policías en red de comercio sexual infantil
11 de junio de 2009
[L. Narváez/ L. Ayala/ A. Chaparro] Valparaíso, Chile. Un grupo de mujeres denunciaron a mediados de 2007, en los propios cuarteles de la PDI de Valparaíso, que detectives abusaron de ellas cuando eran menores de edad y que las amenazaron para que no hablaran.
Pero nadie hizo nada. Los detectives mencionados no fueron investigados en un sumario y sólo fueron trasladados desde la Brigada de Delitos Sexuales a la Brigada de Robos, pero se mantuvieron en el puerto.
Eso bien lo sabe el prefecto general Alfredo Jiménez Ogalde, quien a esa fecha era el jefe de la Región Policial de la zona. Hoy es el segundo hombre de la PDI y sobre quien pesan las graves denuncias mostradas el martes por el programa ‘Contacto’ de Canal 13.
Todo comenzó el 2007, cuando cayó una red de trata de personas que llevaba mujeres a España para explotarlas sexualmente. El líder Carlos Parra Ruz, alias ‘Charly’, fue condenado.
Pero el oficial a cargo de la investigación, subcomisario Héctor Guzmán Godoy, no se quedó ahí. El propio condenado le relató que funcionarios de Investigaciones eran clientes.
Guzmán Godoy volvió a hablar con las mujeres afectadas, quienes confirmaron lo dicho por ‘Charly’, pero agregaron otro dato: varias de ellas eran menores de edad cuando esto sucedió.
Como indica la ley, el subcomisario partió, entonces, a notificar estos nuevos hechos al fiscal del Ministerio Público José Uribe Ortega. Así, tomó declaración a María Elena Delgado López y Gloria Valenzuela García. Pero nada sucedió, pese a la gravedad de la denuncia.
Gloria Valenzuela le dijo a la policía y al fiscal que "eran también clientes habituales y que se acostaban con las menores de edad unos funcionarios de Investigaciones. Solamente me recuerdo bien de tres de ellos.
De hecho, yo tuve relaciones sexuales con los tres, tenía 12 ó 13 años. Los funcionarios de Investigaciones tenían 30 años aproximadamente". La mujer agregó que los policías también consumían droga.
Asegura que en esos mismos días comenzó a recibir amenazas de muerte tanto del ‘Charly’ como de un detective que dijo ser sobrino del proxeneta, motivo por el cual regresó a la cercanías de Osorno, donde vivía su familia, lugar en el que estuvo oculta hasta hace pocas semanas, cuando fue ubicada por periodistas de Canal 13.
Los dichos de Gloria Valenzuela fueron ratificados por María Delgado López, quien trabajaba con el ‘Charly’. Esta mujer es la madre de Sabina Bustos, la menor que también denunció abusos de detectives de la PDI.
Perseguido
El subcomisario Guzmán Godoy dijo en febrero a La Nación que "yo mismo llevé a las mujeres para que estamparan la denuncia en la fiscalía y en la PDI, pero nadie hizo nada. Yo temí por la vida de Gloria, porque no he vuelto a saber de ella".
La denuncia de las mujeres contra funcionarios de Investigaciones fue informada en el cuartel de la calle Uruguay, en el puerto. El domicilio corresponde a la Jefatura de la Región Policial y centro de operaciones de Jiménez Ogalde, cuando éste era la autoridad máxima.
Fuentes policiales informaron que el prefecto general nunca ordenó un sumario ni tampoco llamó al Departamento de Asuntos Internos para que investigara las denuncias. Hasta donde se sabe, tampoco puso en conocimiento al director Arturo Herrera acerca de esta situación.
Guzmán Godoy también se entrevistó con el entonces subdirector operativo, René Castellón (hoy en retiro). Al ex jefe policial le relató los hechos y acusó una persecución por haber denunciado a sus colegas de Valparaíso.
Cuando el entonces subcomisario fue calificado en 2008 en ‘lista 4’ (para ser expulsado), como última instancia, apeló al presidente de la Junta de Apelaciones de la PDI: el director institucional, Arturo Herrera.
De la lectura de dicho recurso, al cual este medio tuvo acceso, se comprueba que Herrera tomó conocimiento, al menos, hace tres meses de la misma denuncia contra sus funcionarios. Nadie sabe hasta hoy, si ordenó un sumario o si puso en conocimiento de la justicia dicha información.
Lo que sí se sabe es que el actual fiscal de la causa, Pablo Avendaño, anunció que se investigará si el alto mando de la época pudo cometer el delito de encubrimiento.
El ex subcomisario también acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Ante esa instancia, el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR) negó irregularidades. Por ello es que hoy, diputados de ese comité piden su renuncia.
Sergio Aguiló (PS) dijo que "resulta evidente que ha faltado a la verdad, por lo que estimamos que el gobierno debe adoptar las medidas necesarias".
El diputado Fidel Espinoza (PS) fue más allá y pidió que Herrera asuma su responsabilidad, "tomando en cuenta los distintos hechos de corrupción que se han dado a conocer últimamente".
Sin embargo, tras reunirse con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en La Moneda, Herrera se limitó a decir que "voy a esperar hasta poder tener antecedentes y evidencias que demuestren efectivamente que hay un delito para poder darlos de baja de la PDI, tal como ha sido la línea nuestra de tolerancia cero contra este tipo de actuaciones y esperamos que podamos conseguir las evidencias suficientes para darlos de baja".
Rosende, en tanto, advirtió que "si hay funcionarios de la PDI en estos hechos, tienen que ser sancionados de la manera más severa y más ejemplificadora posible".
PDI al Banquillo
Mujeres denunciaron a funcionarios de la PDI de Valparaíso haber sido abusadas cuando eran menores de edad y formaban parte de una red de explotación sexual comercial.
La fiscalía local investiga el posible encubrimiento del ex jefe de policial de la región, y actual segundo hombre de la PDI, Alfredo Jiménez. Éste no habría ordenado sumario y sancionó al subcomisario que investigaba a otros policías implicados.
El director institucional, Arturo Herrera, supo hace tres meses de los hechos. Diputados pidieron la renuncia de subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, y que Herrera asuma responsabilidad.
El gobierno, en tanto, se reunió con el director de la PDI. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo que "todos estamos sometidos a la misma ley".
Gobierno: "Gravísimo e intolerable"
Como "gravísimo" e "intolerable" calificó ayer el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma la presunta vinculación de un grupo de detectives de la Policía de Investigaciones con una red de explotación sexual infantil.
El secretario de Estado manifestó que esta denuncia debe ser indagada en profundidad y si se determina que "hay culpables, (éstos) serán severamente sancionados".
Sin embargo, la autoridad pidió "cautela, porque hay muchos problemas internos". Probablemente, en alusión a los últimos escándalos que han afectado a funcionarios de la institución.
En ese sentido, sostuvo que hoy la PDI ha reforzado sus controles internos, pero -dijo- que siempre hay que estar alerta.
Asimismo, expresó que "este tipo de cosas son intolerables (...) verdaderamente hay que aplicar la mano muy muy dura".
En tanto, el ex subsecretario de la cartera, actual diputado PPD Felipe Harboe, también reaccionó ante la denuncia y explicó que -a su juicio- lo más grave es que "un conjunto de niñitas (...) que ejercían la prostitución infantil hicieron una denuncia que nadie acogió o investigó con el celo debido".
También recalcó que resulta "inaceptable que un fiscal encargue o encomiende la diligencia de ubicar a una de las testigos del caso y no la encuentren por uno o dos años y resulta que un programa de televisión la encuentra en un par de semanas. Eso resulta inexplicable".
Por su parte, los miembros de la Comisión de Defensa de la cámara alta senadores Jaime Gazmuri (PS) y Baldo Prokurica (RN) dijeron que era necesaria una investigación a fondo y fuertes sanciones para quienes resulten responsables de los delitos que se indagan.
Consultado por el caso, el fiscal nacional Sabas Chahuán respaldó el trabajo de los investigadores porteños y aunque admitió que "siempre se puede perfeccionar. Creo que lo importante es que hay una investigación, que ha adoptado un curso concreto".
Y, aclaró, que aquí lo que se indaga es a un grupo de personas y no a la institución.
©la nación 
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