los acusados de terroristas y la ley
10 de junio de 2009
El presidente Obama se ha apartado decisivamente de la ilegalidad y barbarie de las políticas antiterroristas del gobierno de Bush, incluso si cree -como creemos aquí- que debería ir más lejos. Su meditada defensa de su visión del terrorismo en uno de sus discursos del mes pasado fue un edificante contraste con las interesadas peroratas del ex vicepresidente Dick Cheney el mismo día.
Sin embargo, un pasaje en el discurso de Obama provocó consternación entre los defensores de las libertades civiles. Después de delinear cómo trataría el gobierno a cuatro categorías de detenidos -los acusados de violar leyes estadounidenses, los acusados de crímenes de guerra, los que fueron liberados por orden judicial y los que pueden ser repatriados-, el presidente identificó una quinta categoría: aquellos "que no pueden ser procesados y que sin embargo representan un claro peligro para el pueblo americano".
Esos sospechosos de terrorismo podrían ser retenidos sin ser sometidos a juicio. "No voy a dejar en libertad a individuos que amenazan al pueblo americano", dijo Obama. Una evaluación final de su plan debe esperar hasta que conozcamos más detalles de este. Pero aceptamos -incómodamente- el principio básico. Si Obama está dispuesto a luchar con lo que llama "el problema más difícil que tenemos", nosotros también debemos considerar la misma pregunta.
La detención preventiva -detener a alguien fundamentalmente por lo que podría hacer en el futuro- es una excepción en el sistema judicial estadounidense. Según una ley federal ratificada por la Corte Suprema, algunos acusados pueden ser detenidos antes del juicio, pero en algunos casos Obama está dispuesto a prescindir de un juicio. Dice que está resuelto a ejercer esa autoridad sólo rara vez y a someterse a sí mismo, y a futuros presidentes, al control de las otras ramas del gobierno. Esas son gratificantes promesas, pero también sirven para recordarnos que esa detención sin juicio, aunque es habitual en tiempos de guerra, pone en peligro un principio básico de la justicia americana cuando se practica durante un período indefinido y en un campo de batalla indefinible.
Como en tantas otras áreas, Obama debe beber del cáliz envenenado que le entregó su predecesor. Con el uso de los ‘métodos mejorados de interrogatorio’ -tortura- para extraer información, el gobierno de Bush contaminó las evidencias de tal modo que no pueden ser utilizadas ni en un juicio ni ante una comisión militar. Al negarse a reconocer a los detenidos en Bahía Guantánamo como prisioneros de guerra, los funcionarios de Bush hicieron más difícil que Obama pueda argumentar que en algunos respectos los detenidos restantes son más como prisioneros de guerra que criminales. Finalmente, al liberar indolentemente a cientos de detenidos que habían sido definidos como enemigos combatientes, la afirmación del gobierno de Bush de que la población de Guantánamo era "lo peor de lo peor", perdió credibilidad.
No cabe duda que algunos detenidos se ajustan a esa descripción, como Khalid Shaikh Mohammed, el confeso conspirador de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que declaró ante un tribunal militar el año pasado que se declararía culpable. Si Mohammed fuera llevado a juicio, los fiscales tendrían que considerar el escandaloso hecho de que fue sometido al submarino 183 veces. Problemas similares con las evidencias podrían dificultar otros procesos. Se trata de los sospechosos que Obama dijo que "no pueden ser juzgados por crímenes pasados". Pero no son los únicos difíciles. Obama también se refirió a "personas que han recibido un amplio adiestramiento en el manejo de explosivos en campos de adiestramiento de al Qaeda, o han dirigido tropas de talibanes en el campo de batalla, o declarado su lealtad a Osama bin Laden, o dejado de otro modo en claro que quieren matar a estadounidenses". Esos detenidos, dijo, "de hecho siguen estando en guerra con Estados Unidos".
Como dejan claro esas provocativas palabras, Estados Unidos estuvo y todavía está implicado en un conflicto armado con al Qaeda y sus asociados y con los talibanes. El Congreso no ha revocado su resolución de 2001, que autoriza el uso de medios militares contra "países, organizaciones o personas [que el presidente] determine que planearon, autorizaron, cometieron o colaboraron con los atentados terroristas el 11 de septiembre de 2001, o ayudaron a esas organizaciones o personas".
Los acusados de violar las leyes de Estados Unidos deberían ser juzgados en tribunales civiles -y las absoluciones debiesen implicar su liberación. Como se observa en un estudio de Human Rights First, 145 acusados de terrorismo han sido condenados o se declararon culpables en una corte federal, incluyendo al conspirador del 11 de septiembre de 2001, Zacarías Moussaoui. Para el pequeño número de acusados cuyas evidencias están demasiado comprometidas -o para los capturados en el extranjero mientras se adiestraban para atacar a este país- pudiera haber algunos raros casos en que se justifique su detención como prisioneros de guerra. Si eso ocurre, Obama debe cumplir su promesa de que "debemos tener normas claras, defendibles y legales para los que caen en esta categoría. Debemos tener procedimientos justos, para no cometer errores. Debemos contar con un proceso exhaustivo de revisiones periódicas, de modo que cualquier detención prolongada sea evaluada y justificada cuidadosamente".
La revisión prometida por Obama debe ser confiada a los tribunales federales y no ser realizada únicamente dentro de la rama ejecutiva. La Corte Suprema ya ha resuelto que los detenidos pueden impugnar su encarcelamiento solicitando un recurso de hábeas corpus. Un tribunal de seguridad nacional, similar al tribunal fundado por la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero [Foreign Intelligence Surveillance Act], incrementaría el control judicial -pero la ley que funde un tribunal de este tipo debería expirar al cabo de algunos años de modo que el Congreso se vea obligado a evaluar sus logros.
Históricamente, los prisioneros de guerra han sido retenidos hasta el fin de las hostilidades. Eso es relativamente simple cuando el enemigo es un gobierno nacional y la guerra termina en rendición o armisticio. Cuando el enemigo es más amorfo, es más difícil saber cuándo terminó la guerra y los combatientes pueden volver a casa. De ser las cosas así, cualquier sistema de retención de prisioneros en este conflicto debe ir acompañado de un proceso de revisión periódica -por el Congreso o tribunales- para determinar si las hostilidades han terminado y los prisioneros pueden ser liberados. Esa determinación no puede quedar solamente en manos de Obama o sus sucesores.
Ninguna de las garantías prometidas por el presidente puede disipar completamente el temor de que la naturaleza abierta de la guerra contra el terrorismo esté socavando los valores estadounidenses. Pero si Obama concluye que hay detenidos peligrosos que todavía están en guerra con Estados Unidos, las reglas de la guerra establecidas hace mucho serán nuestras mejores armas. Deben ser tratados como prisioneros de guerra con el derecho adicional -no otorgados a los prisioneros en una guerra convencional- de ser liberados cuando puedan convencer a un tribunal que ya no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.
7 de junio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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