acuerdo contra la exclusión política
17 de junio de 2009
El entendimiento Concertación-Juntos Podemos apunta a superar la exclusión de una franja importante de izquierda clásica que tiene una larga encarnación en el movimiento popular chileno. Se trata, además, de una cultura política severamente reprimida por la dictadura. A la violencia ejercida por el autoritarismo militar se ha sumado durante veinte años de democracia la marginación del Congreso, por efecto de un mecanismo electoral que la derecha se ha negado a modificar y que durante los primeros años de transición incluso la sobrerrepresentó. De hecho, el pacto suscrito el lunes 15 fue presionado por el incumplimiento del candidato presidencial de derecha, Sebastián Piñera, y de su partido, Renovación Nacional, que en la campaña pasada le garantizaron al PC que darían sus votos para reformar el binominalismo. Sin embargo, la promesa no la cumplieron. Este antecedente resulta relevante para entender la alianza en su carácter instrumental y no programático, pues la derecha -fiel a su estilo conservador- ha comenzado a agitar el fantasma del anticomunismo.
Naturalmente el trato también será útil a la Concertación para obtener doblajes que permitan recuperar la mayoría en la cámara baja. Otro supuesto del acuerdo es el apoyo de Juntos Podemos al abanderado de la Concertación en segunda vuelta. Con todo, hay que advertir que la aparición de fórmulas minoritarias podría afectar la eficiencia del pacto. Por lo tanto, es deseable que en esta materia haya responsabilidad histórica en el espacio de quienes también se reclaman progresistas.
Aunque la negociación haya llegado a buen puerto, esto no debe omitir la cuestión central: el agotamiento del mecanismo electoral heredado de la dictadura. Una imprescindible renovación de la democracia demanda como elemento clave un nuevo modelo que oxigene la competencia y mejore sustancialmente la pluralidad. Lo ha subrayado ayer el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que una vez más ha emplazado a los actores políticos a dar una respuesta de Estado y no de interés de corto plazo.
©la nación
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