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que lo decida un juez


La Casa Blanca continúa evitando investigar los abusos del gobierno de Bush, de modo que lo que debería ocurrir es que un juez federal estudie y resuelva sobre la liberación de los 65 documentos en disputa. Editorial de Los Angeles Times.
Pese a su repudio de las ‘técnicas mejoradas de interrogatorio’, el gobierno de Obama persiste en impedir la investigación pública de cómo la torcida justificación jurídica de la tortura por parte del gobierno de Bush se tradujo en los apremios físicos a que fueron sometidos los sospechosos de actividades terroristas. El último intento para evitar la publicación fue una declaración, el lunes, del director de la CIA, Leon E. Panetta, de que ninguno de los 65 documentos que describen los interrogatorios de la agencia deberían ser hechos públicos. La mayoría de los documentos describen los interrogatorios de Abu Zubaydah, que fue sometido al submarino [simulacro de muerte por asfixia por inmersión] al menos 83 veces.
El juez federal al que Panetta entregó su declaración no debería creer todo lo que dice. Como con las fotografías que mostraban los abusos de prisioneros que el presidente Obama erróneamente rehusó hacer públicas, los documentos exigidos por la Unión Americana por las Libertades Civiles no deberían ser ocultados para ahorrar a Estados Unidos una vergüenza adicional. Tampoco se justifica continuar con el secreto, como sostiene Panetta, por la posibilidad de que los detalles sobre las técnicas abandonadas ayuden a al Qaeda a prepararse para futuros interrogatorios. Es todavía menos convincente la afirmación de Panetta de que se pondría en peligro la seguridad nacional si se identificase a los países que permitieron que la CIA interrogara en sus territorios a los sospechosos.
Para ser justos, estas son sólo algunas de las justificaciones de Panetta para exceptuar a los llamados documentos operacionales de las exigencias de divulgación de la Ley de Libertad de Información. También le dijo al juez de distrito Alvin K. Hellerstein que su liberación expondría la identidad de los empleados de la CIA que participaron en los interrogatorios y revelarían lo que sabe y no sabe la CIA sobre las tramas terroristas en momentos específicos.
Esos argumentos tienen un mejor derecho a la excepción en la Ley de Libertad de Información por asuntos "autorizados específicamente según los criterios establecidos por una orden presidencial para que se mantengan en secreto en aras de la defensa nacional o de la política de relaciones exteriores". Pero los documentos pueden contener información que no pasan esa prueba. Por ejemplo, podrían establecer si los interrogadores eludieron incluso las inadecuadas restricciones impuestas por el gobierno de Bush. También podrían arrojar luces sobre un asunto bajo investigación criminal: la destrucción de 92 cintas de los interrogatorios de la CIA.
Incluso los críticos más duros del programa de interrogatorios de la era de Bush reconocen que el gobierno no puede divulgar en público la identidad de los agentes secretos ni sus fuentes importantes ni métodos. Pero con todo el respeto que se debe a Panetta, no debería ser él quien tenga la última palabra sobre este asunto. La solución parece obvia: el juez Hellerstein debería examinar los documentos disputados -no solamente los resúmenes- y decidir por sí mismo si son o no válidas las objeciones de la CIA.

15 de junio de 2009
12 de junio de 2009
©los angeles times 
cc traducción mQh
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