ocaso del jefe de la policía
28 de junio de 2009
[J. Escalante / L. Narváez / J. Rebolledo] El viernes, el gobierno oficializó la renuncia de Arturo Herrera y el nombramiento inmediato de Marcos Vásquez Meza (hasta ese momento jefe de la región policial del Biobío) como nuevo jefe máximo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Todo fue rápido. Apenas la presidenta Michelle Bachelet volvió a La Moneda tras su viaje a Estados Unidos y México, firmó el decreto de nombramiento de Vásquez. A los pocos minutos ya era presentado ante la prensa, en la clásica reunión en el Salón Azul.
Su sello: una carrera policial con funciones completamente operativas y, además, desarrollada fuera de la Región Metropolitana.
La presidenta destacó que "sin duda va a conducir la PDI de manera de cumplir con las misiones que la Policía de Investigaciones tiene y que todos los chilenos esperamos de ella". Se indicó que la Mandataria instruyó al nuevo director para continuar el plan de modernización (Minerva) iniciado por Nelson Mery, y para que prepare otro para los próximos 10 años.
El ministro el Interior, Edmundo Pérez Yoma, destacó el carácter operativo de Vásquez, muy distinto a su antecesor quien tuvo una carrera administrativa. "El nuevo director tiene una vasta trayectoria sobre todo en regiones, es un hombre muy operativo, y tiene una hoja de vida impecable, intachable", señaló el jefe de gabinete.
Un Estilo Personal
Arturo Herrera asumió el cargo de director de la Policía de Investigaciones en 2003, sucediendo a Nelson Mery. Pero Herrera terminó rebasando la misma copa con la que brindó por su ascensión aquel año. Sus últimas gotas de poder las perdió el lunes pasado al interior del gobierno, al dejar esperando a la presidenta Michelle Bachelet, debido a una enfermedad no confirmada. Herrera sabía la semana pasada, un día antes del aniversario de la institución, que el gobierno había tomado la decisión de pedirle que dejara el cargo.
Desde el principio de su administración, se comenzó a sentir el particular estilo de Herrera que, dicho sea de paso, fue propuesto al Presidente Ricardo Lagos por su antecesor Nelson Mery. A los tres meses de asumir, decidió vender la casa destinada al director y ordenó que se le arrendara una propiedad con piscina en Los Dominicos. Con contrato hasta la fecha, el arriendo supera el millón de pesos mensual.
Posteriormente, ordenó la compra de dos vehículos para uso exclusivo del director, marca BMW, de lujo y parcialmente blindado, que debieron ser importados especialmente desde Alemania y cuyo valor superó los 200 mil dólares (150 millones de pesos). La Contraloría General de la República cuestionó la modalidad de esta compra y la entonces ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, lo citó a su despacho para hacerle un severo llamado de atención por el gasto realizado.
Herrera y la Dictadura
A fines de 2005, explotó uno de los grandes escándalos internos que tuvo consecuencias judiciales. En noviembre de ese año, el general Miguel Trincado, juez militar de la Región Metropolitana y comandante de la II División de Ejército, llegó una noche a la casa de Herrera. Iba a pedirle expresamente que ordenara el cambio de un informe policial que, en sus conclusiones, lo involucraba en el desentierro de los cuerpos de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama en octubre de 1973. Tras remover los cuerpos, éstos fueron lanzados al mar a bordo de un avión de la FACh.
El director de la PDI recogió la petición y dio las instrucciones correspondientes para satisfacer la "inquietud" del general. Pero se encontró con la negativa de los autores del informe y sus superiores inmediatos. Herrera no logró que se alterara nada. Pero la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que investigaba esta remoción, Rosa María Pinto, abrió una indagatoria especial por este hecho. Interrogó a Herrera, a su jefe de gabinete Claudio Preller, y a los policías autores del informe. La jueza careó a periodistas de La Nación con Trincado, a quienes éste reconoció la visita a la casa de Herrera y su objetivo.
La situación generó una seria tensión interna en la PDI, porque quien encabezaba este episodio era, justamente, su director general.
Con el tiempo todo quedó claro. Herrera reconoció judicialmente la visita de Trincado a su casa y el motivo de ésta, y el general Miguel Trincado fue llamado a retiro de las filas del Ejército, pues su situación se hizo insostenible. Algunos meses después, el 23 de noviembre de 2007, Trincado fue procesado por la jueza Pinto. El general dejaba de ser inocente, lo que le había jurado a Herrera. Debido a este episodio, por primera vez las agrupaciones de derechos humanos pidieron su salida de la policía civil.
La Delgada Línea Blanca
La primera ola que golpeó con fuerza a Herrera llegó junto con el descubrimiento de la red de corrupción, que vinculó a detectives y funcionarios del Poder Judicial para favorecer a criminales que eran investigados por la justicia. Un grupo de cinco detectives recibieron penas bajas por juicio abreviado, ya que sólo efectuaron consultas menores en favor de delincuentes.
Pero dentro de este proceso, el más afectado fue el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, prefecto Trevor Oyarzún. La investigación determinó que pagó para que se le adulterara una alcoholemia tras un choque. Fue dado de baja y espera sentencia.
Pero cuando se pensó que Oyarzún sería el único oficial superior en caer por esta red, vino lo insospechado. El ex subprefecto Francisco Lapolla declaró en el tribunal de Garantía que todas las acusaciones provenían de un complot en su contra orquestado por el subdirector operativo de la PDI, Óscar Gutiérrez. Junto con ello exhibió en la audiencia fotografías que correspondían a partes de un video que tenía en su poder, donde se apreciaba el automóvil fiscal de Gutiérrez estacionado en el cabaret Lucas Bar. La confusión fue total ante el pálido manejo de este nuevo episodio realizado por el director Arturo Herrera. Al principio lo respaldó y luego, ante un polémico comunicado de prensa, le pidió que asumiera su responsabilidad. Gutiérrez se fue a retiro (con indemnización de 40 millones de pesos más pensión) y el jefe de comunicaciones, Álvaro Thiele, fue trasladado a la jefatura de Inteligencia.
Una serie de pequeños escándalos producidos en unidades de base, como las Bricrim (Brigadas de Investigación Criminal), jamás fueron hechas públicas y se instauró el sistema de los traslados en reemplazo de las sanciones. Con ello se buscó disminuir las estadísticas de sumarios por corrupción.
Al interior de la institución se comenzó a advertir los efectos de la reducción de las medidas de control. Por lo mismo, altas fuentes consultadas por LND recuerdan que con la llegada de Herrera cambió la modalidad para la aplicación de exámenes de drogas al personal, que había imperado hasta finales de 2003.
El efectivo sistema aleatorio y sorpresivo implementado por Nelson Mery, que significó la detección y baja de cientos de detectives corruptos, fue reemplazada por una modalidad bastante más blanda, donde la jefatura decide a quién se examina y a quién no.
Este año, la institución -que cuenta con más de 10 mil funcionarios- informó que se habían realizado más de mil 500 exámenes de este tipo. Sin embargo, más del 80 por ciento de estos tests son los que normalmente se les hace a los aspirantes que ingresan a la Escuela de Investigaciones todos los años.
Epílogo
Hasta ahora, Arturo Herrera había logrado sortear innumerables situaciones engorrosas en la policía que dirigía. En círculos políticos muchos no se explicaban qué estrella lo alumbraba. Sin embargo, de pronto todas las constelaciones dejaron de titilar y en su entorno todo se volvió oscuridad. En el gobierno consideraron que, como en la ruleta de un casino, "no va más" con el hombre que intentó justificar a sus funcionarios que mantenían relaciones sexuales con menores, calificando estos hechos como un acto de "hombría".
En la última encuesta que midió el nivel de corrupción en las instituciones realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Policía de Investigaciones ocupó el séptimo lugar entre 18 entidades. La superaron las empresas públicas, los municipios, los ministerios, el Poder Judicial y los hospitales. Lejos, Carabineros fue la segunda institución mejor evaluada en este ámbito, superada sólo por la Contraloría General de la República.
Al interior de la PDI ha crecido en el último tiempo una sensación de impotencia y vergüenza por la seguidilla de acontecimientos que terminaron por destronar a Arturo Herrera. A pesar del afrentoso panorama actual, Herrera dijo con orgullo en su discurso del último aniversario de la institución "¡tengo las manos limpias!", provocando el aplauso cerrado del repleto auditorio de aspirantes a detectives.
Pero en el gobierno no se estaba evaluando si se las ensuciaba o no, sino el deterioro del prestigio de Investigaciones bajo su mando.
Ese día la decisión ya estaba tomada. El Ejecutivo no toleró que Herrera hiciera modificaciones en el alto mando sin informar antes. Especialmente sensible fue el llamado a retiro de Héctor Soto Candia, una hora antes que el director de la PDI se presentara ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para que explicara el escándalo por los vínculos de la institución con la red de prostitución infantil de Valparaíso.
Soto Candia era el más seguro sucesor de Herrera, promovido por él mismo y testeado por asesores de gobierno. Pero las conversaciones directas del prefecto inspector con el gobierno, que incluían críticas a la forma en que Herrera estaba conduciendo a la PDI, lo irritaron al punto de sacarlo del camino.
Durante su paso por México en su última gira, la presidenta Bachelet recibió el llamado de Arturo Herrera anunciándole su decisión de renunciar, la que fue aceptada de inmediato. La Mandataria ordenó entonces encontrar una alternativa inmediata para sucederlo.
De las ocho primeras antigüedades que tenían como alternativa los asesores de Interior y Defensa, la mandataria decidió buscar un perfil con mayor ascendencia sobre los funcionarios y que estuviera fuera de toda polémica, tanto por trayectoria como por vínculos políticos o de otras instituciones influyentes, como la masonería (Mery y Herrera pertenecían a ella, pero fuente confiables aseguran que llegaron a sus cargos por sus antecedentes profesionales y no por pertenecer a una logia).
Así se dio con el nombre de Marcos Vásquez Meza (53), quien toda su carrera la ha realizado fuera de Santiago, especialmente en la Región del Biobío, donde era jefe regional.
Vásquez fue compañero de curso de varios de los prefectos inspectores que hoy forman el nuevo alto mando. Esta semana deberá definir si mantiene a ese equipo como está o si realiza nuevas modificaciones.
©la nación 
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