montoneros "de aspecto similar al de Dagmar".
Algunos testimonios recogidos durante la investigación señalan que en el secuestro encabezaba el operativo un hombre "alto, rubio, atlético y de ojos celestes" que luego fue identificado como Astiz. Luego del balazo –según se desprende del expediente–, los represores pararon un taxi, se apoderaron del vehículo y metieron a la joven en el baúl. Dagmar aún estaba viva, ya que trató de evitar con sus manos que la encerraran. Cuando llegó a la ESMA todavía seguía con vida, pero desde entonces está desaparecida.
El secuestro de Hagelin se convirtió en uno de los casos testigo de los crímenes del terrorismo de Estado. Ragnar Hagelin, padre de la joven, consiguió que el reclamo trascendiera las fronteras y que el gobierno sueco lo tomara como propio.
Luis Zamora, abogado de la familia, tuvo que combatir dos rechazos de la Corte Suprema, que se negó a reabrir el expediente en 2001 y 2003. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal finalmente dispuso que el caso fuera investigado. Se basó en un dictamen de la Procuración General de la Nación que señaló que se trataba de un crimen de lesa humanidad y, como tal, debe ser considerado imprescriptible.
"Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y sin las formalidades establecidas por la ley, en concurso real con homicidio en grado de tentativa, en concurso real con robo de automotor con armas consumado" son algunos de los delitos por los que Torres procesó ayer a los represores.
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