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el cumpleaños del fiscal contardo


columna de mérici
Esta foto no es una toma de la famosa ‘Tres tristes tigres’, de Raúl Ruiz, que inmortalizó la espantosa vulgaridad de la seducción entre algunos de nuestros compatriotas. Es peor. Es una oficina de la fiscalía de Concepción. Para celebrar el cumpleaños del fiscal jefe Julio Contardo Escobar los funcionarios la adornaron con globos de colores y contrataron a dos bailarinas de danzas árabes. El alcohol que se sirvió en la recepción lo bebieron en vasos de plástico. Según informó La Tercera, fue un lunes, y en horas de oficina. Coincidió la noticia del cumpleaños del fiscal con el anuncio del jefe de los matones -perdón, el subsecretario del Interior-, Patricio Rosende, de que el gobierno prohibía el incienso Spice, que La Nación describió como marihuana sintética, por considerarlo peligroso para los jóvenes.

El fiscal Contardo fue previamente fiscal de Los Ángeles, donde gozaba de la reputación de atacar duramente a la delincuencia. En los primeros meses de 2008 llegó a primera plana por la incautación de más de dos toneladas y media de marihuana y la destrucción de más de veinticinco mil plantas de cáñamo
 (en La Tercera), más la consiguiente destrucción y requisamiento de otros bienes de propiedad de los productores. En febrero de 2008, este fiscal se vanagloriaba de haber destruido más de tres millones de dólares. También ha jugado un papel en la represión del movimiento mapuche en el sur de Chile. El juez Guzmán ha denunciado montajes policiales en hechos investigados por su fiscalía.

La misma insólita arrogancia mostraba el subsecretario Rosende, que se felicitaba declarando: "[...] Chile se pone a la cabeza en la región para este tipo de lucha", refiriéndose a la prohibición del incienso Spice (en La Nación citada).  Seguramente considerarán algunos loable que no haya este gobierno esperado instrucciones de Washington sobre este asunto.

El incidente en Concepción ha justificado que la fiscal regional Ximena Hassi inicie un sumario administrativo, que estará en manos del fiscal Álvaro Serrano. El consumo de alcohol en dependencias fiscales y el hecho de que la fiscalía cerró ese día sus puertas al público para preservar la privacidad del festejo parecen ser dos infracciones relativamente graves en las que se concentrará la investigación (en terra). Carlos Veloso, portavoz del Ministerio Público de la Región del Bío Bío, declaró sobre las sanciones que se podrían aplicar en caso de que determinase que los funcionarios responsables han incurrido en alguna falta, que van desde la amonestación verbal o escrita hasta la remoción del cargo, lo que suena inverosímilmente severo (en La Tercera). Fue el cumpleaños más bullado desde que se iniciara la reforma penal, según El Mercurio. De cualquier modo, el fiscal mismo ha declarado que fue un regalo sorpresa en el que no tuvo ninguna responsabilidad. Fue un regalo envenenado, afirmó otro diario de la capital.

Sin embargo, pese al escándalo (véanse los noticiarios de la televisión regional), es dudoso que se tomen medidas serias sobre este asunto. De hecho, ya se ha filtrado a la prensa que también se buscará identificar a los funcionarios que tomaron fotografías del cumpleaños y dieron a conocer lo sucedido en las dependencias de la fiscalía. Así se lee en un diario regional que se podrían tomar medidas disciplinarias no solamente contra el fiscal, sino además contra los organizadores -otros fiscales- e incluso contra "quienes filtraron las fotografías de la celebración" (en El Sur). El fiscal Lártiga, de la misma fiscalía -del que no se sabe su grado de participación- ha declarado "[...] estar preocupado por la filtración, ya que en el evento sólo habían funcionarios, de modo que si existió molestia de alguien, hay canales por los cuales debe evacuarse cualquier acto que alguien presuma como reñido con los reglamentos" (misma fuente anterior).

Así que es posible que los sancionados no sean los fiscales implicados en esta demostración de mal gusto, sino los subalternos que denunciaron la insólita celebración del cumpleaños del fiscal jefe.

No se necesita ser demasiado suspicaz para sospechar que esta investigación no conducirá a ninguna parte. Suele decirse que entre gitanos no se lee la suerte. Estos fiscales -los implicados y los investigadores- han sido colegas durante muchos años, tienen entre sí relaciones de amistad y profesionales y están inmersos en una jerarquía muy específica. Pero, ciertamente, habrá que esperar.

El cumpleaños de Concepción revela otros aspectos de la cultura oficial. Este mismo señor que se fanfarronea de los requisamientos de marihuana no encuentra nada reprochable en consumir alcohol en la oficina y en asistir, en el mismo lugar, a un espectáculo erótico -no reprochable en sí mismo, pero que en una fiscalía está evidentemente fuera de lugar. Es evidente que el fiscal Contardo no considera malos ni lo uno ni lo otro, porque pudo haber impedido el espectáculo, o simplemente haberlo interrumpido, y no lo hizo.

Pero es cada vez más impresentable que se celebre y elogie a funcionarios de costumbres ligeras, aparentemente alcohólicos y concupiscentes, y se deje en sus manos la administración de justicia. No hay nada reprochable en el acto de beber, ni en el de asistir a un espectáculo erótico, excepto cuando puede surgir la sospecha de que no se considera incompatible llevar bailarinas al despacho o beber alcohol en lugares y horas de trabajo con las actividades y funciones propias de las instituciones públicas.

Son otras cosas las que molestan igualmente. Examinando el caso desde un punto de vista más cultural, es difícil imaginar algo más estúpido que prohibir una planta medicinal de múltiples beneficios y reprimir a sus productores y consumidores -que es una de las tareas encomendadas al fiscal Contardo-, y fomentar por vía del ejemplo el consumo de brebajes embrutecedores que son responsables del 90% de los accidentes en carretera, de prácticamente el 70% de los accidentes laborales y que dan cuenta de un altísimo porcentaje de los gastos en medicina y hospitalarios causados por pacientes afectados por enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. Que sabido esto se continúe reprimiendo la producción y el consumo de marihuana y bebiendo públicamente una droga que es prácticamente un veneno es simplemente impresentable.

La marihuana, que no produce ninguna de estas consecuencias nefastas, y es al contrario una substancia que amplía los horizontes de la conciencia, es furiosamente perseguida por un gobierno y una clase política formada por personajes que manejan lógicas demostrablemente enanas. El fiscal Contardo es responsable del encarcelamiento de numerosos ciudadanos cuyas vidas ha arruinado por ejercer las libertades individuales que garantizan muchas constituciones democráticas del mundo.

Sin ser partidario de la prohibición de ninguna droga, me parece evidente que si alguna de las más usadas debiesen prohibirse por razones de salud pública, ciertamente la primera que debiese ser excluida es el alcohol. No me parece que con la evidente hipocresía de que hacen gala la clase política y la funcionaria vayan a tener éxito alguna vez sus planes de prevención del consumo de drogas. Es evidente que no se puede predicar ni justificar la lucha contra las drogas, y al mismo emborracharse en la oficina ante la presencia de bailarinas semi desnudas, o agasajar a los invitados, como hace a menudo la señora presidente, con drogas producidas en Chile.

Siempre me he preguntado inútilmente por qué razón este y otros gobiernos se ensañan tanto con sustancias como la marihuana, pero permiten y hasta festejan el consumo de sustancias verdaderamente tóxicas, como el alcohol. El consumo de marihuana no tiene ningún efecto nocivo conocido, ni desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista social. La gente que la consume la seguirá consumiendo con o sin el consentimiento del gobierno. Es dudoso que el gobierno tenga siquiera el derecho a decir algo sobre el tema, no siendo de su competencia inmiscuirse en opciones que pertenecen al fuero íntimo de las personas.

¿Por qué razón cree el gobierno que debe inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, pese a los derechos que nos garantiza la constitución? ¿Por qué adopte el gobierno la noción autoritaria -aparte de estúpida- de que es delito lo que los gobernantes definen como delito y no, como se acepta más internacionalmente, solamente la comisión de actos que causen daño a otros? ¿Por qué no ataca el gobierno al alcohol con la misma fuerza que a la pasta base o el pegamento, que tienen consecuencias médicas y sociales parecidas?

Nunca he encontrado una respuesta.

En Chile, es obvio que la clase política y los jueces prefieren a los alcohólicos, y mejor si practican lo que consideran el noble arte de perseguir a los ciudadanos libres. En la cumbre de su poder se elogian mutua y vociferantemente, las babas de la lascivia deslizándose por sus barbillas y la vista turbia por el alcohol. Son nuestros fiscales, los que, entre los vómitos nauseabundos de sus borracheras, se jactan de enviar a nuestros hijos a las cárceles y de arruinar sus vidas porque consumen una planta que, pese a sus bondades y por razones difíciles de desentrañar, no conviene a los que se han apoderado del estado.

Es el colmo de la indecencia.

[mérici]

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