clase política se aferra a privilegios
14 de agosto de 2009
Valparaíso, Chile. La Cámara de Diputados rechazó ayer una reforma constitucional -de origen parlamentario- que establece un límite a la reelección de los congresistas. Aunque la moción obtuvo 70 preferencias, se requerían 72, debido al quórum de 3/5 que fija la Carta Fundamental. Se registraron 19 votos negativos y 11 abstenciones. A pesar de que hubo una relativa transversalidad en el plenario, el rechazo se concentró en las bancadas aliancistas: 12 sufragios en contra en la UDI y cuatro en RN (sólo tres en la Concertación), lo que pone en duda la vocación de la Alianza al propiciar la alternancia y el recambio como hechos necesarios y per se recomendables. La enmienda determinaba que los senadores podrían sucederse sólo por un período (hasta 16 años) y los diputados en dos ocasiones (12 años en total).
La iniciativa, promovida por tres legisladores gobiernistas y dos opositores, tenía como propósito estimular la renovación de rostros, evitar el clientelismo, la perpetuación de personas y la transformación de los representantes en clase política permanente, y abrir espacios a nuevos actores privados, que compiten hoy en marcada desigualdad de condiciones.
Los detractores del cuerpo legal, en tanto, postularon que es la ciudadanía y no una decisión reglamentaria la autorizada a renovar o cancelar un mandato y que tal atribución se ejerce soberanamente en elecciones democráticas. Además, han destacado que no se debe menospreciar la experiencia en la producción legislativa -para ello utilizan la situación de EEUU y la longevidad de muchos de sus representantes-, menos aún en un cuadro de aumento de la expectativa de vida. Agregan un motivo práctico: el riesgo de que los parlamentarios funcionen a media máquina en sus períodos finales por la falta del incentivo reeleccionista.
Si bien la modificación tuvo un apoyo relevante, por sí sola resulta claramente insuficiente para el amplio objetivo de aggiornamiento que sus autores le asignaron. En rigor, ya es incluso discutible su utilidad en el corto plazo. De estar vigente antes de las elecciones de diciembre de este año, recién su aplicación práctica sería en 2021 para diputados y 2025 respecto a senadores.
Con todo, sí constituye una señal relevante la intención mayoritaria de la cámara baja de impulsar vías de modernización de la actividad política. Esta actitud refleja la extendida percepción de que la legalidad que regula a los partidos, al sistema electoral y al Congreso Nacional hace agua y demanda urgentes rectificaciones. En este sentido lo lógico sería avanzar en un acuerdo constituyente que incluya una agenda amplia de reformas que oxigenen la democracia. Un nuevo modelo -que, por ejemplo, considere el término del binominalismo- debería ser parte sustantiva del discurso programático de la campaña presidencial. En este ámbito los sectores progresistas tienen la responsabilidad de desafiar los enclaves de la dictadura. Más aún luego del retroceso vivido ayer en Valparaíso.
©la nación 
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claudio lisperguer -