deuda pendiente de la democracia
18 de agosto de 2009
[José Maggi] Pocos días antes del comienzo de los juicios por terrorismo de estado Quinta de Funes y Fábrica Militar en Rosario y la causa Brusa en Santa Fe , la provincia aún no tiene una ley que inhabilite para ejercer cargos públicos electivos a imputados, procesados y condenados por delitos de violación a los derechos humanos. Tal es el caso de Pedro Alberto Rodríguez, alias Pili, ex funcionario de la dictadura en San Lorenzo quien oficializó su candidatura a concejal por el Partido Unión Vecinal, para las elecciones del próximo 27 de septiembre. "Rodríguez tiene auto de procesamiento firme confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos de Manuel Casado y otros, habiendo estado prófugo de la Justicia", señaló indignado el diputado provincial kirchnerista Gerardo Rico quien encendió esta semana la luz de alerta.
El diputado santafesino del Frente para la Victoria, consideró que el Poder Legislativo tiene "una deuda" ante "las instituciones de la democracia" porque desde noviembre de 2008 se encuentra pendiente en la Cámara de Senadores la sanción definitiva de un proyecto de su autoría, por el cual se intenta evitar que se produzcan situaciones en la que represores sean candidatos en los comicios provinciales, municipales o comunales.
"Los casos (de Luis Abelardo) Patti en provincia de Buenos Aires, y otros similares en Tucumán o Salta nos enfrentan con una dolorosa realidad. En nuestra propia provincia asistimos indignados a la oficialización de la candidatura de Rodríguez para las próximas elecciones, por el Partido Unión Vecinal de San Lorenzo. Este candidato que tiene un auto de procesamiento firme confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos de Manuel Casado y otros. Además, estuvo prófugo de la Justicia hasta no hace mucho?, expresó.
Para Rico, "la inminencia del inicio de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario y en Santa Fe nos exige como representantes del pueblo de la provincia un acto de ejemplaridad con la verdad histórica, para paliar parcialmente estos tremendos agujeros negros en la legislación, que absorben despiadadamente las autodefensas jaqueadas del sistema constitucional".
De igual modo, el legislador y dirigente del Movimietno Evita manifestó que "más de 30 años de mora son más que razonables para que las instituciones de la democracia den pasos a normas y acciones en su propia defensa, y solidifiquen el verdadero estado de derecho que todos merecemos".
Por eso, apeló a "los señores senadores para que en sintonía con estas expresiones se dignen a dar tratamiento preferencial a esta norma, provocando así un testimonio contundente de transitar verdaderamente los caminos de una definitiva reconciliación con la memoria histórica, por la verdad y la justicia".
Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto que había presentado Rico y que en la discusión en comisiones llegó a una síntesis con los que en su momento habían presentado Alicia Gutiérrez, del SI y Lucrecia Aranda del Partido Socialista, ambos acompañados por la firma de otros legisladores.
El proyecto original prohibía a los interesados en ser candidatos a cargos públicos electivos que hubieran estado involucrados en delitos de violación a los derechos humanos. También se incluía a quienes hubiesen "usurpado cargos electivos en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983".
Esa última condición quedó sin efecto, como así también el punto que hablaba de la inhabilitación para quienes hubiesen ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario, director general o las responsabilidades equivalentes en dependencias del Estado.
El proyecto con media sanción plantea que "las listas de candidatos/as que presenten los partidos políticos, confederaciones o alianzas electorales, para elecciones provinciales, municipales, comunales y/o convencionales constituyentes, no estarán integradas por quienes se encuentren condenados o procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique".
Asimismo, se establece que "la inhabilitación se extiende a aquellas personas imputadas en causas o partícipes en violaciones graves de los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa humanidad, en tanto no sean desvinculadas de las mismas". El segundo artículo especifica que "no serán oficializadas por el Tribunal Electoral de la provincia todas aquellas candidaturas" que queden alcanzadas por el punto anterior.
Por si caben dudas vale recordar los resultados de las primarias abiertas en San Lorenzo: el Frente Cívico, con su candidato, Gustavo Oggero, fue la fuerza más votada con poco más de 8000 votos sobre 5800 de la sumatoria justicialista, y 3500 del vecinalismo encabezado por el ex diputado, Pedro Alberto Rodríguez. Es decir que el Pili parece ser la tercera fuerza política en la ciudad más importante del cordón industrial. Con lo cual, la ley es un paso, pero también hace falta trabajar para lograr la condena judicial y social.
Rodríguez estuvo preso 102 días y está procesado por haber cometido crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, torturas y amenazas al dirigente gremial Manuel Casado en plena dictadura, cuando ocupaba la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio. En rigor, la ley actual no prohíbe que vote y que sea candidato.
En la causa judicial el testimonio más contundente es el de Manuel Casado, que es la víctima por la cual Rodríguez sigue procesado. El expediente tuvo entre las medidas más relevantes un careo entre ambos, realizado el 4 de Junio de 2004, cuando Rodríguez estaba detenido. Durante el careo, Casado recordó que había visto a Rodríguez en tres oportunidades. "La primera vez fue en la Municipalidad, cuando estaba tirado en el piso y me golpeaba el cabo primero Pintos. Entonces llegó Rodríguez junto a (Rubén) Cervera y (Horacio) Maderna. Yo le pedí por mí, y le dije que no tenía nada que ver con lo que me decían, y él me contestó: ’Esta es la última, de ésta no te salvás’. Esto fue el 25 de marzo de 1976. La segunda vez fue en el Batallón 121, dos o tres días después y la tercera vez en el altillo de la Jefatura. Pero también otras veces lo vi en la Municipalidad junto a Maderna", recordó Casado en su testimonio.
El ex sindicalista señaló además que el 20 de diciembre de 1991 tuvo una conversación con Rodríguez, durante la cual le recordó estos episodios. "El me contestó que no viviera de recuerdos", señaló. Entre marzo y junio de 1976, Cervera era intendente de facto de San Lorenzo; Rodríguez era director de Asuntos Jurídicos; y el ex capitán Horacio Maderna, prófugo en España, e imputado en estas causas, se desempeñaba como secretario de Gobierno. Lo cierto es que Pedro Rodríguez tiene hoy un auto de procesamiento confirmado por la Cámara Federal en el caso Casado, y le cambió la figura a partícipe necesario, en lugar de autor. La misma Cámara lo desprocesó por el caso Avalos.
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