aumenta presión para investigar
26 de abril de 2009
[Peter Baker y Scott Shane] Washington, Estados Unidos. En su visita del lunes a la sede de la CIA el lunes, el presidente Obama dijo que los empleados de la agencia no serían procesados por participar en interrogatorios violentos.
Obama dijo que era hora de reconocer los "errores" y "seguir adelante". Pero hay signos de que quizás no pueda eludir una prolija investigación sobre el uso de técnicas de interrogatorio que los principales asesores del presidente y muchos críticos dicen que eran tortura.
Y aunque Obama prometió no procesar a los agentes de la CIA por actuar en conformidad con una recomendación jurídica, el lunes sus asesores no excluyeron la posibilidad de adoptar sanciones legales contra los abogados de Bush que formularon las bases jurídicas para el uso de esas técnicas.
La decisión del presidente la semana pasada de hacer públicos los memorandos secretos que detallan los duros métodos utilizados por la CIA durante el gobierno de su predecesor provocó una tempestad que continuó creciendo el lunes cuando críticos atacaron su posición en varios frentes. Entre otras cosas, los memorandos revelaron que dos operativos de al Qaeda capturados fueron sometidos a una forma de simulacro de asfixia por inmersión conocida como el submarino un total de 266 veces.
Algunos funcionarios del gobierno de Bush, incluyendo al ex vicepresidente Dick Cheney, acusaron al gobierno de poner en peligro al país al revelar secretos nacionales. Cheney, en el Fox News Channel, anunció que había pedido a la CIA que desclasificara los documentos relativos a los datos de inteligencia obtenidos con esos interrogatorios. El general Michael V. Hayden, ex director de la CIA, también ha condenado la publicación de esos memorandos y dijo que los interrogatorios violentos tenían valor.
Al otro lado del espectro, activistas de derechos humanos, demócratas en el Congreso y funcionarios internacionales exigieron aclarar responsabilidades por lo que había ocurrido. La senadora Dianne Feinstein, demócrata de California y presidente del Comité de Inteligencia, escribió a Obama pidiéndole no excluir la presentación de cargos criminales mientras no se terminara la investigación de su comisión en los próximos seis a ocho meses.
Obama trató de calmar los ánimos con su primera visita a la sede de la CIA desde que asumiera la presidencia. Temeroso de enajenarse la simpatía de la agencia, Obama se deshizo en elogios a los agentes de inteligencia, utilizando palabras como "indispensable", "coraje" y "extraordinario" y prometiendo su "apoyo y aprecio".
"No desesperen por lo que ha ocurrido en las últimas semanas", dijo a los empleados. "No desesperen de que tengamos que reconocer la posibilidad de que hayamos cometido algunos errores. Así es como se aprende. Pero el hecho de que estemos dispuestos a reconocerlos y luego seguir adelante, es precisamente lo que explica por qué estoy orgulloso de ser presidente de Estados Unidos y por qué ustedes deberían enorgullecerse de ser miembros de la CIA".
Algunos asesores dijeron que Obama había estado considerando durante cuatro semanas si hacer o no públicos los memorandos en respuesta a una demanda presentada en el marco de la Ley de Libertad de Información, consultando el asunto con asesores, expertos y profesionales del ámbito de la inteligencia. Tan presente estuvo el tema en su mente, dijeron los asesores, que hablaba con ellos tarde por la noche en su cuarto de hotel durante las pausas en su reciente viaje a Europa.
Dijeron que en reuniones sirvió como "el interrogador", como dijo uno, desafiando a la gente a defender sus posiciones. Los asesores divergieron. Algunos, como el fiscal general Eric H. Hilder Jr., estuvieron a favor de la liberación de más información, y otros, como Leon E. Panetta, el nuevo director de la CIA, instó a mostrarse más reservados. Los asesores dijeron que Obama temía que se pudieran dañar la moral de la CIA y su propia relación con la agencia.
Al final, dijeron los asesores, Obama optó por hacer públicos los memorandos porque sus abogados dijeron que no tenían demasiados argumentos para impedirlo y porque gran parte de la información ya había sido hecha pública por The New York Review of Books, en una memoria de George J. Tenet, el ex director de la CIA, e incluso en un discurso del presidente George W. Bush de 2006.
La decisión de no procesar judicialmente a los que siguieron esas recomendaciones jurídicas de los abogados del gobierno de Bush fue facilitada, según los asesores, porque sería difícil acusar a alguien de algo que el gobierno había declarado que era legal. Sin embargo, los abogados son otra historia.
El domingo, Rahm Emanuel, jefe de personal de la Casa Blanca, dijo en el programa ‘This Week’ de ABC News, que "aquellos que idearon esas políticas" tampoco "deberían ser procesados". Pero funcionarios de gobierno dijeron el lunes que Emanuel no se refería a los abogados que proporcionaron la racionalización jurídica sino a los funcionarios que ordenaron la ejecución de esos programas.
Los tres abogados del gobierno de Bush que firmaron los memorandos -John C. Yoo, Jay S. Bybee y Steven G. Bradbury-, son el tema de un inminente informe de la oficina de ética del ministerio de Justicia que según los funcionarios es bastante crítico de su trabajo. La oficina de ética tiene la atribución de recomendar la inhabilitación u otras medidas disciplinarias profesionales o, menos probablemente, referir sus casos para su encausamiento judicial.
El gobierno tampoco ha excluido la posibilidad de perseguir judicialmente a cualquiera que se haya extralimitado de las instrucciones legales, y los funcionarios han discutido el nombramiento de un fiscal especial. Una opción podría ser dar el trabajo a John H. Durham, un fiscal federal que pasó quince meses investigando la destrucción de las cintas de interrogatorios severos por parte de la CIA.
Cuando el debate escalaba, Cheney intervino diciendo que si el país debe juzgar los métodos usados en los interrogatorios, debería tener información sobre las informaciones que se obtuvieron mediante las tácticas rudas.
"Encuentro algo inquietante" que "no hayan publicado los memorandos que mostraban los resultados exitosos de esos interrogatorios", dijo Cheney en Fox News. "Hay informes que muestran específicamente lo que obtuvimos como resultado de esas acciones".
Otras investigaciones prometer mantener vivo el tema. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado prepara su propio informe después de dos años de examinar el uso de métodos de interrogatorio violentos por las fuerzas armadas. Y los presidentes demócratas de los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes están pidiendo la formación de una comisión para estudiar el asunto. Al mismo tiempo, el gobierno hace frente a presiones en el extranjero. Manfred Nowak, el principal funcionario de Naciones Unidas sobre la tortura, dijo a un diario austríaco que como parte de la Convención Internacional contra la Tortura, Naciones Unidas estaba obligada a investigar acusaciones fidedignas sobre torturas.
Otros que están exigiendo una investigación son Philip D. Zelikov, ex asesor del Departamento de Estados durante el gobierno de Bush. En su blog para la revista Foreign Policy y en una entrevista, Zelikov dijo que el presidente no podía excluir una investigación sobre posibles actividades criminales. "Si un presidente republicano tratara de hacer esto, la gente estaría enfurecida", dijo.
Frederick A. O. Schwarz Jr., que fue el principal asesor del Comité Church, la comisión del Senado que investigó los abusos de la CIA en los años setenta, dijo que Obama había mostrado "coraje" a excluir el procesamiento de los que acataron recomendaciones jurídicas. Pero dijo que investigar era "absolutamente necesario, no para culpar a alguien, sino para entender cómo ocurrió".
20 de abril de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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