el dictamen 001483
columna de mérici
La ‘entrega voluntaria’ es la declaración en la cual un vecino que pide a las autoridades sanitarias municipales que apliquen eutanasia o hagan dormir a su mascota, eximen de responsabilidad, por la muerte de la mascota, a esas mismas autoridades. Aunque los alcaldes han defendido lo que consideran su derecho a determinar la muerte de los perros abandonados, esta en realidad es una atribución exclusiva de la autoridad sanitaria regional. Y el seremi de Salud puede decretar la aplicación de eutanasia a un perro sólo si después de diez días de observación ha presentado síntomas de rabia.
La historia del dictamen empezó el 25 de noviembre de 2008 cuando las aguerridas animalistas Aída Rerequeo y Luz María H. -de Amigos de los Animales la primera, de la Sociedad Protectora de Animales de Valparaíso la segunda- recibieron una llamada de funcionarios no identificados del departamento de Medio-Ambiente para denunciar una matanza de perros en la clínica canina de la municipalidad. Los empleados pidieron conservar el anonimato por temor a represalias.
Llegadas al lugar, lograron fotografiar en el contenedor en el patio del departamento los cadáveres de diez perros. Según los funcionarios -cuyas versiones serían corroboradas independientemente- la camioneta de la clínica salía todos los días a recoger perros vagos, los que eran posteriormente sacrificados en la clínica pese a estar fundamentalmente sanos. En esos días previos al inicio de la temporada estival en el balneario, dijeron los funcionarios, se habían intensificado las capturas y estaban contando un promedio de diez ejecuciones por día. En esa ocasión -y es la razón por la que se comunicaron con Aída-, no soportaron ver los cadáveres de cinco cachorros que habían llegado sanos ese mismo día en la mañana.
Al día siguiente se reunieron frente a la municipalidad de Viña del Mar varias decenas de personas a protestar contra las matanzas ilegales. En realidad, los vecinos y padrinos protestan desde hace años que llegado el verano, los perros de la calle empiezan a desaparecer misteriosamente. Se oyen todavía a menudo quejas de que la veterinaria del canil, Claudia Bilbao, recoge a perros vagos y los mata, pese a estar sanos y no tener ella atribuciones para determinar sobre la vida o muerte de los perros abandonados. Cuando se menciona su nombre, todo el mundo recuerda la historia de la matanza de perros en la que participó para sacarles el corazón que necesitaba para un experimento científico.
Durante la manifestación la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Regginato, pidió a portavoces de los manifestantes -Aída y otros- que se reuniesen con ella al día siguiente. En los comentarios que se oyeron luego, se dijo que la alcaldesa había prometido no volver a aplicar la eutanasia a perros callejeros, aunque afirmó igualmente que los perros encontrados en el contenedor habían muerto por varias razones médicas diferentes, siendo algunos de ellos perros recogidos en el marco de convenios con vecinos que firman la declaración de entrega voluntaria.
El caso provocó incluso duros enfrentamientos en círculos animalistas, optando algunos por ignorar el asunto tras pensar que no había pruebas. Sin embargo, se ha convertido en una de las pocas acciones que, pese a no ser haber sido una causa comentada en la prensa, han alcanzado tal grado de efectividad.
Las activistas animalistas presentaron una queja a la contraloría regional el 11 de diciembre de 2008. Se esperaba una resolución para abril, como efectivamente ocurrió.
Al principio, aparentemente, el dictamen desmiente a Aída Rerequeo cuando dice que "no es efectivo lo afirmado en la especie" (de que la municipalidad estaba eliminando a perros vagos).
En cuanto a los perros vagos, dice el dictamen que sólo se aplica eutanasia "a petición escrita y firmada por el dueño, la que deberá estar fundada en accidente o enfermedad incurable y previa verificación por un profesional funcionario, ajustándose a un protocolo escrito".
El municipio, prosigue el dictamen, "[...] sólo aplicó dos eutanasias a solicitud de sus respectivos propietarios en esa oportunidad, dando cumplimiento a los protocolos exigidos por el municipio"". La municipalidad dice que los cachorros encontrados en el contenedor habían muerto "de forma natural".
Según este dictamen, "la potestad de retirar perros vagos de la vía pública y eliminarlos, incluidos los casos en que los dueños de la especie canina entregan sus mascotas para esos efectos, corresponde [...] a la autoridad sanitaria, pero sólo cuando detecte un caso de rabia o las condiciones epidemiológicas para que se produzca un brote de la enfermedad".
Entre las atribuciones de los municipios, prosigue el dictamen, no se cuenta la de eliminar perros de la calle.
Por todo ello, concluye la contraloría, la municipalidad "se ha excedido en el ejercicio de sus atribuciones al haber ejecutado dos eutanasias, toda vez que, aún bajo el argumento de responder a autorizaciones concedidas por los dueños, no existe una normativa legal que la habilite para actuar en tal sentido".
La contraloría llama finalmente a municipalidad a abstenerse de "realizar acciones que contravengan las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia", dejando en manos de la municipalidad la decisión de "ordenar la instrucción de un proceso sumarial, para perseguir la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en el hecho descrito".
Para la alcaldesa, este dictamen debe de ser un sólido tirón de orejas. La legalidad de la ‘entrega voluntaria’ ha sido un tema frecuente en comentarios de animalistas. En mi opinión, es un documento de legalidad imaginaria, toda vez que no aparece descrita en ninguna parte, ni siquiera en una ordenanza. A esta figura de derecho zombi se aferran las municipalidades renegadas -las que insisten en mantener la eutanasia forzada de mascotas abandonadas como solución a una igualmente imaginaria sobrepoblación canina y como el último atributo de su poder.
Según el dictamen, el hecho de que los presuntos dueños de los perros hayan solicitado su eliminación, por la razón que fuere (y, por lo demás, motivo que en el dictamen ni siquiera se menciona), no le quita gravedad ni justifica la ejecución de hechos tenidos claramente por ilegales, que es la aplicación de la eutanasia sin la intervención ni determinación previa de las autoridades sanitarias, que, insiste la contralora, son las únicas que pueden determinar su aplicación.
Ni siquiera los dueños pueden decidir la aplicación de la eutanasia a sus mascotas. Esta es una atribución exclusiva de la autoridad sanitaria: "[...] aún bajo el argumento de responder a autorizaciones concedidas por los dueños, no existe una normativa legal que la habilite para actuar en tal sentido".
Al aplicar la eutanasia por pedido de sus dueños, las autoridades municipales cometieron un delito de maltrato animal, sancionado por el Código Penal, si se interpreta, como es cada vez más el caso, que el maltrato también incluye la terminación médicamente injustificada de animales de otro modo sanos. (Según este dictamen las autoridades sanitarias pueden determinar el sacrificio de una mascota no sólo en caso de rabia, sino además igualmente en casos de enfermedades incurables o accidentes).
Ahora la municipalidad debería iniciar un sumario interno para determinar responsabilidades y sanciones, lo que imagino que es, dada la historia de este conflicto, muy dudoso que ocurra.
En Viña del Mar se rumorea que las declaraciones de entrega voluntaria las firma cualquiera, debido a que, no existiendo ningún registro canino, la noción de propiedad de una mascota es francamente más una metáfora que otra cosa. Casi nadie podría ‘probar’ que es dueño de una mascota. No existe un certificado de propiedad de mascotas ni un protocolo para su obtención. Cualquiera puede firmar una declaración semejante, que no te vincula con nada ni implica consecuencia alguna. Ese papel no vale nada.
Yo iría todavía más lejos. Emitir una declaración de entrega voluntaria podría ser considerado un delito, si se utilizan timbres y sellos y papeles oficiales para dar aspecto de legitimidad a algo que es un invento enfermizo. Podría ser incluso falsificación de instrumento público y hasta asociación ilícita, toda vez que esa gente hace todas esas cosas (recorrer la ciudad en camioneta reconociendo y recogiendo a perros vagos para llevarlos a la clínica) con el propósito explícito de cometer un delito (matar perros sanos, pero callejeros, eludiendo a la autoridad sanitaria).
A partir del 8 de abril de este año, nunca más podrán las municipalidades sacrificar a perros por la simple petición de un vecino, se trate de un perro vago o del suyo propio. La figura legal que amparaba la práctica no existe. Esa declaración no exime de responsabilidad a las autoridades municipales. Ahora no tendrán ninguna excusa ni para recoger perros de la calle -como no sea para su esterilización o tratamiento en caso de enfermedad- ni para someterlos a eutanasia sin la intervención de la autoridad sanitaria y según protocolos estrictos. En otras palabras, cualquiera de nosotros podrá demandar al alcalde responsable de situaciones ilegales, blandiendo el espectro de una inhabilitación cada vez más real.
Con esta decisión se impone orden en un área bastante turbia. Se convertirá en una herramienta valiosísima para la defensa de las mascotas, las abandonadas y otras, y permitirá que los crímenes que se cometen contra ellas no queden siempre impunes. La decisión sobre la vida o la muerte de la mascota dejará de ser una decisión que puedan tomar los dueños u otros vecinos. Toda muerte deberá ser autorizada por la autoridad sanitaria, que sólo la puede decretar por razones médicas. Es lo que venían exigiendo los animalistas desde hace un buen tiempo. Y es un gran día para la causa de los derechos animales.
[mérici]
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