congreso salda una deuda pendiente
25 de mayo de 2009
Santiago, Chile. La pasada semana las dos cámaras del Congreso aprobaron, en menos de 48 horas, la reforma constitucional a través de la cual el Estado acepta la jurisdicción subsidiaria del Tribunal Penal Internacional (TPI). La rapidez del despacho tiene algo de paradoja, ya que se ha tratado de un gesto a la Presidenta de la República. Ésta inicia hoy una visita a Holanda y tiene considerado visitar mañana la sede del TPI en ese país. Desde luego hubiese sido poco estético para la imagen nacional que la Mandataria realizara esta actividad sin que el Parlamento validara la existencia de la instancia de justicia supraterritorial.
Con todo, la premura y el amplio acuerdo en el Legislativo no deben soslayar lo difícil que ha sido ya para tres administraciones de la Concertación sacar adelante la ratificación de la corte, debido a la resistencia dominante en la derecha -expresada a través de distintas vías y formalismos- hasta hace muy poco tiempo. La incomodidad del bloque RN-UDI comenzó a manifestarse después del acto fundacional que creó el TPI por medio del Estatuto de Roma en 1998 y donde Chile fue uno de sus suscriptores más entusiastas. La razón invocada entonces por la oposición estuvo influida por la detención en octubre de ese año del general Augusto Pinochet, pero también por algo más profundo: su "aislacionismo" y la atávica desconfianza en los mecanismos multilaterales de cooperación.
La incomodidad de los herederos de la dictadura se plasmó en un recurso ante el Tribunal Constitucional, órgano que falló a su favor determinando que debía haber primero una reforma a la Carta Política para que el tratado internacional tuviera validez en Chile. Sin embargo, tras esta sentencia la oposición insistió en interponer nuevos obstáculos dilatorios. El cuadro de bloqueo sólo pudo ser superado luego de un pacto político que acogió buena parte de las prevenciones aliancistas. A pesar de esto, seis diputados y un senador de la UDI votaron contra la incorporación de Chile, aunque quien negoció el acuerdo fue el senador gremialista Hernán Larraín. Sintomáticamente, incluso el presidente de la UDI se abstuvo.
Estos antecedentes explican por qué para Chile la CPI tendrá un carácter acotado, controlado y claramente subsidiario de la justicia nacional y sólo podría asumir casos de violaciones de los derechos humanos cometidas después de la entrada en vigencia del tratado, cuestión que se producirá luego de una ley general que regule la aplicación local del acuerdo internacional.
Si bien grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China e India, no son signatarias del pacto -debido a sus propias concepciones geopolíticas-, éste constituye hoy un marco imprescindible de convivencia para los estados, donde éstos ceden parte de su soberanía jurisdiccional en función de la protección de las garantías inalienables de la persona. Un país como el nuestro, donde hubo una política tan masiva y sistemática de violación de los derechos humanos, no podía continuar al margen de una institución como el TPI. El Congreso -en particular, la derecha- han reparado esa asignatura pendiente desde hace más de una década.
©la nación 
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