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Chile entregará a la ONU ratificación de Tratado Penal Internacional. El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, viajará a Nueva York para entregar el lunes el documento ratificatorio del Tratado Penal Internacional en la ONU.
Santiago, Chile. Será un depósito simbólico que reafirmará en los organismos internacionales que la defensa de los derechos humanos es uno de los pilares principales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Así definen en La Moneda el depósito que este lunes harán ante la sede de Naciones Unidas, en New York, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo y el embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, del documento ratificatorio del Tribunal Penal Internacional (TPI).
"Éste es un hecho muy significativo. Con esto Chile se incorpora al club de Estados que forman parte de la Corte y, al mismo tiempo, se compromete en forma más exigente a respetar los derechos humanos en los conflictos armados internos y en los conflictos armados internacionales; o de las tropas chilenas que participan en operaciones de paz", explicó Viera-Gallo, quien en la tarde de ayer partió rumbo a Estados Unidos para reunirse hoy con Muñoz para definir detalles de la entrega del documento.
La ratificación del TPI por parte del Congreso, tras nueve años de tramitación, ha sido evaluada como un paso importante del gobierno en materia de derechos humanos y es una acción que "ha sido muy bien recibida por los organismo de derechos humanos a nivel internacional", según precisó el titular de la Segpres.
La validación del Estatuto de Roma, que creó el TPI en 1998, faculta a la Corte para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Su efecto, sin embargo, no es retroactivo.
De ahí que ayer Viera-Gallo especificara que, pese a los numerosos avances de Chile en materia de derechos humanos -entre ellos el proyecto de ley que busca modificar la tipificación del delito de tortura, la creación del día internacional contra ese delito y la construcción del Museo de la Memoria-, el gobierno asume que aún quedan materias pendientes, como la derogación de la Ley de Amnistía y la creación del Instituto de Derechos Humanos.
Al respecto, Viera-Gallo puntualizó que pese a que "tenemos una agenda exigente en materia de derechos humanos y hemos tenido avances muy significativos, aún tenemos también temas pendientes".
Respecto de la Ley de Amnistía, se aprobó en el Parlamento una interpretación del Artículo 93 del Código Penal que soluciona el problema, sin embargo, cuando pasó al Senado, su presidente Jovino Novoa pidió un informe a la Comisión de Constitución para ver si es admisible o no y eso está todavía pendiente", explicó Viera-Gallo.

27 de junio de 2009
©la nación
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