violentos incidentes en perú
6 de junio de 2009
[Simón Romero] Lima, Perú. Enfrentamientos entre manifestantes indígenas y fuerzas de seguridad en una remota carretera en la selva al norte de Perú dejó el viernes más de dos decenas de víctimas mortales, entre las cuales once agentes de policía, aumentando la tensión sobre las intensas protestas de grupos indígenas contra los planes el gobierno de abrir extensas áreas de la selva para permitir la explotación del petróleo y de maderas y la construcción de una presa hidroeléctrica.
Los manifestantes indígenas que luchan contra las operaciones petroleras y madereras bloquearon el viernes una carretera en el norte de Perú, que la policía trató de disolver [disparando y] arrojando bombas lacrimógenas.
Se conocen varias versiones sobre los primeros enfrentamientos. Líderes indígenas dijeron aquí que la matanza ocurrió el viernes en la mañana después de que la policía disparara desde helicópteros contra los cientos de manifestantes que habían bloqueado la carretera en la norteña provincia de Bagua, provocando la muerte de al menos veintidós civiles. La Asociación Médica Chachapoyas, en el región donde ocurrió la matanza, dijo que las víctimas indígenas sumaban veinticinco.
La ministro del Interior de Perú, Mercedes Cabanillas, dijo que la policía no inició la carnicería, sino que fueron "víctimas del pánico". El primer ministro Yehude Simon dijo el viernes noche que habían muerto once agentes de policía y tres indios, y que treinta y ocho agentes de policía y un ingeniero civil habían sido secuestrados por los manifestantes.
Las protestas son parte de una bien organizada campaña de grupos indígenas que se han inspirado en parte en movimientos similares en Bolivia y Ecuador.
Indignados por la renuencia del gobierno a involucrarlos en los proyectos, los grupos indígenas de Perú sorprendieron a las autoridades con su repentina fortaleza y organización y ahora amenazan con embotar los intentos del presidente Alan García por atraer a inversores extranjeros a la región.
"El presidente pensaba que aceptaríamos dócilmente planes que cambiarán completamente nuestras técnicas de caza y agrícolas, y no los aceptaremos", dijo Juan Agustín, 41, indio shipibo y presidente de la Asociación de Desarrollo Interétnico de la Selva Peruana, una organización paraguas de más de trescientas mil personas de decenas de grupos indígenas.
Las protestas han interrumpido la producción de petróleo y los oleoductos, bloqueado el comercio en las carreteras y vías fluviales y detenido los vuelos a aeropuertos remotos. Aunque existen informes sobre escasez de combustible y alimentos en algunas zonas de la selva, la verdadera preocupación es que las protestas logren interrumpir el suministro de energía hacia importantes ciudades costeras.
Las víctimas de los enfrentamientos del viernes en Bagua, cerca de un oleoducto que fue blanco de los manifestantes, representan un serio reto para García. Líderes indígenas han descrito los incidentes como "genocidio". Se ha declarado un toque de queda en la región para impedir [según dice el gobierno] otros incidentes violentos.
García, el 9 de mayo, ya había declarado el estado de emergencia de sesenta días en áreas afectadas por las protestas, que empezaron en abril. Pero la decisión sólo parece haber aumentado las tensiones, y las protestas se han extendido desde el norte de Perú a zonas estratégicamente importantes en el sur del país.
El fin de semana pasado unos doscientos indios machiguenga ocuparon estaciones de válvulas de los oleoductos que transportan gas natural desde el enorme proyecto Camisea en el sudeste del país. Los soldados recuperaron el control de los sitios, informó el ministro de energía. Pero líderes indígenas anunciaron que las volverán a ocupar.
Los manifestantes exigen que García derogue los decretos que han facilitado la entrada de compañías a la cuenca del Amazonas, y se han concentrado en repeler los proyectos más importantes.
Por ejemplo, líderes del grupo indígena asháninka están tratando de descarrilar un proyecto de Eletrobrás, una compañía controlada por el gobierno de Brasil, de gastar más de diez mil millones de dólares para construir cinco plantas hidroeléctricas en Perú.
"Queremos la paralización inmediata de todos los proyectos que han sido diseñados sin consultar a los que vivimos en la selva", dijo Daniel Marzano, 39, líder asháninka de la provincia de Atalaya.
Pero es la concentración coordinada de las protestas en las instalaciones de producción de energía las que han alarmado a los analistas y a las clases política y empresarial de Perú, que viven abrumadoramente en ciudades costeras.
"Los líderes tienen una visión estratégica, y golpean al país donde más duele", dijo Alberto Bolívar, experto en seguridad, que señaló la posibilidad de que protestas en algunas zonas remotas de la selva aunen fuerzas con una facción resurgente de Sendero Luminoso, la organización maoísta peruana que se [cree que se] sostiene con el comercio de la cocaína.
El viernes, los guerrilleros dispararon contra un helicóptero que transportaba tropas en el sur de Perú, matando a un soldado e hiriendo a otros cuatro.
Aldo Mariátegui, editor del diario Correo, especuló que las protestas eran alentadas por los gobiernos de Venezuela y Bolivia para derrocar a García. Es una idea que hacen suya muchos miembros de la élite política y comercial de Perú.
Sin embargo, líderes indígenas entrevistados para este artículo rechazan la especulación. En lugar de eso, dijeron que el conflicto surgió porque el gobierno abrió la selva para nuevas inversiones sin consultar previamente ni involucrar a la gente que vive allá.
En el caso del petróleo, por ejemplo, al menos 58 de las 64 áreas controladas por compañías multinacionales para la explotación del petróleo se yuxtaponen con tierras de propiedad de pueblos indígenas, de acuerdo a un estudio de científicos de la Universidad Duke el año pasado.
Explicando la posición del gobierno el mes pasado, García dijo: "Tenemos que entender que cuando se trata de recursos como el petróleo, el gas y la madera, estos no pertenecen solamente a la gente que tuvo la fortuna de nacer ahí, porque eso querría decir que más de la mitad del territorio peruano pertenece a unos pocos miles de personas".
Esas ideas encuentran eco en un país de casi treinta millones de habitantes donde casi tres cuartos de ellos viven en zonas urbanas. Pero las protestas, que muestran pocos signos de aplacarse, ofrecen una visión diferente sobre cómo debería desarrollarse el Perú.
Incluso antes de los enfrentamientos en Bagua, el gobierno utilizó esta semana a la armada para romper los bloqueos del río Napo en el norte para permitir el pasaje de barcazas de Perenco, una compañía petrolera que planea invertir dos mil millones de dólares, hacia el interior de la selva tropical.
"Ahora tenemos un gobierno que recurre a la fuerza militar para dirigir el desarrollo del Amazonas", dijo Paul McAuley, activista ecologista de Christian Brothers, una orden laica católica, en la ciudad amazónica de Iquitos. "Esta no es una estrategia sustentable".
©new york times
cc traducción mQh
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FLAVIO ARAOZ -